Campaña 28 de septiembre de 2013
En siete países de América Latina y el Caribe (Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Surinam y República Dominicana), el aborto está totalmente prohibido y penalizado. En la mayoría de los otros países de la región, donde la interrupción del embarazo está permitida bajo algunas circunstancias, las autoridades no garantizan su acceso de forma segura, gratuita y libre de estigma.
Ya sea por la prohibición o por la falta de garantía de servicios adecuados, muchas mujeres se ven conminadas a recurrir a la interrupción del embarazo en la clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y sus vidas. El 95% de los abortos que se realizan en América Latina y el Caribe son inseguros y aproximadamente 11% de las muertes maternas ocurre como consecuencia de abortos inseguros. Cabe destacar que más de un millón de mujeres y niñas son hospitalizadas cada año para recibir tratamiento por complicaciones que surgen como producto de aborto inseguro [1]. Estas cifras parecen carecer de importancia para las autoridades que dejan de lado o rechazan debatir y legislar sobre esta situación, en base a una falsa o doble moral sustentada en supuestos dogmas de fe.
La penalización del aborto afecta especialmente a mujeres jóvenes, pobres y que viven en condiciones de vulnerabilidad, pues son ellas quienes interrumpen sus embarazos bajo condiciones de alto riesgo. En este sentido, la penalización constituye un tema de injusticia social que fomenta y profundiza las raíces de la discriminación por razones económicas, étnicas, de raza, de clase y condición migratoria, entre otras.
También afecta a las y los profesionales comprometidos con los derechos de las mujeres, al restringirles obligaciones con relación al derecho a la salud sexual y salud reproductiva de las mujeres.
En países y gobiernos que se dicen democráticos, es inaudito que las mujeres no puedan ejercer el derecho a decidir cuándo pueden o no ser madre, que tengan embarazos forzados, muchas veces producto de violaciones sexuales y que eso no sea lo condenable.
Las mujeres son ciudadanas libres, ética y moralmente responsables, dueñas de sus decisiones y sus vidas, por tanto, los Estados están en la obligación de garantizarles el ejercicio de sus derechos y de cubrir sus necesidades sin criminalización, persecución o negación de servicios de aborto seguro.
Este 28 de septiembre reafirmamos de manera contundente que el aborto legal y seguro es una cuestión de derechos y por tanto, una cuestión de democracia, y que, el aborto ilegal constituye una forma de violencia estatal, por lo que demandamos de los Estados:
- Despenalizar el aborto, eliminando las barreras legales y de implementación para garantizar el acceso a los servicios integrales de interrupción segura, gratuita y de calidad, libre de requisitos, tutela o consentimiento marital o parental.
- Tomar medidas urgentes para evitar que la objeción de conciencia en hospitales públicos y en otros contextos institucionales se convierta en un obstáculo o ponga en peligro la salud y la vida de las mujeres.
- Garantizar el acceso a métodos de anticoncepción, incluida la de emergencia, de calidad, variados, amigables, de acuerdo a las necesidades de las adolescentes, jóvenes y mujeres, y garantizando la confidencialidad.
- Eliminar las barreras socio-culturales que refuerzan estereotipos de género con respecto a la maternidad y que estigmatizan a las adolescentes, jóvenes y mujeres, impidiéndoles tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad y su propio cuerpo. Garantizar, además, una educación integral para la sexualidad.
- Cesar el hostigamiento, la criminalización y las agresiones dirigidas a las redes, organizaciones civiles, feministas y a las defensoras de los derechos sexuales y derechos reproductivos, garantizando la seguridad e integridad de las defensoras amenazadas por mecanismos represivos de los Estados o por grupos civiles portadores del odio y el fundamentalismo.
- Cumplir sin más dilación las recomendaciones hechas a los países de la región por los Comités de monitoreo de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, así como el consenso de Montevideo asumido recientemente por los Estados, en orden a revisar la legislación punitiva sobre el aborto y a garantizar su acceso seguro y gratuito.
- Tomar medidas para poner en libertad inmediata a las mujeres que se encuentran prisioneras en cárceles de varios países de la región debido a la criminalización del aborto.
- Reafirmar y proteger el carácter laico y plural de la democracia evitando injerencias indebidas de sectores religiosos que afecten el desarrollo de reformas legales y/o la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a mejorar la salud las mujeres y el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos.
- Que cese el hostigamiento, la criminalización y estigmatización al personal de salud, en especial médicos y médicas que amparados en los marcos legales vigentes en sus países, en el derecho a la vida de las mujeres y en el apego a su ejercicio profesional, ofrecen servicios de interrupción voluntaria y legal del embarazo.
_____________
[1] Ipas, Asegurando el acceso de las mujeres latinoamericanas a los servicios de aborto seguro: Una estrategia clave para lograr los objetivos de la CIPD y Beijing, así como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, EE.UU, 2009, pág. 3.