La Procuraduría General de la República (PGR), que concentra las funciones de un fiscal general y depende de la Presidencia de la República, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo público autónomo, presentaron sendas demandas de inconstitucionalidad en contra de la legislación que despenaliza el aborto antes de las 12 semanas de gestación en la ciudad de México. Según la PGR, una norma no puede «permitir la privación de la vida del producto de la concepción, ni discriminar su protección por determinadas características, como sería la temporalidad de gestación».