Según cifras de las autoridades de salud, en México 182.000 personas viven con el virus de la inmunodeficiencia humana, aunque sólo una mínima se ha realizado el test y recibe atención médica. La mayoría de las personas con VIH se enteran tarde de su condición, lo que complica su atención médica y aumenta los riesgos para su salud. A esta situación contribuyen las epidemias colaterales comunes a toda América Latina: el estigma, la discriminación, la homofobia y la invisibilización.
Hasta hace pocos años, los pacientes con VIH/sida sin seguridad social —más de la mitad del total— no contaban con acceso a medicamentos antirretrovirales, impagables para el nivel de ingreso de la mayoría de la población mexicana. Desde el año 2000, el Gobierno Federal comenzó a proveer tratamiento a esa población, lo que significó una disminución considerable de las muertes relacionadas con el VIH/sida y el aumento del tiempo de vida con calidad en los pacientes.
La cobertura de medicación antirretroviral –indispensable para paliar los efectos de la infección y mejorar la calidad de vida de los pacientes– ha aumentado paulatinamente, en buena medida por la participación de la sociedad civil mexicana. En 1999 un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el derecho constitucional a la salud debe incluir la entrega de medicamentos para el tratamiento de enfermedades por parte de las dependencias y entidades que prestan servicios de salud.
La inversión gubernamental para cubrir la demanda de antirretrovirales crece año a año y en 2006 llegó al equivalente de casi 300 millones de dólares. El altísimo costo de los medicamentos anti sida tiene una explicación de fondo: México es un país de ingreso medio; las farmacéuticas trasnacionales fijan sus precios con base en ese parámetro. El dato es real, pero no considera la profunda desigualdad del país. Según datos de la ONU, el 10 por ciento de los hogares más ricos de México concentran un 39,4 por ciento del ingreso nacional, mientras que el 10 por ciento de los más pobres recibe sólo un 1,6 por ciento.
El problema no es privativo de México. En Brasil, el Efavirenz, un medicamento antirretroviral de patente, recientemente fue declarado de “interés público”. Esa medida permitirá importar de la India una versión genérica mucho más barata. En Argentina, el 22 de junio de este año, la Cámara de Apelaciones revocó el fallo de un juez que había dictado una medida cautelar a favor del laboratorio Squibbs, prohibiendo a los laboratorios nacionales la producción y distribución de una versión genérica de la didanosina, otro antirretroviral.
El doctor Jorge Saavedra es director del Centro Nacional de Prevención y Control del VIH/sida (Censida), dependencia de la Secretaría de Salud mexicana, responsable de instrumentar las políticas públicas de combate a la epidemia. En esta entrevista, Saavedra habla sobre los recursos públicos y las pocas opciones frente a los altos precios de los medicamentos anti sida.
¿Cuánto gasta México en medicación antirretroviral?
Si tomamos en cuenta a la Secretaría de Salud, que atiende a la población sin seguridad social, y a las dos instituciones de seguridad social que manejan los montos más grandes –el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)– estamos hablando de aproximadamente 3.000 millones de pesos [alrededor de 300 millones de dólares]. Esta cifra no contempla el gasto privado, que es muy pequeño. Alrededor de cinco por ciento de la gente puede adquirir los medicamentos, ya sea por seguro médico privado o por compras de bolsillo.
¿Cuál es el costo promedio del tratamiento por paciente?
Varía entre instituciones, pues cada una negocia por separado con los laboratorios; en promedio hablamos de 75 mil pesos anuales [alrededor de 7.000 dólares], para 40.000 personas bajo tratamiento. Si las personas tuvieran que pagar el tratamiento de su bolsillo en una farmacia, entonces estaríamos hablando de aproximadamente 120 mil pesos por persona [10.000 dólares aproximadamente].
¿Quién define los precios que paga el gobierno por los medicamentos antirretrovirales?
Los laboratorios, ellos son los que dicen cuál es el precio. Normalmente los medicamentos más nuevos son más caros, los medicamentos que llevan más tiempo en el mercado, son más baratos.
¿Los precios se rigen por mercado o existen otros criterios?
Habría que preguntarle a los laboratorios. Cuando nosotros vemos el contexto internacional, los precios que las farmacéuticas dan a otros países en vías de desarrollo son mucho más bajos que los nuestros y no creemos que tenga que ver con el mercado. El problema sigue siendo la clasificación que México tiene dentro del Banco Mundial, que nos considera un país de ingreso medio alto. Por otro lado, México pertenece a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, una especie de organización exclusiva de países ricos, más México y Turquía, que contribuyen para que el resto del mundo se desarrolle. Con esos parámetros, el país entra en la categoría de inelegible para recibir ayuda.
Hay al menos tres organizaciones de apoyo humanitario: el Fondo Global, la iniciativa presidencial de EU para el sida (PEPFAR, por sus siglas en inglés) y el Banco Mundial. Todas otorgan ayudas y donativos a los países para que compren tratamientos antirretrovirales, pero México está excluido de este tipo de apoyo. Por otro lado, las compañías farmacéuticas no nos otorgan los descuentos que sí otorgan a otros países en vías de desarrollo. Por ejemplo, pagamos 10 veces más de lo que Honduras paga por los mismos medicamentos.
Brasil acaba de declarar de interés público la patente de un medicamento contra el sida, ¿por qué México no hace lo mismo?
No es una opción. Las leyes de protección de la propiedad intelectual que existen en México, muy ligadas al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), nos impiden comprar genéricos en el mercado internacional.
¿Existen negociaciones con la industria farmacéutica para lograr que se reduzcan los precios?
Estamos conversando con el IMSS y el ISSSTE para ver qué pasos podemos dar y tener más fuerza para poder negociar mejores precios. En los últimos años se lograron reducciones muy importantes: en el año 2000, pagábamos 120 mil pesos por persona por año. Sí se han logrado reducir los precios, pero aún son demasiado altos comparados con los que pagan otros países en vías de desarrollo.
¿Los altos precios de los antirretrovirales ponen en riesgo el sistema de atención del VIH/sida?
Hay un gasto aproximado de 3.000 millones de pesos para medicamentos antirretrovirales este año, con un aumento de cuatro mil pacientes por año. La única opción para que el gasto sea sustentable es a través de dos vías: reforzar los programas preventivos para que podamos bajar los números de infecciones; y negociar reducciones de precios, tal vez de 50 por ciento en los principales medicamentos antirretrovirales. De otro modo no será sustentable.
Para leer un reportaje del CLAM sobre el licenciamiento compulsivo de antirretrovirales en Brasil haga clic aquí.
Para saber más sobre la situación de las patentes de medicamentos anti-sida en Argentina, haga clic aquí.