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América Latina

Colonialismo y control sanitario

Puerto Rico


En América Latina, las respuestas estatales contra el zika dan cuenta de los diversos modos como se articulan políticas sanitarias y prácticas de gobierno de poblaciones. Dichas prácticas varían según el contexto e involucran la limitación de la autonomía de las mujeres, la reproducción de imaginarios racistas y geografías excluyentes, la profundización de desigualdades sociales y, en los países donde el aborto y la contracepción de emergencia son ilegales, la vulneración de los derechos de mujeres infectadas con el virus que deben decidir si respetan las leyes o ejercen de facto su derecho a la salud.

En Puerto Rico –donde el más reciente reporte del Departamento de Salud señala que las infecciones por zika superan los 35.000 casos acumulados desde 2015, de los cuales 2.797 corresponden a mujeres embarazadas–, la intención del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) de realizar aspersiones aéreas con Naled desembocó, a mediados de año, en intensas protestas ciudadanas que llevaron, finalmente, a reversar la medida. El malestar expresado por miles de manifestantes obedecía, en buena medida, a que el Naled es un insecticida altamente tóxico en abejas, que afecta a la mayoría de formas de vida acuática y, según la concentración, puede resultar nocivo en seres humanos. Pero el rechazo también apuntaba a que el plan orquestado por el organismo federal no contó previamente con el gobierno de la Isla ni con la opinión de las y los puertorriqueños. En este sentido, señalaron varias voces, el manejo del zika daba cuenta de la relación colonial entre la isla caribeña y el país del norte.

Dicha relación también se ha hecho evidente en el modo como se habla de la epidemia. Portales independientes, como Global Voices, denunciaron el tono catastrofista a través del cual agencias gubernamentales y medios de comunicación estadounidenses han infantilizado a las y los puertorriqueños, incluido su gobierno, y legitimado la intervención federal para frenar el avance del vector hacia la parte continental. The New York Times, por ejemplo, publicó un reportaje en el que calificó de “caótica” la respuesta del gobierno de la Isla ante la epidemia y de “fallida” la guerra contra el mosquito. Según el diario, una parte importante del problema es que los puertorriqueños no toman en serio los peligros del zika. A esto se suma “la historia de horror” que muestra la pantalla de computador de un médico puertorriqueño, donde se aprecian imágenes de “las circunferencias de la cabeza de decenas de fetos cuyas madres habían sido infectadas con el virus del Zika, en el último mes, en las que cerca del 75 por ciento estaban por debajo del tamaño promedio”.

En la misma época, Puerto Rico enfrentaba otro ‘caos’, aunque de naturaleza diferente, que de manera análoga justificaba la intervención del gobierno federal: la “incapacidad” del gobierno de la Isla de manejar graves problemas fiscales, como una deuda que supera los 70 mil millones de dólares. A finales de Junio, Barack Obama promulgó la ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (conocida con el irónico nombre de PROMESA), que permite al gobierno federal supervisar las decisiones en materia económica del gobierno estatal. Cuando entre en vigor, la supervisión se ejercerá mediante la creación de una junta de control fiscal, cuyos miembros, según Global Voices, serán elegidos por el presidente y que “tendrá pleno control sobre el presupuesto, ingresos y funcionamiento del gobierno de Puerto Rico”.

Un marco frágil en derechos sexuales y reproductivos

En Brasil y Colombia, países de la región con mayores tasas de infección por zika, se ha debatido la necesidad de articular las estrategias de combate a la epidemia con políticas en materia de derechos sexuales y reproductivos (DSR). La transmisión sexual del virus y su asociación con casos de microcefalia ha reavivado incluso el debate sobre la despenalización del aborto. El panorama es diferente en Puerto Rico. Allí las estrategias sanitarias han estado desvinculadas de perspectivas en DSR y se han focalizado en la eliminación del vector.

Edda López, Secretaria de Asuntos de la Mujer y Candidata al Senado por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), señala que Puerto Rico carece de una política pública coherente en la materia. “Aunque cuenta con una Procuraduría de las Mujeres que, se supone, es el ámbito donde se formula política pública, desde su creación se ha enfocado en la violencia de género y ha dejado de lado problemas importantes”. La ley que crea dicha oficina, afirma, limita al mismo tiempo su alcance, pues establece que su carácter es de gestión y no de atención: “todo lo que tiene que ver con intervención directa de las personas descansa en organizaciones sin fines de lucro, y al haber gran diversidad de entidades que ofrecen dichos servicios, se distrae y dilata el establecimiento de una política pública coherente”. La ausencia de una instancia que propicie el diálogo entre gobierno, academia, ciencias médicas, escuelas de derecho y activismo profundiza la fragmentación del campo de los DSR.

Frente al aborto, López señala que la relación colonial con Estados Unidos suscita tensiones entre el marco normativo federal y el estatal, que desdibujan el estatus legal del aborto en la Isla. En tanto estado libre asociado, a Puerto Rico lo ampara el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que, en 1973, despenalizó el aborto. En la sentencia del caso Roe contra Wade, la Corte determinó que dicho procedimiento debe ser permitido sin restricciones antes de que el feto alcance la viabilidad extrauterina, es decir, antes de que pueda vivir por fuera del útero sin ayuda artificial. Previo al fallo, los abortos en Puerto Rico eran realizados sin que hubiese alguna intervención del gobierno pese a su ilegalidad, explica López. Un año después de su despenalización, la Asamblea Legislativa puertorriqueña expidió el primer Código Penal, que castiga el aborto exceptuando los casos en que peligra la vida o la salud de las mujeres. Aunque el Código Penal ha sido reformado desde entonces, se ha mantenido el delito de aborto. A esto se suma la fuerte presencia de la moral cristiana en el discurso público gubernamental, que continúa estigmatizando el aborto incluso cuando es legal, puntualiza López.

El frágil marco en derechos sexuales y reproductivos ha tenido efectos negativos en el manejo del zika. Mujeres que quedaron embarazadas cuando el virus había llegado a Puerto Rico recibieron, en el mejor de los casos, información muy general sobre prácticas de cuidado por parte de sus ginecobstetras, asevera López. A otras sólo les realizaron pruebas clínicas para saber si estaban infectadas, pero no se les dio información sobre cómo prevenir la infección.

“Nosotras hemos prestado mucha atención a cómo se aborda la epidemia del zika en Sudamérica, en países similares a Puerto Rico, que son tropicales y cuya población es parecida a la nuestra en términos socioeconómicos. Hemos visto que, a pesar de que en Brasil y en Colombia se habla sobre los vínculos de la microcefalia con el zika, aquí no nos han convencido de que exista dicho vínculo. La secretaria del Departamento de Salud dice que el gobierno tiene una conversación constante con obstetras y ginecólogos, pero desde la perspectiva de los pacientes puedo afirmar que los profesionales en salud no están proveyendo información adecuada. Entonces, nosotras nos preguntamos qué es lo que se está reportando, por qué las mujeres no están recibiendo información”.

El 28 de octubre, Ana Ríus Armedáriz, Secretaria de Salud, anunció el primer nacimiento de un bebé con síndrome congénito por el virus del Zika, entre cuyos defectos de nacimiento se cuenta la microcefalia. En rueda de prensa, y tras recalcar en varias oportunidades el efectivo funcionamiento del sistema de vigilancia epidemiológica, la funcionaria fue interpelada por una periodista que le preguntó por qué, si el sistema operaba adecuadamente, se había detectado la presencia del virus en la madre del bebé hasta la semana 30 de embarazo. Ríus Armédariz responsabilizó a la madre porque, según ella, no había asistido oportunamente a los controles prenatales.

Control sanitario y colonialismo

Aparte del débil marco normativo en derechos sexuales y reproductivos y la consecuente ausencia de dicha perspectiva en el manejo del zika, López destaca la falta de políticas que obedezcan tanto a las problemáticas propias de Puerto Rico como a los intereses de sus habitantes. “El oficialismo ha adoptado medidas que se formulan en Estados Unidos para controlar el zika, sin hacer una validación de la situación en Puerto Rico. Nosotros, debido a nuestro ecosistema, hemos estado expuestos al dengue, al chikungunya y ahora al zika, que tienen en común el mismo vector. Pese a ello, no existe una política pública en materia de zika que haga un manejo adecuado del mismo en un país tropical como el nuestro. Lo que tenemos como política pública surge en Atlanta, viene del Centro para el Control de Enfermedades”, afirma.

Algo similar ocurre con los recursos destinados por el gobierno estadounidense para atender la epidemia en Puerto Rico. Éstos suelen estar sujetos al uso que determinen las agencias federales, desconociendo así la autonomía del gobierno de la Isla. Al respecto, Carmen Santiago, candidata a la Cámara de Representantes por el PIP, cuestiona que los recursos asignados por el gobierno federal no privilegien la salud de los puertorriqueños, sino la investigación y experimentación. “El gobierno federal, a través del CDC, asignó 13 millones de dólares para combatir el zika. Ese dinero se destinó al Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Nosotros esperábamos que se le entregara al Departamento de Salud o a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, pues la prioridad es la erradicación de criaderos y el tratamiento de gente infectada con zika, pero los recursos se destinaron a una organización que hace investigación. Eso significa que seguimos siendo conejillos de indias, como históricamente lo ha sido el pueblo puertorriqueño. Llevamos 118 años de un colonialismo ininterrumpido. Somos el mayor experimento colonial de Estados Unidos. Aquí se han hecho experimentos con el Agente Naranja, las pastillas anticonceptivas y la esterilización de mujeres. Para nosotros, los recursos destinados al zika son más de lo mismo”, puntualiza.

La intención de fumigar la Isla para erradicar el Aedes aegypti mostró de forma ostensible las relaciones coloniales a las que refiere Santiago. Con la irrupción del zika en Puerto Rico, el CDC inició el que sería sólo un trabajo de asesoría al gobierno estatal. Por lo menos de ese modo fue descrito por Thomas Frieden, director del organismo federal, quien tras señalar que el zika se estaba extendiendo rápidamente por la Isla y que el número de mujeres embarazadas infectadas con el virus aumentaba de forma alarmante, recomendó a mitad de año realizar aspersiones aéreas con Naled.

Grupos de agricultores y ambientalistas rechazaron la medida, argumentando que el gobierno no había diseñado ningún plan que protegiera a las personas frente al químico –que se absorbe rápidamente al entrar en contacto con la piel, así como por vía aérea–, ni ponderado el daño que provocaría a las abejas, animales esenciales en el proceso de polinización y, por ende, claves para la agricultura.

Las protestas trascendieron dichos grupos e incorporaron a distintos sectores sociales. López señala que si bien no hubo una manifestación en bloque, ni existía un discurso unificado por parte del movimiento de mujeres frente al Naled, muchas participaron desde los distintos lugares que ocupan en la sociedad, ya fuera en partidos políticos, organizaciones sociales o procesos de liderazgos locales. Asimismo, aclara, a las protestas se unieron actores de distintas filiaciones políticas.

Carmen Santiago, quien también integra la organización Nada Santo sobre Monsanto, una de las voces más visibles en la lucha contra el Naled, relata la resistencia ciudadana contra el uso del insecticida: “el gobierno había asumido la actitud de alinearse con el CDC de Atlanta, con el gobierno federal, según el cual la fumigación con Naled era la única alternativa. Lo que ellos no esperaban era que el clamor para evitar la fumigación fuera tan grande, que tantos sectores y tan diversos se unieran. Uno de los grupos más vocales en esas manifestaciones fue el de madres lactantes, que estuvieron presentes todo el tiempo. También fue muy importante el apoyo de la clase médica del país: científicos, profesores y el director de la Escuela de Salud Pública. Todos se manifestaron en una sola voz en contra del Naled. Fue tanta la evidencia científica brindada sobre los efectos nocivos del insecticida que tuvieron que retractarse”.

Para Santiago, el único antecedente de movilización social de dicha magnitud es la lucha de Vieques, que tuvo lugar a finales de la década de 1990 y principio de 2000. En esa oportunidad se concretó una larga lucha contra la presencia de la Marina estadounidense en Vieques, una isla-municipio que forma parte del archipiélago de Puerto Rico. En la década de 1940, la Marina tomó posesión de dicha isla con el fin de realizar operaciones militares, entre ellas bombardeos experimentales, que tuvieron un impacto negativo en el medio ambiente y en la salud de sus habitantes. Desde entonces se reportó un aumento ostensible en la incidencia de lupus, cáncer, telarquia precoz y enfermedades mentales. Por tal motivo, varios puertorriqueños habían exigido la retirada del cuerpo militar de Vieques. Sin embargo, el evento detonante tuvo lugar en abril de 1999, cuando un jet realizó bombardeos de prueba y causó la muerte de David Sanes, guardia civil viequense, lo que desembocó en una movilización social sin precedentes. Tras varios años de protestas, arrestos a líderes sociales, la realización de un referendo en el que los puertorriqueños se manifestaron de forma unánime en contra de la presencia de la Marina en la isla, el gobierno de George W. Bush ordenó su retirada.

Las protestas contra el Naled alcanzaron una dimensión semejante, por lo que Frieden buscó apaciguar los ánimos afirmando que la decisión de fumigar no sería tomada por el CDC sino por el Gobierno de Puerto Rico. Aclaró que, de implementarse la medida, los puertorriqueños serían notificados oportunamente y que serían tomadas las precauciones necesarias para proteger a las abejas.

Las declaraciones de Frieden fueron desmentidas el 20 de julio, fecha en la que el gobernador García Padilla se encontraba de vacaciones con su familia y en la que el CDC ingresó secretamente un cargamento de Naled a Puerto Rico. Hasta ese momento el gobierno estatal se había mostrado favorable a su uso. Sin embargo, tras descubrirse la presencia del insecticida en Puerto Rico, Grace Santana, Secretaria de la Gobernación, señaló que la decisión aún no había sido tomada y que el CDC había ingresado el químico sin notificar previamente a la Gobernación. El organismo federal también fue señalado de presionar a las academias de medicina puertorriqueñas para que retiraran los estudios sobre los efectos nocivos del Naled, así como de rehusarse a dar al gobierno local la ubicación exacta de todo el cargamento. Luego de reincorporarse a su cargo, García Padilla ordenó al CDC sacar el Naled de la Isla.

Santiago celebra el resultado de la movilización social, aunque aclara que el CDC ya había realizado aspersiones con Naled en 1987, cuando fue usado para controlar un brote de dengue. “Ese año se experimentó aquí con Naled y el resultado fue inconsecuente. Ellos hicieron pruebas en varias regiones de la Isla utilizando distintos tipos de insecticida para ver cuál era más efectivo. La conclusión fue que el Naled era el mejor, pero eso no resolvió nada, no redujo la población del mosquito”, afirma.

López, por su parte, agrega que la expresión del poder colonial no concluyó con la salida del insecticida de la Isla. El cargamento retirado, explica, fue llevado a Wynwood, un barrio de Miami al que migraron puertorriqueños en la década de 1950 y en el que actualmente viven hondureños, haitianos y nicaragüenses. “Es una comunidad donde viven muchas personas negras y en donde realizaron aspersiones aéreas con Naled”.

Aunque la primera aspersión realizada en Wynwood condujo a una reducción del vector, Philip Stoddard, biólogo de la Universidad Internacional de Florida, afirma que las realizadas posteriormente no tuvieron prácticamente ningún efecto en el vector. En entrevista con el Miami New Times, el investigador señaló que desconoce el motivo, pero que cree que los mosquitos desarrollaron rápidamente resistencia al insecticida, el cual ha sido prohibido por organismos internacionales como la Unión Europea debido a su toxicidad.

En todo esto, las mujeres y los no nacidos han jugado un papel importante. No sólo por el riesgo que supone el virus del Zika para su salud, sino por el lugar dado a dicha amenaza en la construcción de una narrativa catastrofista. Tanto el “horror” de las imágenes de fetos presumiblemente anencefálicos de los que habla The New York Times, como el rápido incremento de embarazadas con zika a las que hizo alusión el director del CDC en su recomendación de fumigar, justificaron, una vez más, ç la intervención estadounidense en Puerto Rico. Sin pretender que dichos peligros sean inexistentes, es importante señalar que tales narrativas no son neutrales. Por el contrario, suelen apoyar formas de control económico y político al construir un otro indefenso, las más de las veces feminizado, encarnado ya sea por las mujeres amenazadas por una enfermedad, las víctimas de la violencia masculina en sociedades antidemocráticas y patriarcales o la nación que corre el peligro de caer en manos de extremistas.

 

Publicada em: 19/12/2016

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