Suscitó sorpresa la última edición del Global Gender Gap Report – GGGR (Informe Global de la Brecha de Género) que sitúa a Nicaragua en el sexto lugar de los países donde “el género es más neutral”, entre 142 analizados. El estudio del Foro Económico Mundial señala que en tan sólo 7 años el país centroamericano ha ascendido 84 posiciones al pasar del puesto 84 al 6 en materia de equidad de género, lo que lo ubica sólo por debajo de países del norte de Europa famosos por sus políticas en la materia como Islandia, que encabeza la lista, seguida de Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca. El meteórico ascenso de Nicaragua supondría una verdadera revolución en un ámbito caracterizado no sólo por marcadas y complejas relaciones de poder (que se expresan en violencias tanto abiertas y brutales como simbólicas y aceptadas), sino también por la resistencia al cambio. No es esa la evaluación de las defensoras y defensores de los derechos humanos de las mujeres de ese país. Para ellos, por el contrario, varios de los aspectos destacados por el informe han sido marcados por un declive sistemático en los últimos años.
En los países observados, el GGGR midió durante nueve años la distancia que separa a hombres y mujeres en las áreas de participación y oportunidad económicas, acceso a niveles de educación básicos y superiores, empoderamiento político, y salud y expectativas de vida. La tendencia que se expresa en este período indica que el camino por recorrer es pronunciado: “nueve años del Informe Global de la Brecha de Género sugieren que tendremos que esperar 81 años para que exista paridad de género en el lugar de trabajo. Los avances mundiales en equidad de género desde 2006 se contrarrestan con los reveses de un número reducido de países”, afirma Oliver Cann, director asociado del Foro Económico Mundial, en comunicado de prensa. Asimismo, señala que desde 2006, cuando inició la medición, la brecha de género en participación y oportunidad económicas se ha cerrado sólo 4%.
De acuerdo con los datos recogidos en la región, Argentina y Chile ascendieron 3 y 25 posiciones respectivamente en el último año, lo que las sitúa en los puestos 31 y 66. Brasil cayó 9 lugares hasta el puesto 71, pese a haber registrado avances en educación, salud y supervivencia de las mujeres, y México descendió hasta el lugar 80, en buena medida por la reducción de la representación de mujeres en política.
Por indicadores desagregados, Nicaragua ocupa el primer lugar a nivel mundial en salud y supervivencia de las mujeres, pese a que cifras de la CEPAL señalan que la razón de mortalidad materna en el país es de 100 por cada 100.000 nacidos vivos, es decir, superior a la de América Latina y el Caribe en conjunto, que es de 85 por cada 100.000 nacidos vivos. Organizaciones sociales, médicos y algunos medios han denunciado un subregistro intencional de las muertes maternas por parte de las autoridades del país, con el fin de aproximarse al cumplimiento del quinto objetivo de desarrollo del milenio, para lo cual habrían excluido de las estadísticas oficiales las muertes indirectas, pese a que éstas deben ser reportadas.
Asimismo, activistas han cuestionado el ostentoso primer lugar en salud pese a que en el segundo gobierno de Daniel Ortega (quien ya había sido presidente de 1985 a 1990 en el marco de la Revolución Sandinista) el aborto fue penalizado completamente. Al respecto, Reyna Isabel Rodríguez Palacios, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia, señala que la eliminación del aborto terapéutico, vigente en ese país hasta 2006, fue el producto de componendas entre Daniel Ortega y las jerarquías religiosas, con el fin de obtener el apoyo durante su candidatura a la presidencia. “Para asegurarse el poder, él asumió una lucha que ha sido de la Iglesia católica y del fundamentalismo religioso”, afirma.
Feminismo perseguido
Nicaragua es actualmente uno de los 6 países de la región que prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia, y forma parte del 2% de los Estados-miembro del Sistema de Naciones Unidas que castigan la interrupción del embarazo incluso cuando corre peligro la vida de la mujer. Aunque algunos estudios señalan que la prohibición no tuvo un impacto inmediato en el aumento de la mortalidad materna, recalcan que sí constituye un obstáculo en el acceso a la atención médica segura y de calidad de las mujeres, sobre todo, en aquellas cuyos embarazos ponen en peligro sus vidas. Asimismo, es difícil determinar qué porcentaje de los suicidios cometidos por adolescentes embarazadas están relacionados con la imposibilidad de abortar y cuáles de ellos tienen que ver con el producto de una violación. En todo caso, según la Organización Panamericana de la Salud, en el período 2000-2009, el aborto constituía la cuarta causa de mortalidad materna en el país.
La defensa absoluta de la vida del concebido acompaña la promoción de ideales tradicionales de familia –que conllevan incluso la negociación en torno a la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico–, así como de ataques y persecuciones a las organizaciones feministas, según denuncian líderes del movimiento de mujeres. Los actos referidos por activistas incluyen el bloqueo a la realización de actividades, así como hostigamiento, amenazas y persecución judicial a las organizaciones. Al respecto cabe destacar las prohibiciones y revocatorias de permisos a última hora para que las mujeres puedan marchar en las vías públicas en fechas conmemorativas como el 8 de marzo y el 25 de noviembre; así como el allanamiento, en 2008, de las sedes de dos organizaciones sociales que luchan por la despenalización del aborto, acusadas de lavado de dinero. El operativo en el que fueron confiscados documentos y computadores de las organizaciones Centro de Investigaciones de la Comunicación y Movimiento Autónomo de Mujeres –según algunos, de forma irregular– suscitó reacciones a nivel mundial y le valió a Ortega una carta del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos –programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura y de la Federación Internacional de Derechos Humanos– en el que manifestaban su preocupación.
Rodríguez señala que “la persecución empezó con este gobierno, que ve al movimiento de mujeres como un peligro y por ello no quiere que exista”. De acuerdo con la activista, “las organizaciones de mujeres hemos denunciado esto, así como el carácter misógino y autoritario de un gobierno al que no le interesa la creación de políticas sociales. Con estas críticas se ha incrementado la persecución de organizaciones de derechos humanos en todo el país”.
Ortega también ha sido blanco de la crítica feminista a raíz de la denuncia en su contra por abuso sexual instaurada por Zoilamérica Narváez, su hijastra, quien en 1998 declaró haber sido violada por él durante 20 años desde que tenía 11. Pese a que un juez archivó el proceso argumentando que el delito había prescrito, dicha denuncia sigue cobrándole al presidente una cuota de legitimidad y algunos han interpretado el ataque a las organizaciones de mujeres como una retaliación por ello.
La alta presencia de mujeres en posiciones ministeriales (57%) y a nivel parlamentario (42%) es otro de los aspectos destacados por el GGGR, que le otorga al país el cuarto lugar en términos de empoderamiento político. No obstante, como han señalado expertas de otros países de la región, el aumento cuantitativo de las mujeres en los espacios de decisión sólo garantiza el ejercicio de un derecho ciudadano, pero no necesariamente el posicionamiento de los derechos de las mujeres en dichos escenarios. Asimismo, Rodríguez afirma que dicho aumento no significa que las mujeres participen efectivamente en la toma de decisiones.
“El gobierno ha abordado el tema de los derechos de las mujeres como una cuestión populista. Habla de integrar a las mujeres en los espacios de decisión, de un 50-50, pero sin garantizar por ello su derecho a hablar o a mostrarse en desacuerdo. Una cosa son las cifras y otra los cambios efectivos en equidad de género. Aquí, la única voz que se escucha a nivel del gobierno es la de la primera dama. Cuando las mujeres son reconocidas como sujetas de derechos pueden disentir, plantear debates. Pero en Nicaragua, las mujeres que ocupan diferentes puestos en el poder son en realidad objetos de una propaganda política que quiere mostrar que las mujeres estamos en igualdad de derechos a pesar de que no es así”, afirma.
¿Derechos para las mujeres?
En acceso a niveles de educación básicos y superiores en condiciones de equidad, Nicaragua se sitúa en el puesto 33, es decir, por encima de países como Japón e Israel, que ocupan las posiciones 93 y 49 respectivamente; pese a que ambos ocupan el segundo y tercer lugar en la lista de países con mayor educación universitaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, con el 46% y 45%, respectivamente. El informe del GGGR también ubica al país centroamericano por encima de Estados Unidos, que ocupa el puesto 39, pero que según la OCDE es el cuarto país del mundo con mayor población adulta con educación superior (42%). En el listado de la OCDE no aparece Nicaragua.
En materia de derechos y normas orientadas a cerrar la brecha de género, el GGGR califica a los países con notas entre 0 y 1. Los números más altos equivalen a los peores puntajes y los más bajos, a los mejores. Aquí Nicaragua también salió bien calificada, especialmente en la legislación que castiga la violencia contra las mujeres, cuya nota es 0,3. Esto pese a que la Ley 779 de 2012, o Ley Integral contra la Violencia de Género, que en su momento hizo gala de progresismo y apertura en el modo de definir la violencia contra las mujeres, ha sido desmontada paulatinamente por presión de sectores reaccionarios que ven en este tipo de normas una amenaza a la sociedad.
Dicha ley, que tipifica el femicidio y lo castiga con hasta 25 años de cárcel, reconoce la misoginia como forma de violencia contra la mujer, así como toda acción que dilate, niegue u obstaculice el acceso de las mujeres a la justicia. A diferencia de algunas de sus homólogas de la región, no circunscribe la violencia contra las mujeres al ámbito doméstico y también reconoce a desconocidos como posibles agresores. Contiene además disposiciones relativas al acoso sexual, a la promoción de representaciones sexistas en medios de comunicación, a la trata de personas, a la difusión de contenido erótico o sexual sin autorización, entre otros aspectos.
Sin embargo, el año pasado, la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de inconstitucionalidad contra la ley, apoyada por sacerdotes católicos, pastores protestantes y asociaciones de juristas. Esta alegaba que la ley vulneraba el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. Entre otros argumentos, los demandantes señalaron que al crear juzgados específicos para procesar este tipo de causas se estaban creando “tribunales de excepción”. Aunque el máximo Tribunal reconoció la constitucionalidad de la ley, instó a la Asamblea Nacional a reformarla, con el fin de estipular una instancia de mediación judicial en los delitos castigados con penas menores a 5 años de prisión, pese a que la prohibición de tal instancia era uno de los sellos distintivos de dicha ley.
El Legislativo atendió la solicitud y en septiembre de ese año emitió la Ley 846 que modifica la 779. Entre otros aspectos, el nuevo instrumento admite la mediación en los que denomina “delitos menos graves”, tales como violencia física con lesiones leves, violencia psicológica si esta requiere tratamiento psicoterapéutico, “violencia patrimonial y económica exceptuando la explotación económica de la mujer”, “intimidación o amenaza de muerte”, “sustracción de hijos o hijas”, “violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer”, entre otras.
La ya debilitada Ley Integral recibió su estocada final en julio de este año, esta vez por parte del presidente Daniel Ortega, quien al reglamentarla se pronunció largamente sobre cuestiones de fondo. El propio objeto de la ley pasó de ser la respuesta ante la violencia ejercida contra las mujeres a “garantizar el fortalecimiento de las familias nicaragüenses”. Asimismo, limitó el ámbito de aplicación de la ley “a quien se halle o hubiere estado ligado por relación de consanguinidad, afinidad, sujetos a tutela, cónyuge, ex cónyuge, conviviente en unión de hecho, ex conviviente en unión de hecho, novios, ex novios”. Por otra parte eliminó los literales que estipulaban la celeridad de los procesos judiciales y su carácter público. Limitó además el concepto de femicidio al “marco de las relaciones interpersonales de pareja”. Finalmente, estableció mecanismos previos de mediación ante consejerías familiares –interfiriendo de hecho con la protección efectiva de las mujeres denunciantes y con la imputación de los agresores– y a la misma vinculó agentes pastorales.
La Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV) expresó en comunicado que “dicho reglamento representa un retroceso en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres, en especial el derecho de vivir libres de violencia, por cuanto el mismo cambia de manera ilegal el contenido esencial de la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y crea un mecanismo encaminado a la obstaculización del acceso a la justicia y la sanción de conductas punibles cometidos por los agresores en el ejercicio de sus relaciones de poder autoritario tanto en el ámbito privado como público. El presidente con este reglamento se arroga funciones legislativas que no le corresponden y pretende mediante el mismo reformar el objetivo, los ámbitos de aplicación, la tipificación de los delitos, establecer procedimientos penales, normativas administrativas y estructuras al margen de la propia ley”.
Nicaragua y el panorama regional
El escaso alcance de la norma queda patente también si se la compara con sus pares de la región. En su informe anual El enfrentamiento de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, la CEPAL monitorea los mecanismos para el avance de la mujer en la región. El informe 2013-14 señala que, de los nueve países que poseen una ley integral y un plan nacional específico para combatir la violencia contra las mujeres (ya sea aprobado o en proceso de aprobación), Nicaragua es el único que le concede un nivel jerárquico bajo. El documento destaca, por otra parte, que el Estado centroamericano no ha firmado ni ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Como en otros países que han hecho alarde de leyes progresistas en materia de violencia contra las mujeres, la Ley 779 de Nicaragua adolece de una asignación presupuestaria clara. Además de la falta de creación de condiciones para la implementación de la ley, la enlace nacional de la RMCV destaca que buena parte de la estructura institucional en la materia (Comisarías de la Mujer y la Niñez) ha sido creada en su mayoría gracias a la Cooperación Internacional, lo cual amenaza su sustentabilidad y expresa la falta de compromiso gubernamental con la misma.
Con respecto a las diferentes formas de violencia contra las mujeres, Rodríguez señala que la gravedad de los femicidios, de la trata de mujeres con fines de explotación sexual y la violencia de género ligada al narcotráfico dibujan un panorama marcadamente disímil al del GGGR.
Para 2013, el Informe del Observatorio Nacional de Femicidio de la RMCV registró 73 femicidios, lo que representa un descenso del 16,44% (12 femicidios) con relación al año anterior, que finalizó con 85. El documento señala que el mayor índice de femicidios se registró en mujeres jóvenes con edades entre 11 y 40 años. De los 73 femicidios, 49 fueron cometidos en el ámbito doméstico, 22 en la calle, y los dos restantes en otro tipo de espacios. Los principales agresores fueron parejas y ex parejas.
No obstante esta reducción en números absolutos, el panorama del país centroamericano dista de ser optimista. El informe de la CEPAL estima que la tasa de muerte de mujeres ocasionada por su pareja o ex pareja íntima es de 0,67 por 100.000 habitantes, lo que en términos regionales sitúa a Nicaragua en los primeros lugares, superada sólo por República Dominicana (0,69) y El Salvador (0,73). Asimismo, el estudio Violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe: análisis comparativo de datos poblacionales de 12 países (2014), de la Organización Panamericana de la Salud, señala que 29% de las mujeres nicaragüenses informaron haber sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o ex pareja íntima alguna vez. Con respecto a otras formas de violencia distintas a la física y sexual, como maltrato emocional, humillaciones, intimidaciones y amenazas, el estudio de la CEPAL señala que casi la mitad de las mujeres encuestadas en Nicaragua (47,8%) respondieron haber sufrido alguna vez este tipo de agresiones por parte de su pareja.
Los indicadores oficiales y su impacto
La disonancia entre la experiencia de las mujeres nicaragüenses y el GGGR, elaborado por investigadores e investigadoras del Foro Económico Mundial, la Universidad de Harvard y la Universidad de California en Berkeley, plantea interrogantes con respecto a la metodología formulada para medir la brecha de género en el mundo.
En entrevista concedida a BBC Mundo, Saadia Zahidi, directora del programa de Paridad de Género del Foro Económico Mundial, explicó que el GGGR mide la brecha entre hombres y mujeres en el contexto de cada país, “pero no los recursos y oportunidades a disposición de las mujeres”. Pero suscita dudas al señalar que el Índice no compara dicha situación entre los países analizados. Cuesta comprender, a la luz de esa declaración, que se publique un ranking de los 142 países estudiados; más aún en función de la elocuente distorsión que esta información genera.
Se cuestiona además el peso relativo de cada indicador y cómo estos son construidos. Al nutrirse en buena medida de datos oficiales suministrados por cada país para determinar el estado de las problemáticas analizadas y desconocer otras fuentes como los informes elaborados por organizaciones sociales (que sí son tomadas en cuenta por otros informes como el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU), el estudio no sólo incorpora el sesgo que cada gobierno le da a la producción de información, sino que también desecha conocimientos tanto eruditos como empíricos que por distintas razones no gozan del mismo estatus que las cifras estatales. Los datos denominados “duros” (cuya arbitrariedad es patente en la construcción del informe citado) distan mucho de dar cuenta del problema.
Más allá de lo que las cifras reflejan o distorsionan, y del debate en torno a la construcción de indicadores de género, este episodio plantea inquietudes respecto al impacto de tales rankings de países en el combate de la violencia y la discriminación contra las mujeres. La polémica en torno del Global Gender Gap Report llama la atención acerca del uso político de las cifras tanto para legitimar gobiernos que silencian críticas de movimientos sociales como para enmascarar las violencias que forman parte de nuestra vida cotidiana.