Por primera vez, una entidad gubernamental de América Latina, a cargo de vigilar el cumplimiento de la reglamentación sobre interrupciones legales de embarazos, desaprueba la objeción de conciencia institucional como argumento para no practicar dicha interrupción. La Secretaría Distrital de Salud, autoridad sanitaria de Bogotá, sancionó a un hospital por negar la solicitud de interrupción de embarazo a una mujer que reunía las causales permitidas por la ley colombiana, con el argumento de objeción de conciencia institucional.