Donar sangre no es un derecho ni está considerado como tal en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En forma paralela, sí es obligación del Estado favorecer los mecanismos para preservar y promover la salud de sus habitantes, y en el caso de la transfusión de productos o derivados sanguíneos está igualmente obligado a garantizar la reducción de los riesgos asociados a estas transfusiones.