La decisión del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, de vetar la ley para
despenalizar el aborto, pese a que había logrado la aprobación del Congreso
y del Senado de su país, echa por tierra las esperanzas de los movimientos
sociales y de mujeres, no sólo uruguayas sino también del resto de América
Latina, que confiaban en que este pequeño y moderno país fuera capaz de
abrir una brecha en la monolítica posición antiabortista de casi todos los
Gobiernos de la región.