Por Manuel Alejandro Rodríguez Rondón<\/i><\/p>\n
El año pasado, la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS por sus siglas en inglés), publicó los resultados de la Primera Encuesta Global sobre tendencias en este tipo de intervenciones y liderazgo geográfico<\/a>. Entre los 25 países con el mayor número de procedimientos, 5 son latinoamericanos: Brasil, que reporta el 9,8% de los procedimientos realizados en el mundo y ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos, México con 5,4%, Colombia con 2,9%, Venezuela con 1% y Argentina con 0,9%.<\/p>\n Alarma a especialistas el aumento de cirugías plásticas y otros procedimientos de modificación corporal con objetivos estéticos. Se reproducen los relatos de mujeres cuya salud se ha visto afectada por intervenciones que en algunos incluso les han ocasionado la muerte. Pero a esta preocupación se unen otros dilemas. Este auge de las cirugías estéticas plantea disyuntivas acerca de la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos frente a la imposición de modelos de belleza que entronizan estereotipos raciales, de clase y de cómo ser mujer. Las discusiones se extienden desde el ámbito de la regulación jurídica de dichos procedimientos y sus límites, hasta la esfera de movimientos sociales como el feminista y el trans, cuyas perspectivas pueden diferir respecto a los efectos y consecuencias de estos procedimientos en la vida de las personas.<\/p>\n La preocupación sobre efectos adversos ha conllevado un incremento en la regulación de dichos procedimientos en la legislación de varios países. Aspectos como la edad mínima permitida para llevarlos a cabo, tipos de sustancias que pueden ser empleadas, procedimientos y agentes autorizados para realizarlos, así como el tratamiento jurídico de su práctica clandestina son contemplados en las regulaciones que usualmente se circunscriben a cuestiones relacionadas con la salud pública. En enero de 2012, en el marco del debate sobre el uso de sustancias inapropiadas en los implantes mamarios de la empresa francesa Poly Implant Prothèse,<\/i> la Asociación Británica de Cirujanos Plásticos propuso al gobierno del Reino Unido hacer más restrictiva la regulación y prohibir los avisos publicitarios de cirugías estéticas por considerar que generan"expectativas irreales"<\/i> sobre sus resultados.<\/p>\n En diciembre de ese mismo año, el Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela emitió una resolución que además de prohibir el uso de biopolímeros en tratamientos con fines estéticos, debido a los riesgos que representan para la salud de las mujeres, "restringe la publicidad de estos productos, incluyendo conferencias y seminarios que inciten su uso".<\/i>Además de los problemas que suscitan tales intervenciones en materia de salud pública, la norma se fundamenta en un aspecto que no había sido tocado por sus homólogas de otros países: la promoción "masiva e indiscriminada"<\/i> de dichos procedimientos "para alcanzar falsos patrones de belleza".<\/i> La resolución excluye de la prohibición sustancias de relleno autorizadas cuando "usadas con fines terapéuticos".<\/i><\/p>\n Ante este panorama cobra importancia la discusión de los alcances y límites de las regulaciones estatales sobre el tema. A los dilemas citados se suma, en el caso de las personas trans, su derecho a la identidad de género. Y es aquí que se diluye el límite entre cirugías ‘estéticas’ y ‘terapéuticas’. La práctica muestra que esta diferenciación resulta compleja y no puede ser trazada del mismo modo para todas las personas.<\/p>\n Los límites de la regulación<\/b><\/p>\n Actualmente existe consenso respecto a la necesidad de que el Estado determine cuáles son las sustancias, procedimientos y agentes autorizados en los procesos de modificación corporal, así como los criterios de uso y el riesgo que involucran para la salud de las personas. No obstante, del enfoque que adopten estas regulaciones dependen cuestiones centrales en términos de salud pública, pero también de derechos.<\/p>\n Para Daniela Murta, psicóloga y doctora en salud colectiva por el Instituto de Medicina Social de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro, "uno de los aspectos problemáticos de este tipo de regulaciones es cuando la prohibición o la limitación para el uso de alguna sustancia o producto no tiene como prioridad la protección de los usuarios y acaba únicamente por limitar el derecho de las personas a disponer de sus cuerpos".<\/i> Al respecto coincide Mario Felipe de Lima Carvalho, candidato doctoral del mismo instituto, quien cuestiona el enfoque de la vigilancia sanitaria que privilegia "la prohibición del uso de sustancias nocivas, en detrimento de la promoción y puesta a disposición de las sustancias más adecuadas en los servicios públicos de salud".<\/i><\/p>\n Carvalho destaca que la regulación sobre las intervenciones corporales puede seguir principalmente dos caminos: uno "sanitarista", que defiende un control estricto del Estado en la protección y promoción de la salud de la población, y otro más "liberal", que privilegia la libertad individual y la autodeterminación. Al contemplar la salud en sus dimensiones física y mental, el enfoque sanitarista considera también los posibles "daños psicológicos causados por la fuerte propaganda mediática de determinadas formas corporales como más deseables que otras […] particularmente cuando tales formas sólo se tornan posibles mediante una gran inversión financiera".<\/i> El enfoque liberal, por su parte, "hace eco de argumentos feministas como el derecho a decidir sobre el propio cuerpo para defender la libertad de modificaciones corporales independientemente de sus condicionantes ideológicos",<\/i> explica.<\/p>\n Las legislaciones que parten de un enfoque sanitarista restrictivo muchas veces consideran arbitrariamente que para garantizar la salud de las personas es necesario restringir el ejercicio de sus libertades como el acceso a la información y la autonomía para decidir sobre su propio cuerpo. Pero los límites entre lo que reporta beneficios para los individuos y lo que les es perjudicial se definen también más allá del ámbito de la salud. Por ello resulta central para el debate examinar los referentes que definen nociones como "beneficioso" y "nocivo", así como el uso de categorías sanitarias en ámbitos que no atañen directamente a la salud o en los que la perspectiva de derechos debería ocupar un lugar central.<\/p>\n Murta señala que determinados aspectos normativos de algunas regulaciones restringen el acceso a transformaciones corporales pese a que no guardan relación directa con riesgos para la salud. Entre ellos se encuentra la descalificación del deseo por procedimientos estéticos que son considerados ‘innecesarios’. En el caso de las personas trans a esto se aúna una norma sexual y de género que obstaculiza su acceso a servicios de salud públicos y privados. "Al mismo tiempo que puede proteger a los potenciales usuarios de los daños causados por el uso indebido de tecnologías para la transformación de sus cuerpos, la regulación puede también limitar la autonomía de las personas en el ejercicio de su derecho a disponer de sus cuerpos",<\/i> explica.<\/p>\n Si bien el uso "artesanal" de sustancias inyectables no aptas para la modificación corporal se ha extendido también entre hombres y mujeres cisgénero (es decir, que se identifican con el género asignado al nacer), afirma Carvalho, son las personas trans, específicamente las travestis de bajos recursos, uno de los segmentos de la población que más acuden a esta práctica. Pese a ello, ellas no integran el sujeto tácito que se beneficiaría de estas normas.<\/p>\n Cuando los Estados garantizan a las personas trans el derecho a la identidad de género, lo hacen en un contexto restrictivo y fuertemente medicalizado. En estos casos se "vincula el acceso al cuidado con la existencia de una patología […] que impone una lógica de evaluación psiquiátrica para el acceso a estos procedimientos",<\/i> afirma Murta. Pero en la mayoría de países, donde no se les reconoce este derecho, ellas "quedan excluidas del acceso al cuidado y vulnerables a la realización de estas intervenciones de forma insegura e ilícita, lo que implica más riesgos".<\/i> De este modo, al encarar un proceso de modificación corporal se enfrentan a dos alternativas: por un lado la realización de procedimientos clandestinos que atentan contra su salud y por otro el acceso a los mismos con seguridad sanitaria pero que patologiza su identidad.<\/p>\n Argentina constituye una excepción en este sentido<\/a>. El año pasado, el Congreso de ese país aprobó una ley que permite a sus ciudadanos y ciudadanas cambiar el nombre, la foto y el sexo en el documento de identidad mediante un trámite administrativo sin mediar intervención médica o psicológica alguna. La ley también garantiza el acceso a los tratamientos de salud necesarios para que las personas modifiquen su cuerpo de acuerdo con el género autopercibido. Esto ubicó al país suramericano en la vanguardia mundial de legislaciones sobre el tema, ya que a diferencia de otros países, despatologiza y desjudicializa las identidades trans.<\/p>\n Otro aspecto controvertido de estas normas tiene que ver con la diferenciación entre cirugías estéticas y cirugías terapéuticas o reparativas, en tanto de ella depende que dichos procedimientos sean considerados o no como un derecho que el Estado debe garantizar, así como el reforzamiento de nociones relacionadas con lo normal y lo patológico.<\/p>\n Además del acceso libre y autónomo a los tratamientos hormonales y a los procedimientos de modificación corporal, es decir, sin la mediación de psiquiatras, la cobertura del proceso de reasignación de sexo\/género por parte de los sistemas públicos de salud ha sido otra demanda de las organizaciones trans en varios países. Aparte de la patologización de sus identidades para justificar tales procedimientos, otro de los obstáculos a los que se enfrentan las personas trans es la consideración de tales procedimientos como estéticos. Es por ello que, "desde el punto de vista de la construcción de políticas públicas de salud para la población trans",<\/i> afirma Carvalho, "lo que está en juego es la construcción de argumentos políticos, técnicos y sanitarios para el convencimiento de sectores conservadores respecto a la necesidad de atención integral a la salud trans".<\/i><\/p>\n Dicha necesidad puede ser planteada en términos de que intervenciones como la reasignación de sexo no constituyen en sí procedimientos estéticos, en la medida en que no son empleados con fines de embellecimiento, sino terapéuticos o reparativos, en tanto buscan "resolver" un problema como lo sería la discordancia entre el género asumido por la persona y su sexo. De este modo lo han hecho organizaciones de varios países, equiparando estos procedimientos con los que se llevan a cabo para tratar problemas derivados de accidentes, enfermedades o tratamientos médicos. No obstante, esto deriva nuevamente en la propia patologización.<\/p>\n Sobre este punto explica Murta: "no creo que las modificaciones corporales del sexo demandadas por personas trans puedan ser definidas como cirugías terapéuticas por su finalidad de restauración de una normalidad, recuperación de una estética considerada normal, mejora de funciones o tratamiento de enfermedades. Considero que estas definiciones traen consigo una expectativa de adecuación, de normalización de los cuerpos y esto acaba por limitar la autonomía de quienes las demandan, restringen el acceso al cuidado y patologizan las experiencias trans".<\/i><\/p>\n En esta misma dirección, Carvalho señala que en estos casos las cirugías reparativas no implicarían un tránsito de género, sino una manutención del mismo, y cuestiona el lugar que ocuparía la autonomía cuando se demanda el auxilio del Estado frente a un "mal que se padece". "El problema de ese debate es la potencialidad de reiterar nuevamente la relación entre transexualidad y sufrimiento, o sea, independientemente de la regulación psiquiátrica y psicológica, sólo se podría tener acceso a las cirugías de reparación con la demostración de sufrimiento. Esta dependencia está lejos de poder ser considerada autonomía",<\/i> puntualiza.<\/p>\n El desafío señalado por ambos investigadores consiste en desarrollar una perspectiva no normalizadora que garantice la autonomía de las personas trans sobre sus cuerpos, donde la búsqueda de auxilio médico y cuidado de la salud no implique una noción de “cura” o sea reducida a cuestiones “cosméticas”. Murta cita como un avance en esta dirección el trabajo de la Red por la Despatologización de las Identidades Trans del Estado Español, que "sugiere que la atención debe enfocarse en la creación de condiciones para mejorar la calidad de vida del sujeto, ya que las personas trans son vulnerables a la transfobia y existen aspectos de esta experiencia que comprometen el libre desarrollo del sujeto".<\/i> Esta propuesta fue planteada de manera concreta en su Guía de buenas prácticas para la atención sanitaria a personas trans en el marco del Sistema Nacional de Salud<\/a>,<\/i> que propone un protocolo de atención basado en el asesoramiento y consentimiento informado, en el que desaparece la evaluación psiquiátrica y la perspectiva patologizante, y se pone énfasis en la promoción y fortalecimiento de la autonomía de los usuarios.<\/p>\n No obstante, a diferencia del proceso transgenerizador, en el caso de las mujeres que se someten a procedimientos de modificación corporal parece aún más difícil escapar de la dicotomía cirugía estética\/cirugía terapéutica, ya que en ellas muchas veces no se busca modificar condiciones que inviabilizarían su libre desarrollo como sujetos, explica Murta, es importante asegurar el cuidado y la salud tanto de unas como de otras, sin hacerlas vulnerables y sin crear distinciones para el acceso. "El hecho de que algo esté o no disponible para las personas no debe plantearse en términos normativos y normalizadores, sino privilegiar la autonomía y la salud de quien lo demanda, en el caso de cirugías y uso de sustancias para la modificación del cuerpo, siendo consciente de los riesgos y beneficios que tales intervenciones traen consigo",<\/i> concluye.<\/p>\n Agendas en tensión<\/b><\/p>\n Los debates sobre cirugías plásticas y otros procesos de modificación corporal se extienden a otros ámbitos además del sanitario. Entre movimientos sociales como los feministas y trans tienen lugar álgidas discusiones en torno a las posibilidades de autonomía sobre el cuerpo que ofrecen tales procedimientos, pero también a las formas de control a que los mismos someten.<\/p>\n En su artículo Women and the knife<\/i> (1991), la feminista canadiense Kathryn Pauly Morgan discute distintos modos en que estos procedimientos contribuyen a mantener relaciones de dominación sobre las mujeres pese a que son percibidos por sus usuarias como un medio de liberación que les permiten acceder a mejores posiciones sociales y económicas, así como una forma de elegir sobre el propio cuerpo. Históricamente, afirma Morgan, las mujeres han considerado sus cuerpos comolocus<\/i> de poder para mejorar a través del artificio, ahora a través del artefacto, y en esta tradición se insertan las cirugías cosméticas.<\/p>\n Las decisiones de estas mujeres para autocrear su cuerpo y proporcionarle satisfacción y cuidados son en realidad aparentes, argumenta la filósofa, dado que se encuentran inmersas en un conjunto de contradicciones que limitan su autonomía. A estas situaciones Morgan las denomina "paradojas de la elección". Una de las paradojas es la "elección de la conformidad", según la cual esta tecnología no es usada con el fin de crear y celebrar la idiosincracia y lo único, sino para crear cuerpos bellos en un contexto racista y antisemita, conforme a un modelo blanco, occidental y anglosajón. Ejemplos de ello son las cirugías que se practican las mujeres judías para reducir el tamaño de sus narices y "pasar" así por mujeres arias; las blefaroplastias estéticas a las que acuden mujeres asiáticas con el fin de "occidentalizar" sus párpados; así como los tratamientos de blanqueamiento de piel. Sobre este último procedimiento, en junio del año pasado la OMS advirtió que pese a los graves riesgos para la salud de estos procedimientos<\/a>, 77% de las mujeres en Nigeria "han reportado haber usado productos blanqueadores de la piel de manera regular",<\/i> así como 59% de las mujeres en Togo, 35% en Sudáfrica, 27% en Senegal y 25% en Mali. De modo similar, 40% de las mujeres encuestadas en China, Malasia, Filipinas y la República de Corea admitieron su uso regular y en India "el 61% del mercado dermatológico consiste en productos aclaradores de la piel".<\/i><\/p>\n Otro dilema señalado por la autora es la "liberación en la colonización". En los relatos de mujeres estos procedimientos representan la posibilidad de trascender el legado hereditario de sus padres o las marcas del paso del tiempo, que evidencian marcadas semejanzas con las retóricas de la colonización. Como han señalado diversos autores, estas retóricas camuflan prácticas de coerción y dominación mediante teorías que proclaman las ventajas del colonialismo para los pueblos sometidos. Así como la colonización era justificada como un medio para llevar a los pueblos bárbaros las bondades de la civilización y del mismo modo en que actualmente la explotación se enmascara en nombre del desarrollo, afirma Morgan, el cuerpo es visto como una entidad primitiva que mediante su colonización puede ser explotada con el fin de mejorar su apariencia y contribuir al erotismo. En estos casos la búsqueda de independencia y empoderamiento de las mujeres se convierte en dependencia de la valoración masculina y de los servicios que los profesionales de la salud ofrecen para "hacerlas independientes".<\/p>\n No obstante, y sin restar validez a estas afirmaciones, es importante recordar que el sexismo y la dominación no derivan de tales prácticas, sino que se apoyan en ellas; de un modo similar a lo señalado por algunos autores respecto a que no existe un lenguaje sexista, sino sexismo lingüístico. Resulta por lo tanto necesario profundizar el análisis de estos procedimientos, con el fin de entender el lugar que ocupan y el papel que desempeñan en las sociedades contemporáneas.<\/p>\n Un ángulo que permite apreciar la complejidad de estos procedimientos lo ofrecen las tensiones entre agendas feministas y trans sobre el tema, en especial, tres aspectos neurálgicos: la promoción de un modelo hegemónico de belleza y de ser mujer a través de las cirugías estéticas versus el uso de las mismas por parte de personas trans como forma de alcanzar legibilidad social; la dominación de las mujeres mediante la tecnificación de su cuerpo y las posibilidades de liberación que representan dichas tecnologías para las personas trans; y la patologización del cuerpo de las mujeres en oposición a la despatologización de las identidades trans.<\/p>\n Sobre el primer punto, Morgan, entre otras autoras, señala que "el maquillaje, el vestuario, la voz, los gestos, la limpieza, el grado de musculatura, los olores, la vellosidad, el vocabulario, la piel, el pelo, los pies y la vulva pueden ser evaluados, regulados y disciplinados a la luz de un hipotético espectador masculino frecuentemente blanco",<\/i> y que estos aspectos vinculados a la feminidad constituyen una "vía de existencia de la mujer como sujeto, al mismo tiempo que la crea como un objeto definido por el patriarcado".<\/i> En una vía similar, Daniela Murta afirma que, en la creciente demanda de intervenciones médicas para la modificación corporal, un aspecto central, aunque muchas veces invisible, es que así como pueden constituir una forma de ejercer la autonomía sobre el cuerpo, también reiteran un modelo de belleza y feminidad en el que deben ser encuadrados los cuerpos. Estos procedimientos están vinculados con la mejora de la autoestima y, en ese sentido, "pueden actuar como un dispositivo para el bienestar del sujeto, pero por otro, la realización de modificaciones corporales de este tipo estaría absolutamente relacionada con una normatividad sexual que, a partir de una patrón de belleza, refuerza la diferencia natural\/corporal entre los sexos y la esencia femenina (bella)", <\/i>puntualiza.<\/p>\n Para Morgan, la conformidad pública con las normas de la belleza es además correlato de una conformidad más profunda"con las normas de la heterosexualidad obligatoria, así como con la conciencia de la violencia que puede resultar de la violación de tales normas".<\/i> En este sentido algunas feministas cuestionan las construcciones corporales de las mujeres trans que persiguen y reproducen dicho modelo.<\/p>\n