Considerar la emergencia de nuevos arreglos familiares en la formulación de políticas públicas, buscar un reparto más equitativo de las responsabilidades entre los integrantes de la familia y propiciar nuevas articulaciones entre trabajo remunerado y trabajo doméstico para garantizar la autonomía e igualdad de oportunidades para las mujeres. Son estas algunas de las recomendaciones del libro Hacia una propuesta de política pública para familias en el Distrito Federal.
Editado por la organización Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide-Social) y lanzado en diciembre de 2010, el volumen presenta los resultados de una investigación realizada por Guadalupe Ordaz Beltrán (UNAM e ILEF); Lilia Monroy Limón (ILEF), y Martha López Ramos, consultora del gobierno de Zacatecas. En el libro, elaborado en el marco del Programa de Coinversión Social del Gobierno del Distrito Federal (GDF), las autoras destacan la necesidad de superar la idea de que las familias están conformadas por un padre proveedor y una madre ama de casa, para formular políticas adecuadas que fortalezcan este grupo social. El Estado, afirman, debe reconocer que la familia es una construcción económica, social, histórica y cultural en constante transformación.
En las últimas tres décadas América Latina sufrió cambios que impactaron en las familias, como la transición de los Estados de Bienestar hacia una nueva fase del capitalismo neoliberal, lo que trajo consigo el empobrecimiento de la mayor parte de la población y la disminución de la cobertura de la protección social por parte del Estado. Esto representó mayores cargas para los grupos familiares, que además de incrementar el número de integrantes económicamente activos, tuvieron que asumir responsabilidades que antes desempeñaba el Estado en materia de acceso a salud y educación. La disminución de los años de vida de los integrantes de la familia, el inicio temprano de la vida conyugal y la pronta incorporación al mercado laboral vinieron de la mano con estos cambios.
Las crisis económicas y las transformaciones culturales producto de la globalización, afirman las autoras, han afectado las familias de distintas formas. En los últimos años se ha registrado una disminución de la fecundidad, se ha postergado el inicio de la vida reproductiva, se ha reducido el tamaño de las familias, así como el tiempo destinado por las mujeres a las labores de crianza. En materia de configuraciones familiares, ha habido un aumento en el número de familias monoparentales con jefatura femenina, de familias biparentales sin hijos, y de convivientes del mismo sexo.
Pese a que en la actualidad existen políticas dirigidas a atender las problemáticas de las familias, afirma Lilia Monroy, el Estado padece de “ceguera cultural”, puesto que todavía se parte del modelo estereotipado de familia conformado por papá, mamá e hijos. En la actualidad existe una alta presencia de adultos mayores en los hogares y un número creciente de madres jefas de hogar. Sin embargo, el gobierno mexicano no ha implementado programas de empleo dirigidos a estas mujeres, a quienes socialmente se las responsabiliza también por el cuidado de los adultos mayores.
Situaciones como ésta generan tensiones en las familias, que con frecuencia desembocan en distintas formas de violencia y en la ruptura del tejido social. El papel de las familias de brindar protección y seguridad a sus integrantes se ha transformado de tal forma que se ha convertido en escenario de relaciones inequitativas y violentas entre géneros y generaciones, señalan Ordaz, Monroy y López. Transformar esta situación supone un reto para los Estados en materia de democracia familiar.
Las políticas precisan intervenir en el ámbito familiar. Es necesario que éste se configure como un espacio regido por el derecho y la justicia, libre de relaciones familiares violentas y autoritarias. Monroy señala que con frecuencia se cree que la gente debe resolver por su cuenta las situaciones de vulneración de derechos que tienen lugar en el contexto familiar, pues se las considera asunto privado. Sin embargo, plantea, el ámbito familiar es también un espacio público, en el sentido de que en él la gente puede apropiarse de sus derechos.
No obstante lo anterior, Monroy asevera que el Estado debe “respetar la voluntad de las personas de unir afectos, esfuerzos y patrimonios, independientemente de que las familias estén constituidas por padres o madres sin cónyuge, por una pareja de homosexuales, lesbianas o bisexuales, por personas unidas en segundas nupcias o integrada por diversas generaciones” . Pensar a las familias en plural implica diversidad, laicidad, no discriminación, equidad de género y respeto de los derechos humanos, afirma.
El papel del Estado
La presentación del libro se realizó en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Durante el evento, Guadalupe Ordaz señaló que el discurso estereotipado y reduccionista sobre la familia enunciado por grupos conservadores, iglesias y medios de comunicación en México produce sufrimiento, discriminación y violencia en el ámbito familiar. Por tal motivo, agregó, es necesario impulsar un discurso alternativo que haga de las familias “un espacio para la intimidad y el afecto, regido por un marco de justicia y equidad” . La investigadora destacó las políticas públicas que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) ha implementado con perspectiva de género y apertura a la diversidad familiar. Estas políticas, observó, van en dirección contraria a las del gobierno conservador del presidente Calderón. En ese sentido, Maricela Contreras Julián, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), sostuvo que la capital del país “rema a contracorriente de las políticas de desmantelamiento del Estado social, de prácticas discriminatorias y excluyentes que niegan el ejercicio de los derechos y menoscaban las capacidades y el desarrollo en igualdad de condiciones” .
Contreras Julián, quien preside la Comisión de Salud de la ALDF, cuestionó que 22 Códigos Civiles del país definan el matrimonio en virtud de la perpetuación de la especie. La familia es un grupo de personas que viven bajo un mismo techo, con vínculos consanguíneos o no, que comparten un modo de sustento económico y social. Es decir que también une sujetos de derechos de distintas edades, géneros y capacidades a través de afectos e intereses comunes, destacó.
Juan Guillermo Figueroa, filósofo e investigador del Colegio de México, señaló que normas vigentes en el Distrito Federal como la interrupción legal del embarazo y el matrimonio entre personas del mismo sexo han contribuido a diversificar los tipos de familia reconocidos por la opinión pública, en tanto presentan configuraciones familiares más allá del modelo promovido por los dogmas de la Iglesia Católica. El profesor de la UNAM destacó la relevancia del libro en lo relativo a la democratización de los entornos familiares, pues busca que los integrantes del hogar sean tomados en cuenta sin importar sus diferencias.
Lilia Monroy recalcó en la presentación las consecuencias que ha traído en las familias el proceso neoliberal de reducción del papel del Estado con el argumento de lograr una mejor inserción de México en el orden mundial. Al respecto destacó que con la precarización de los ingresos económicos y la privatización de los servicios públicos se ha sobrecargado a las familias. El salario mínimo de la década de 1980 alcanzaba para el sostenimiento de una familia, señaló, sin embargo, hoy día se necesitan tres o cuatro personas con estos ingresos para lograrlo. Esto ha transformado los roles de género de hombres y mujeres, lo cual ha generado tensiones. En la actualidad, el papel tradicional del hombre como proveedor y jefe de familia no corresponde con la realidad. Esto lo perciben los varones como un déficit en su rol masculino. Las mujeres, por su parte, sobre quienes aún pesa la responsabilidad de la crianza, deben ingresar al mercado laboral para contribuir al sustento de la familia. Esto les resta tiempo para llevar a cabo las labores familiares que se espera que desempeñen. Socialmente se las cuestiona en su rol de madres y protectoras.
Sobre este punto, Nashieli Ramírez, directora de Ririki Intervención Social, señaló que si bien la Convención de los Derechos de la Niñez señala que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una familia que los y las proteja, el Estado debe generar las condiciones necesarias para que la familia pueda garantizar este derecho. Clara Jusidman Rapoport, Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, instó también a agentes privados a que se comprometieran en la creación de dichas condiciones, con un enfoque de derechos y equidad de género y generación.
A través de este volumen, las autoras muestran cómo las responsabilidades del Estado son cada vez más patentes en un contexto globalizado y neoliberal en donde se espera que el mercado también regule las relaciones sociales y determine el rumbo y crecimiento de las naciones.