La condena al arzobispo pedófilo Storni sólo ha merecido un comentario a la jerarquía católica: faltan la apelación y la reconciliación. Aún rige un decreto vaticano de 1962 que prescribe el absoluto sigilo y el retaceo de colaboración a las autoridades civiles. Los eclesiásticos no reconocen limitaciones legales, porque creen que la Iglesia dicta una ley superior a la de los comunes mortales. Por Horacio Verbitsky.