¡No más mujeres muertas por abortos inseguros!, fue el clamor de las instituciones, redes y organizaciones sociales peruanas que, a través de diferentes actos y pronunciamientos públicos, exigieron la despenalización del aborto y la adopción de medidas que garanticen a las mujeres la libre decisión sobre sus cuerpos.
“El Estado tiene la obligación de garantizar nuestros derechos y adoptar las medidas necesarias para evitar que las mujeres sigan arriesgando su vida o su salud por no tener acceso a atención adecuada y oportuna, en concordancia con las normas nacionales e internacionales”, declaró María Ysabel Cedano, abogada feminista, coordinadora del Punto Focal Perú de la Campaña Regional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.
Cedano fue portavoz de distintas organizaciones defensoras de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en la conferencia de prensa convocada conjuntamente con la congresista Hilda Guevara, presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias. Obstetriz de profesión y conocedora de la realidad que viven las mujeres más pobres en los hospitales estatales, la parlamentaria Guevara ha asumido el compromiso de canalizar la exigencia de las mujeres por servicios seguros para la interrupción legal del embarazo.
En la conferencia de prensa, convocada por el Día por la Despenalización del Aborto en Latinoamérica y El Caribe, se suscribió un documento dirigido al Ministro de Salud, demandando la pronta aprobación de un protocolo nacional que posibilite el aborto terapéutico, como una forma de disminuir la mortalidad materna y garantizar la salud de las mujeres.
El protocolo nacional de aborto terapéutico se ha convertido en un punto de agenda clave para las organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos. En el Perú el aborto terapéutico es reconocido por el Código Penal desde 1924, sin embargo, su aplicación es restringida, debido a que no existe una norma técnica que respalde la práctica por parte de profesionales de salud.
La exigencia de la sociedad civil respecto de la aprobación de un protocolo nacional que norme la interrupción legal del embarazo se intensificó a partir del 2005, cuando el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hiciera esa recomendación, al amparar la demanda de KL, adolescente que fuera obligada a continuar con el embarazo de un feto anencefálico, con graves consecuencias para su salud física y emocional. Desde entonces, los intentos de aprobar este protocolo nacional se han frustrado por la permanente intromisión de representantes de la Iglesia Católica y de otras fuerzas conservadoras.
Restricciones a un derecho
La despenalización del aborto como estrategia para disminuir los altos índices de mortalidad materna que se registran en el Perú es otra de las demandas de las organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, en atención a las observaciones hechas al Estado peruano por el Comité para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, de Naciones Unidas. Perú posee la segunda tasa más alta de fallecimientos durante el embarazo, parto o puerperio de Sudamérica. El aborto inseguro es causa importante de estas muertes, que afectan principalmente a las mujeres más pobres y con menos posibilidades de acceder a servicios adecuados. Se calcula que, en ese país, cada año se producen alrededor de 376 mil abortos clandestinos, en gran parte en condiciones insalubres.
En su informe Tengo derechos, y tengo derecho a saber. La falta de acceso al aborto terapéutico en el Perú (2008) , Human Rights Watch señala que las trabas para el acceso al aborto terapéutico son de carácter administrativo y legal. Entre ellas menciona la “ausencia de definiciones, protocolos y pautas médicas predeterminadas; procedimientos de aprobación impredecibles; falta de rendición de cuentas; normas legales imprecisas y restrictivas que contraponen la obligación de denunciar al deber profesional; y la falta de cobertura previsional para el procedimiento”. Agrega que existen otras dificultades relacionadas con el desconocimiento de las usuarias de los servicios respecto de sus derechos, y con el temor infundado de los profesionales médicos a involucrarse en problemas de tipo penal, si es que acceden a practicar el aborto legal.
Acceso a mecanismos de prevención del embarazo no deseado
En el Perú cada año se producen aproximadamente un millón de embarazos, de los cuales sólo el 40% son deseados. De esa manera, el 35% de estas gestaciones culmina en aborto y el 25% deviene en nacimientos no deseados.
En tal sentido, otra de las propuestas de las organizaciones peruanas defensoras de los derechos sexuales y reproductivos es el acceso a educación sexual integral y a servicios de consejería especializados para las y los adolescentes y jóvenes, sector de la población con más probabilidades de tener embarazos indeseados, que derivan en abortos inseguros. Esto va de la mano con la demanda de abastecimiento de la más amplia gama de métodos anticonceptivos, incluyendo la entrega gratuita y efectiva de la anticoncepción oral de emergencia, cuya distribución es interferida permanentemente por campañas y acciones jurídicas de movimientos conservadores.
Precisamente otro de los reclamos es que las políticas públicas del sector Salud, y de otros ámbitos del Estado estén libres de imposiciones religiosas, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Política del Perú.