El Plan Nacional de Derechos Humanos
Tito Bracamonte es historiador, magíster en historia por el Colegio de México, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y dirigente histórico del MHOL, Movimiento Homosexual de Lima, la organización de gays y lesbianas de más larga trayectoria en el Perú, de la cual actualmente es presidente. Se desempeña como secretario de ILTGA-LAC y es candidato al Parlamento Andino por el Partido Socialista del Perú. En esta entrevista se refiere al proceso de consulta convocado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos, del cual participó, y de los desafíos planteados a partir de la aprobación de un Plan Nacional de Derechos Humanos vaciado de contenidos relativos a la diversidad sexual.
La propuesta inicial divulgada por el Consejo Nacional de Derechos Humanos para consulta con la ciudadanía, de la cual participaron representantes de organizaciones TLGB, incluía 19 líneas de acción referidas a la “población con diferente orientación sexual”. Por efecto de un fuerte cuestionamiento de la Iglesia Católica y de las Fuerzas Armadas, en la versión finalmente aprobada, el capítulo correspondiente se redujo a cuatro líneas generales. Adicionalmente, fueron incorporadas dos cláusulas notoriamente discriminatorias. Bracamonte reflexiona sobre el significado de estos eventos a la hora de incluir los derechos sexuales en la agenda de derechos humanos.
¿Por qué se aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos?
El plan se aprueba cuando, además de lo referido a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), habían quedado en la agenda temas fundamentales para el movimiento de los derechos humanos. Es evidente que durante este régimen no ha habido voluntad política por implementar las recomendaciones planteadas por la CVR y creo que, en este contexto, haber aprobado el plan es un síntoma de querer mínimamente hacer algo, a pesar de los distintos obstáculos. En realidad, más allá de que el partido gobernante está de salida, los otros actores políticos importantes (Unidad Nacional y el Partido Aprista) no tienen voluntad para comprarse en serio la agenda del movimiento de los derechos humanos y en particular aquella que tiene que ver con los 20 años de violencia política. En ese sentido, haber aprobado el Plan Nacional me parece importante, porque establece compromisos mínimos del Estado con la agenda de derechos humanos.
¿Ha sido un carta del gobierno de Toledo para tratar de “limpiarse”?
Yo no sé si “limpiarse”, porque en el tema de la violencia política no hay nada que cargar en la cuenta de Toledo. Creo que era más bien la posibilidad de construirse un capital político a futuro. Esto es lo que ha gravitado en este tipo de decisiones, además, estaba el valor de la oportunidad, la de aprobarlo justamente en el último Día Internacional de los Derechos Humanos de su gobierno. Creo que por parte del Consejo Nacional de Derechos Humanos existió esa premura por aprobarlo en esta fecha. Ahora bien, no creo que esto responda a un plan, a un proyecto de país del partido gobernante, Perú Posible. La aprobación responde a obligaciones que tiene el Estado Peruano por los distintos convenios en materia de Derechos Humanos a nivel internacional, ya que la Organización de las Naciones Unidas está monitoreando la elaboración de estos planes en distintas partes del mundo para poder estandarizar de alguna manera la evaluación de la evolución de los Derechos Humanos en el mundo.
¿Qué sectores han participado de esta propuesta y cuál ha sido el rol que han tenido los colectivos y organizaciones TLGB en el desarrollo del plan?
Creo que se ha sido un proceso interesante: el Consejo Nacional de Derechos Humanos convocó a la sociedad civil y buscó sin discriminación a un conjunto de actores sociales y políticos de los distintos campos. La convocatoria surge desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que es un movimiento de la sociedad civil. Se presentan principalmente organizaciones y colectivos con agendas de tipo más político y social, muy vinculadas al tema del período de violencia política en el país. Siendo esa la columna, creo que ha habido una convocatoria muy amplia e inclusiva. Ha sido novedad, por ejemplo, la participación de los movimientos de pobladores que tienen que ver con el tema del agua, y las agrupaciones LGTB.
¿Qué pasó entre la gestión y la aprobación del Plan?
La propuesta pasó por un proceso amplio, transparente y consultivo, del cual participaron aproximadamente 2,700 personas en representación de organizaciones sociales de base, del propio Estado, de instituciones privadas, de ONGs, sociedad civil organizada, etc. Creo que esto ha hecho que el Plan realmente pueda responder a los planteos del movimiento social organizado. Esto me parece importante, y creo que por esa misma razón es muy peligroso lo que ha acontecido en el período final de la aprobación del Plan Nacional, es decir, la no inclusión de las reivindicaciones sustantivas del movimiento LGTB. Porque esto responde a otras lógicas que no tienen que ver ni con los presupuestos del mandato de la Naciones Unidas, ni con lo que las prácticas democráticas que deberían ser respetadas en estos procesos consultivos y participativos. Porque finalmente nos pone en una situación en que la democracia termina siendo siempre frágil, débil y tutelada. Entonces, más allá de las reivindicaciones recogidas por el Plan o no, creo que lo que ha acontecido en el momento final pone en evidencia las dificultades que tenemos para poder convivir en democracia los peruanos y peruanas.
¿En qué contexto es que se da la injerencia de las jerarquías de la Iglesia Católica y de las Fuerzas Armadas?
Como era de esperarse, se produce al final del periodo de elaboración del Plan, justamente antes de su aprobación. Lógicamente no podía ser antes, porque probablemente no tienen ni los recursos técnicos, de gente y de profesionales para participar en un proceso muy amplio. Como acostumbran estas instancias de poder que no responden a un mandato público, sino más bien que actúan políticamente tras bambalinas, han actuado en el momento final de la elaboración del Plan. Esta participación tiene que ver con la propia concepción de la Iglesia Católica sobre lo que son los derechos humanos en el país, y en particular los derechos sexuales. Desde la Iglesia hay una actitud militante, que incide en el ejecutivo, en el legislativo, en espacios consultivos, etc., para imponer su particular punto de vista sobre el campo de la sexualidad. La participación de la Iglesia se da en ese contexto y además habiendo tenido esos sectores conservadores un evento previo que de alguna manera les permitió homogenizar ciertos puntos de vista, básicamente los referidos al aborto y la homosexualidad.
Te refieres al congreso PROVIDA, en Lima.
Así es, y específicamente a la Declaración de Lima como conclusión de ese evento. Lo que noto es que desde ese momento ingresan a una nueva fase de su actuación política, esta vez de cara a la opinión pública para construir opinión. Los vemos difundiendo su información en artículos y notas de prensa, con la pretensión de construir cierta corriente de opinión alrededor de las ideas que moviliza ese sector. Además de esto, y creo que es lo más grave, participan abiertamente en espacios de manera violenta y agresiva. Lo que me preocupa es que estos sectores están incitando al odio por homofobia, o sea, hay una actitud muy peligrosa que no es sólo no reconocer ciertos derechos, sino que se niega la posibilidad de obtenerlos, porque lo que en el fondo se está negando es nuestra propia condición humana. Esto me parece grave, que el Estado se deje chantajear a partir de estos supuestos. Es doblemente preocupante porque estamos frente a una fuerza que empieza a actuar como lo hicieron algunos partidos de izquierda de los ochenta. Me refiero básicamente a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA, que generaban terror y perseguían y mataban gente. No estamos ahora frente a ese escenario, pero no debiera extrañarnos que en algún momento se llegue a situaciones de esa naturaleza.
Mencionabas la aceptación, por parte del Estado, en este caso por parte del Consejo Nacional de Derecho Humanos, de un chantaje. El Consejo está constituido por varios ministerios y por la Conferencia Episcopal, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Concilio Evangélico y la Defensoría del Pueblo, en calidad de instituciones observadoras. ¿Se ha hecho alguna evaluación al respecto de la actuación de este consejo? ¿Qué papel han desempeñado las organizaciones observadoras?
Hay que tener claro que el Consejo Nacional de Derechos Humanos es un organismo multisectorial y estatal. Se invita otras organizaciones en calidad de observadoras. No son ejecutoras, no toman las decisiones en el consejo. Las cuatro entidades observadoras que has mencionado tienen voz pero no votan. No aprueban y, en la práctica, de ellas las únicas que han participado efectivamente al final del proceso han sido la Coordinadora y la Conferencia Episcopal. No ha habido actuación ni del Concilio Evangélico, ni de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué es lo que se ha producido allí? Lo que ha hecho la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es hacer lo que tenía que hacer: alertar a las organizaciones o movimientos TLBG, informar sobre lo que acontecía y hacer llegar nuestra voz. Eso es lo que ha hecho la Coordinadora.
¿Cómo fue posible que se aceptase la injerencia de la jerarquía eclesiástica?
Pienso que la decisión final del Consejo tiene que ver con el accionar político de la Iglesia Católica, que es un actor político que incide en contextos muy precisos. Lo que me parece más grave es que se asume que la Iglesia es algo así como la reserva moral de la sociedad peruana. Entonces creo que nuestra clase política no ha establecido otro tipo de relación con la Iglesia. Cuando hay algo que dirimir, se convoca a la Iglesia y finalmente su voz termina siendo decisiva. Sucede en campos específicos de la política del Estado Peruano, por ejemplo en el Ministerio de Educación: un material que debía incluir información sobre el VIH-Sida y sobre el uso del condón fue retrasado ocho meses hasta que finalmente las figuras del uso del preservativo no fueron publicadas en el libro. A diferencia de lo que acontecía tradicionalmente, en el caso del Plan Nacional de Derechos Humanos las agrupaciones del movimiento TLBG sí hemos denunciado esa injerencia.
¿Y cuál ha sido la reacción ante esta denuncia?
Creo que la situación ha producido tanta tensión al interior del propio Consejo y en la iglesia, que ésta ha tenido que acudir a los sectores militares más conservadores para poder ampliar la presión sobre el Consejo. Hasta donde sabemos estos sectores conservadores de la iglesia han sido aliados de los sectores más conservadores de las fuerzas armadas. En la década de 1980 en Ayacucho, el actual cardenal callaba acerca de las violaciones de los derechos humanos, acerca de personas que eran muertas y desaparecidas. Al mismo tiempo lo que tenían eran unas fuerzas armadas que actuaban como ejército de ocupación extranjera en la zona. Son estos mismos actores los que ahora se dan la mano.
Ahora bien, se aprecia que el único tema altamente polémico que paraliza por nueve días la aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos tiene que ver fundamentalmente con la orientación sexual de las personas. Eso debiera también llevarnos a pensar, como tú dices, en una suerte de reflexión-balance, en qué es lo conflictivo en materia de derechos humanos hoy en el país. Tengo la sospecha de que lo conflictivo no tiene que ver con lo acontecido en la guerra interna, sino con estas nuevas agendas que surgen alrededor de los derechos sexuales. Hoy difícilmente a alguien se le podría ocurrir defender en público a un general genocida, en cambio en materia de derechos sexuales, no. Diría que hemos retrocedido a los años setenta tal vez, tal y como fueron formuladas las dos cláusulas aprobadas en el Plan Nacional de Derechos Humanos y la manera tan caricaturesca en la que las propuestas del movimiento se resumen en cuatro hechos absolutamente aleatorios. Creo que eso da cuenta de cuál es hoy el tema polémico en materia de derechos.
¿Qué acciones están planteando en este momento los colectivos y organizaciones que cuestionan la aprobación del Plan en los términos citados?
Creo que hay acciones distintas que deben ser tomadas y que corren en paralelo. Por un lado va la cuestión formal, jurídica: el Plan Nacional de Derechos Humanos va a ser denunciado por inconstitucional y discriminatorio. Van a seguirse los mecanismos que corresponden, empezando por el recurso de amparo.
¿Va a ser cuestionado el Plan en su conjunto?
No, solamente la parte sobre orientación sexual, el íntegro de esta parte, hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las razones son las siguientes: mientras que el Plan Nacional de Derechos Humanos es un instrumento afirmativo de derecho, la primera cláusula de ese acápite es totalmente restrictiva de derechos, al afirmar que de ninguna manera serán reconocidas las uniones civiles, matrimonios o adopciones para parejas del mismo sexo. No es afirmativo, sino más bien, en ese único caso, restrictivo. Esto contraviene nuestro orden constitucional y los puntos acordados en la Carta Andina de Derechos Humanos. Lo mismo sucede con la segunda cláusula, la protección de normas y reglamentos del fuero militar, cuando hace más de un año el Tribunal Constitucional ha fallado en favor del recurso interpuesto por la Defensoría del Pueblo para declarar inconstitucional el fuero militar y el código de justicia militar. Entonces hay dos cláusulas que son abiertamente discriminatorias e inconstitucionales.
Además de los dos puntos citados, también el recurso de amparo y todo el proceso que sigue adelante tiene que considerar los 19 puntos mínimos consensuados por la sociedad civil, porque esto no ha sido producto del trabajo del movimiento LGTB, sino de una consulta ciudadana muy amplia, donde han participado los distintos movimientos sociales. El haberlo reducido a cuatro puntos que en la práctica no representan nada es también una evidencia del carácter discriminatorio del Consejo Nacional. Porque hay que decirlo, acá no se va a acusar ya a la Iglesia ni a los militares. Esto ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Y tampoco podemos divorciarnos del movimiento de Derechos Humanos. Por el contrario, tenemos que enriquecerlo y ser capaces de colocar esto como uno de los temas que en este momento nos permiten plantear agendas críticas. Creo que el movimiento LGTB no puede estar divorciado de ese proceso.
¿Qué propuestas particulares ha habido en ese sentido?
Digo esto porque en algún momento se planteó una tensión entre las organizaciones que hemos trabajado alrededor de la vigilancia del proceso final de aprobación del plan. Había una lectura política que concluía que el movimiento de derechos humanos no estaba apostando por los derechos sexuales de las personas y que, por lo tanto, al final había negociado, había transado y sacrificado las demandas del movimiento TLGB. Por esa razón, actuando autónomamente, tendríamos que denunciar el Plan en su conjunto.
Pero creo que esa lectura no nos lleva a los problemas de fondo del Plan, no evalúa con responsabilidad el escenario político que se nos viene. Nosotros sabemos perfectamente que las dos opciones electorales más importantes hoy comparten lecturas absolutamente conservadoras acerca de los derechos sexuales y sobre la orientación sexual de las personas. Tanto la de tinte nacionalista y dogmático, que curiosamente es de alguien que viene del campo militar, como la de Unidad Nacional, que lidera las encuestas, son conservadoras. Desde mi punto de vista es afortunado que no se haya insistido en aquella propuesta. Creo que había una falsa polarización cuando se planteaba el asunto en términos de agendas máximas y agendas mínimas, cuando se decía que nosotros no debíamos ir por las agendas mínimas sino por las agendas máximas. Creo que el tema es mucho más complejo. No es sólo reducir lo que nos toca por hacer o cuál es la estrategia jurídica; esa es solamente una de las actividades que debemos desarrollar, pero hay otras que tienen que ver con cómo construimos, como movimiento TLGB, redes y articulaciones con el movimiento de derechos humanos para debatir en este contexto la centralidad de los derechos sexuales y qué diferencia en el país a los conservadores, de los sectores más progresistas. Esto es algo que el movimiento de Derechos Humanos aun no ha debatido y a nosotros nos toca colocar el tema en el centro de la mesa.