El reconocimiento legal de las personas LGBT en Colombia ha reportado importantes avances, la mayoría de ellos alcanzados por vía judicial. La Corte Constitucional dictaminó que las parejas del mismo sexo pueden constituir familia y gozar de los mismos derechos patrimoniales que las parejas heterosexuales. Ante la negativa del Congreso a legislar sobre las uniones del mismo sexo, autorizó a dichas parejas a formalizar su unión mediante vínculo contractual ante notarios o jueces competentes, argumentando un déficit de derechos. El tribunal ya había reconocido el derechos de personas transgénero a cambiar de nombre, la protección de personas homosexuales en las Fuerzas Armadas, el derecho a que personas LGBT privadas de su libertad recibieran visitas conyugales. La Corte también instó al Ministerio de Salud y otras autoridades a revisar los protocolos para la donación de sangre al considerar que los criterios de selección de donantes basados en la orientación sexual eran discriminatorios. No obstante estos logros, la violencia contra esta población no parece menguar y en algunas regiones del país las agresiones motivadas por prejuicio sexual han escalado. Ante esta situación vale la pena preguntarse hasta qué punto el reconocimiento de las personas LGBT como sujetos de derechos se ha materializado en la vida cotidiana.
A finales de junio, la organización Colombia Diversa presentó Cuando el prejuicio mata. Informe de derechos humanos de lesbianas, gay, bisexuales y personas trans en Colombia 2012. El documento señala que ese año se registraron 105 crímenes contra personas LGBT en el país, de los cuales 87 fueron homicidios: 33 de hombres gay, 14 de personas trans, 39 homicidios de personas sin determinar orientación sexual o identidad de género y uno de una mujer lesbiana. Con el fin de evitar tanto la banalización de las muertes como la presunción de que todas constituyen crímenes de odio, en la elaboración del informe la organización refinó las categorías y métodos de análisis con el fin de determinar qué crímenes fueron cometidos por prejuicio, cuáles no fueron motivados por el mismo y en qué casos es difícil establecer el móvil a partir de la información disponible. Como resultado llegó a la conclusión de que más del 20% fueron por prejuicio, lo que equivale a por lo menos 2 personas LGBT asesinadas cada mes por dicho motivo. Adicionalmente se reportaron 15 casos de panfletos con “amenazas a la seguridad pública y la vida e integridad de las personas LGBT […] y tres suicidios relacionados posiblemente con el prejuicio”, según versa el informe. También se reportaron 28 hechos de violencia policial.
Pese a que en los departamentos del país donde se reportan las cifras más altas de homicidios en los últimos años (Antioquia y Valle del Cauca) la tendencia permanece estable, señala la organización, en el departamento de Atlántico, que no registró homicidios en 2010, en 2011 se registraron seis. En ese mismo departamento circularon seis de los panfletos firmados por grupos armados ilegales, se reportaron graves problema de violencia policial, y se identificaron normas discriminatorias. El Manual de Convivencia Ciudadana “estipula que ‘la comunidad gay’ debe abstenerse de ‘adoptar actitudes provocadoras e incitantes con otras personas’, ‘abstenerse de sacar provecho ilícito de su condición de población en situación de vulnerabilidad y evitar el exhibicionismo’”, así como ‘autorregular su comportamiento’, reza el documento.
La violencia policial, por su parte, representa otra de las graves amenazas a los derechos de las personas LGBT. Según el informe, en algunas ciudades ésta constituye casi la mitad de las vulneraciones contra dicha población. Sin embargo, este estimado podría ser conservador si se tiene en cuenta el alto subregistro de casos, producto del encubrimiento de los mismos por parte de la propia institución, el retiro de denuncias por parte de las víctimas luego de ser amenazadas por los uniformados, el miedo a ser revictimizadas y la inexistencia de sistemas de información confiables que registren este tipo de violaciones. Las denuncias refieren una amplia gama de conductas como violencia física, hostigamientos, insultos, detenciones arbitrarias, tratos crueles, procedimientos policiales indebidos, entre otros. La mayoría de dichas agresiones no están relacionadas con el ejercicio de la función policial, explica la organización, por lo que constituyen delitos que deben ser procesados por la justicia ordinaria. No obstante, estos fueron procesados internamente por la institución, como faltas disciplinarias, lo que contribuye aún más a su ocultamiento.
En entrevista con el CLAM, Mauricio Albarracín Caballero, director ejecutivo de Colombia Diversa, analiza los resultados más destacados del informe, se refiere al modo como el Estado gestiona los crímenes contra personas LGBT y aporta elementos al debate en torno a la demanda de movimientos sociales por penalizar la discriminación como herramienta de lucha contra la homofobia.
El último informe de Colombia Diversa presenta datos alarmantes, como la circulación de panfletos con amenazas y cifras de personas LGBT asesinadas. ¿Cómo interpreta esta situación?
En los informes de Colombia Diversa hemos insistido en que el problema de la violencia contra personas LGBT además de estructural es invisible. Los casos que se reportan de forma pública, incluso los que incluimos en el informe, son bajos teniendo en cuenta la gravedad de esta problemática, pues sabemos que las cifras son mayores.
En este informe llama la atención el incremento en la circulación de panfletos amenazantes contra lesbianas, gays, bisexuales y trans. A partir de este fenómeno empezamos a pensar más en cómo abordar el prejuicio en el informe. Porque los panfletos son una representación pública y colectiva de la violencia contra personas LGBT, así como una anticipación de otras formas de violencia. También es una herramienta de control social. En el informe intentamos darle relevancia a este uso simbólico de la violencia para establecer o reafirmar un orden. Tenemos entonces que además de estructural e invisible, dicha violencia tiene un propósito: establecer zonas libres de personas LGBT en el país.
Ante esto resulta preocupante la respuesta del Estado. A pesar de algunos esfuerzos institucionales por registrar estos hechos, en la actualidad no existen cifras oficiales sobre violencia contra personas LGBT. Construir el informe es una tarea difícil que se asemeja a armar un rompecabezas con piezas ocultas, piezas fragmentadas, piezas que debemos verificar. Los casos en que el gobierno ha conocido estas situaciones, no las investiga lo suficiente. Cuando las investiga lo hace mal. Como resultado, los niveles de impunidad son alarmantes y no se establecen medidas efectivas de prevención. A pesar de que en la actualidad contamos con avances legales muy importantes y comunidades LGBT vibrantes en varias ciudades del país, existen regiones donde el prejuicio mata. Si uno trazara un mapa de esta violencia observaría un país doble: algunas partes se parecerían a países del primer mundo respecto al tipo de instituciones que tienen y a los derechos de los cuales se goza, mientras que en otras la violación de derechos humanos es muy alta. Esto ocurre incluso dentro de una misma ciudad.
Se ha señalado cómo el género y la sexualidad adquieren centralidad en procesos de paz y en contextos de posconflicto. ¿Cómo ve la coyuntura política actual del país en relación con los derechos de las personas LGBT?
Los temas que se han discutido en La Habana [donde se celebra el diálogo entre el gobierno colombiano y las FARC] son más clásicos de la finalización del conflicto armado: política de desarrollo agrario, participación política de las FARC, solución al problema de las drogas ilícitas… Yo creo que en particular el tema de las víctimas y la construcción de condiciones estructurales para garantizar una paz duradera plantean cuestiones fundamentales para la población LGBT. Es importante saber, por ejemplo, por qué en los departamentos de Sucre, Atlántico y Magdalena los panfletos han tenido tanta circulación, cómo afectan a la población LGBT y por qué la comunidad en general no ha reaccionado como lo haría en ciudades como Bogotá. Es fundamental analizar las regiones donde el conflicto armado se articuló más fuertemente con la homofobia y de qué modo pueden plantearse reparaciones colectivas para dichas poblaciones. También debemos ver a través de qué mecanismos se garantizan los derechos de la población LGBT en un escenario como éste, si se quiere alcanzar una paz estable y duradera. El ejemplo sudafricano puede ser ilustrativo. Pero además de estudiar los casos de vulneración de derechos, también es importante analizar aquellos donde la población LGBT no fue afectada. Determinar cómo eran las relaciones de estas personas con el resto de la comunidad, el papel que desempeñaron instituciones como la Iglesia… Es decir, nosotros debemos entender más y mejor lo que ha pasado en Colombia durante los últimos años, particularmente con relación a temas como estos que los victimarios han buscado ocultar.
En algunas regiones la violencia policial destaca como una de las principales amenazas contra las personas LGBT, pese a que dicho organismo ha emitido una directiva para contrarrestar esta situación y a que se cuenta con la figura del oficial de enlace. ¿Cómo interpreta esta situación?
La violencia policial sigue siendo un grave problema. Aunque han cambiado las formas en las que se expresa, ella persiste. Recientemente han disminuido las detenciones arbitrarias, pero han aumentado las agresiones físicas y verbales. Esto se debe a que las detenciones son registradas por la institución, mientras que agresiones de otro tipo no. En el caso del departamento del Atlántico, a un mayor registro de violencia policial se suma la alta circulación de panfletos y la vigencia de un Manual de Convivencia Ciudadana. Este dice, básicamente, que la población LGBT es indeseable. Este departamento también cuenta con una comunidad LGBT grande, por lo que la gente denuncia más este tipo de agresiones. El hecho de que haya tanta violencia también se relaciona con la gran presencia de esta población. En este contexto, la violencia policial tiene como objetivo regular el espacio público para que no sea de todos, para establecer una jerarquía en la que las personas LGBT son inferiorizadas y por lo tanto no pueden habitar el espacio público o deben hacerlo bajo ciertas reglas.
Sabemos que la Policía ha implementado medidas como la Directiva sobre Garantías y Respeto a los Derechos de la Comunidad LGBT y ha buscado generar canales de comunicación con el sector LGBT a través de la figura del oficial de enlace. Pero la Policía no toma esta problemática como un asunto de alto nivel. Esta institución debería reportar los casos de violencia policial y sancionar ejemplarmente a los policías que lo hagan, pero no lo hace. La Directiva no se cumple, no existen mecanismos de seguimiento, informes públicos de su implementación o rendición de cuentas. Por el contrario, muchas veces se busca encubrir la violencia porque puede afectar negativamente los resultados operativos de esta institución. Los avances en materia de violencia policial deben verse reflejados no en el aumento de capacitaciones o talleres o en la presencia de la institución en un reinado LGBT, que son logros que la Policía reporta, sino en indicadores como la disminución de los casos de violencia.
Pero el problema de la violencia policial se relaciona también con el lugar que socialmente le hemos dado a esta institución, que es quizá la más visible en el país. Muchas personas acuden ante la Policía con el fin de regular la presencia y la visibilidad de las personas LGBT en el espacio público. Un policía puede tener formación en derechos humanos, estar al tanto de la directiva sobre el tema e incluso conocer líderes LGBT, pero si la comunidad con la que trabaja le exige que tome medidas contra las personas LGBT, su labor se torna difícil. Yo creo que en un contexto de posconflicto sería fundamental una reforma policial, contar con más policía comunitaria y asignarle menos roles militares y más civiles.
Por otro lado, el movimiento social no ha abordado lo suficiente este tema. Son pocas las organizaciones en el país que trabajan sobre violencia policial, entre ellas Corporación Caribe Afirmativo, en la Costa Atlántica, y Santamaría Fundación, en Cali. En Bogotá registramos sólo un caso de violencia policial, pero yo no creo que sea el único. En Colombia Diversa estamos trabajando para mejorar la identificación de casos. Si bien este subregistro se debe en buena medida a que la Policía no reporta adecuadamente estos casos, también a la labor de denuncia que ejercen las organizaciones. Es preciso preguntarnos cuál es el tipo de demandas que debemos hacerle a la Policía.
Ustedes señalan que para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, además de a la justicia y a la reparación, debe existir la obligación, por parte de las autoridades, de establecer si los crímenes fueron orientados o no por el prejuicio. En este sentido, ¿cuál es su balance respecto al modo como la Fiscalía, la Policía y administradores de justicia gestionan las denuncias por crímenes contra personas LGBT?
Cuando una persona LGBT es víctima de homicidio nos enfrentamos a un dilema. Los activistas tendemos a afirmar que se trató de un crimen de odio. Las autoridades tienden a señalar tres causas: crimen pasional (que es la visión más prejuiciosa); crimen común (en Colombia se volvió habitual afirmar que este tipo de homicidios responden a un ‘ajuste de cuentas’); o que fue por microtráfico de drogas. Estas son formas de decir que “a este crimen no lo investigaremos”. Las autoridades casi nunca plantean el prejuicio como primera hipótesis de investigación.
Con respecto a la respuesta común de los activistas, en Colombia Diversa no nos gusta la explicación del crimen de odio, porque denota una actitud emocional y personal de alguien contra otra persona, que se expresa en un acto violento. La discriminación no es un problema individual o emocional, sino de prejuicio social. En Colombia no tenemos un psicópata asesinando lesbianas, gays, bisexuales o trans, sino una sociedad con prejuicios sobre la orientación sexual y la identidad de género que en el caso de algunos individuos se expresan a través de homicidios.
En el informe señalamos que para detectar probatoriamente la violencia por prejuicio es necesario formular preguntas relacionadas con el tipo de violencia ejercida (¿la agresión excede el propósito homicida?); el lugar de los hechos (¿tiene alguna importancia para las personas LGBT?); contra quién ocurre el crimen (si es un activista defensor de derechos humanos, por ejemplo, debería suscitar dudas respecto a las motivaciones del homicidio); qué partes del cuerpo fueron atacadas (muchas veces se trata de partes relacionadas con la construcción de la identidad, como la cara y los pechos en el caso de las chicas trans); entre otras. Para entender cómo opera esta violencia en la práctica debemos preguntarnos cuáles agresiones son por prejuicio, cuáles no y en qué casos no se puede determinar el móvil.
Es cierto que la información con la que contamos para elaborar los informes de derechos humanos es precaria, porque no somos una autoridad judicial o la Fiscalía. Pero a partir de la información disponible encontramos que de los 87 homicidios cometidos en 2012 contra personas LGBT, probablemente (porque no podemos asegurarlo) 40 no fueron por prejuicio, 20 sí lo fueron y hay 27 sin establecer. En el caso de estos 27 el Estado tiene la obligación de señalar cuál es la causa luego de llevar a cabo una investigación judicial y emitir una sentencia penal. Conocer la causa es muy importante para identificar los problemas que el Estado debe atender. Este tipo de análisis nos permite escapar de la trampa de reducir estas violencias a crímenes de odio o de otra índole, aunque sabemos que en países que tienen altos niveles de violencia como Colombia, puede ser difícil establecer esta diferencia.
La figura del crimen de odio es propia de los Estados Unidos. Ese país tiene una historia de discriminación, segregación y odio muy particular y por ello han construido esa figura. Nosotros tratamos de entender la violencia contra personas LGBT teniendo en cuenta el contexto en el que se produce.
En algunos países, el movimiento LGBT ha demandado la tipificación de la homofobia como delito. ¿Qué opina de este tipo de medidas?
Colombia Diversa no es una organización entusiasta de la criminalización. En Colombia existe desde 2000 un agravante general para los delitos en razón de la orientación sexual y contamos además con el tipo penal de ‘discriminación’. A partir de nuestro trabajo en cárceles consideramos que el aumento de penas y la creación de delitos son asuntos problemáticos. Nuestra fe no está puesta en el derecho penal, ni vamos al Congreso a defender la criminalización.
A nivel personal considero que la creación de tantos crímenes tiene resultados perversos en la sociedad. El derecho penal parte de un autor-individuo que en este caso sería quien comete un acto discriminatorio. De este modo se refuerza la idea de que la discriminación responde a una actitud individual y se le resta complejidad. A esto se suma la dificultad de probar que dicha persona actuó de mala fe. Hasta el momento no ha sido sancionada ninguna persona por ese delito en Colombia. Entonces, ¿para qué ha servido la creación de este delito? ¿Para que el gobierno no implemente políticas generales contra la discriminación que sí podrían transformar esta problemática? Por otro lado, si una persona es absuelta en un caso por discriminación debido a que el juez no posee los elementos suficientes del derecho penal para sancionarla, ella siempre puede mostrar el fallo absolutorio como un triunfo.
En lugar de penalizar la discriminación, pienso que es necesario elaborar una ley integral por la igualdad y la no discriminación. En los casos de discriminación que llegan a Colombia Diversa, privilegiamos otras medidas como la acción de tutela frente a la denuncia penal porque la primera es más integral, más rápida, permite obtener reparaciones colectivas y análisis judiciales más complejos enriquecidos por las ciencias sociales. El trámite a través del derecho penal se convierte en una disputa entre un abogado defensor y la Fiscalía, donde se parte de la presunción de inocencia del acusado y donde es altamente probable que al discriminador le vaya bien.
La vía penal plantea además otra serie de problemáticas. El delito de hostigamiento, por ejemplo, puede lesionar fuertemente la libertad de expresión. En casos de exceso u ofensa en el uso de la libertad de expresión, el daño puede subsanarse por vía del derecho constitucional o el derecho civil. Sancionar penalmente a una persona por lo que piensa y dice –excepto en casos de apología al genocidio– me parece difícil. Este tipo de normas podrían ser usadas contra nosotros cuando hagamos críticas radicales a la Iglesia católica, a un partido político o a una ideología en particular. Dichas normas prometen liberación pero el derecho penal no libera a nadie. Este camino puede situarnos incluso cerca de la derecha más retardataria que aboga por la creación de más crímenes, más cárceles, más fuerza pública. La discriminación es un fenómeno muy complejo que no se soluciona metiendo a alguien a la cárcel.
En el informe de este año refinaron las categorías analíticas sobre violencia contra personas LGBT. ¿Qué otros aprendizajes destacaría en la producción de información sobre derechos de la población LGBT en los últimos años?
Nosotros hemos crecido mucho elaborando este informe. Inicialmente nos preocupaba mucho la elaboración del mismo al no contar con suficiente información. Pero con el paso del tiempo aprendimos a formular mejores preguntas y a buscar en mejores lugares. Hemos avanzado en desentrañar un fenómeno que, pese a su dimensión expresiva, permanece oculto. Hemos aprendido a formular críticas a nuestras propias visiones de violencia y a darle prioridad a la violencia sobre otros temas que suelen captar más la atención de la movilización LGBT. Varios integrantes de Colombia Diversa están vinculados a universidades y esto ha permitido integrar discusiones académicas. Por otro lado, creo que la elaboración del informe y el envío de preguntas cada año a instituciones como Medicina Legal ha contribuido a darles vitalidad, a que se hagan preguntas sobre el tema y empiecen a entender la problemática.
Con estos informes hemos aprendido a conocer mejor el país donde vivimos, porque si uno centra la mirada sólo en las leyes se convence de que vive en el paraíso. En Colombia Diversa tenemos dos pilares: el litigio y los derechos humanos. Ambos permiten aproximarse a la situación de personas LGBT en el país. En Colombia se reconocen unos derechos muy importantes que debemos defender, pero también hay un grave problema de violencia, y el país no puede ser explicado sin considerar ambas dimensiones. Así como hay derechos, hay violencia y viceversa. Por este motivo pienso que algunos mapas de derechos LGBT en el mundo que pintan a África de color rojo y a países del norte de color verde están incompletos, les hace falta la mitad. Considerar la otra mitad implicaría mirar cuántas personas LGBT son asesinadas en Estados Unidos y cuántas en Uganda, por ejemplo. Si uno completa el mapa de las leyes que garantizan derechos con el mapa de la violencia obtiene una mirada más completa sobre los derechos LGBT.
Es preciso debatir en torno a lo que significa hacer teoría crítica de la sexualidad en Colombia. No es traer mecánicamente discusiones de los Estados Unidos, sino examinar los problemas críticos del país. En Soledad, Atlántico, se celebró la primera unión marital de hecho del mismo sexo, y es también allí donde se ha desplegado una muy fuerte violencia contra personas LGBT y donde circulan los panfletos. Entonces, ¿qué tipo de análisis e interpretaciones hacemos de los derechos en contextos de violencia? No es lo mismo casarse aquí que en Washington, Chicago o Nueva York. En Estados Unidos, la crítica al matrimonio igualitario está relacionada con la trayectoria de ir al ejército, pagar impuestos y casarse. Pero en Colombia, así como en América Latina, la historia del matrimonio civil es una lucha por el Estado laico, por la separación de la Iglesia y el Estado, es una historia sobre quién tiene el control de la sexualidad. En Colombia, el debate pasa además por la producción de la familia, la pobreza y la violencia.