El Gobierno de Colombia firmó en la CIDH un acuerdo de solución amistosa con los abogados de la campesina Alba Lucía Rodríguez Cardona, que fue sometida a un proceso discriminatorio por su género y su condición social. Los hechos se remontan a 1995. La abogada de Rodríguez en Colombia, María Ximena Castilla Jiménez, relató que su clienta, una campesina con escasos recursos fue violada y como consecuencia se quedó embarazada. Tuvo un parto mal asistido y su hija recién nacida se enredó en el cordón umbilical y murió.