En una época en que el discurso y el activismo en torno a los derechos humanos han ocupado buena parte de las políticas orientadas a mejorar las condiciones de vida de grupos minorizados como el LGBT, atender situaciones concretas de violencia y discriminación que emergen en los márgenes de la ciudadanía revelan la necesidad de complejizar nuestra mirada sobre cuestiones como la homofobia y la xenofobia. Como han señalado numerosos autores, la garantía de derechos está vinculada en la práctica con la posibilidad de que las personas puedan ser reconocidas como ciudadanas en el marco de un Estado-nación que vele por sus intereses. En este sentido, vale la pena preguntarse qué ocurre con las personas que dejan sus países de origen e ingresan a otros de forma ilegal con el fin de huir de las violencias que los aquejan. La situación de lesbianas, gays, bisexuales y trans centroamericanos migrantes a México permite aproximarse a la complejidad del problema.
Entre las décadas de 1970 y 1980, las crisis económicas, política y sociales en Centroamérica, así como los conflictos armados que vivieron El Salvador y Guatemala, transformaron de forma sustancial los patrones migratorios en la región en relación con el volumen de migrantes y los destinos de llegada. En la década de 1960, las migraciones obedecían, entre otros motivos, a la precarización de las condiciones de vida en el campo, por lo que las ciudades se convirtieron en los principales centros de recepción de migrantes. Pero en las décadas posteriores grandes flujos de personas atravesaron las fronteras nacionales rumbo a países como Costa Rica, Belice, Honduras y México.
En la actualidad, México sigue siendo un importante receptor de migrantes centroamericanos, entre los que se cuentan personas LGBT. Aunque las graves situaciones de violencia y discriminación a las que se encuentran expuestas estas personas han cobrado visibilidad en los últimos años, como señala Rodrigo Parrini, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, no existen datos precisos sobre cuántos migrantes centroamericanos LGBT ingresan a México, ni información que permita determinar si el volumen ha aumentado o disminuido en la actualidad. “Lo que diversas organizaciones han constatado es que migrantes que se identifican a sí mismos/as como trans o gays migran por razones específicas, por ejemplo, para huir de la violencia homofóbica que experimentan en sus países”, afirma.
Dicha violencia es más notoria en el denominado Triángulo del Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador. De acuerdo con los registros de grupos activistas, desde 2009 han sido cometidos más de 282 crímenes por prejuicio contra esta población en dicha zona. Honduras sobresale a nivel latinoamericano como uno de los países con mayores agresiones y asesinatos homofóbicos. Sólo en ese país se registró la muerte violenta de 90 gays, 15 lesbianas y 69 personas trans entre 2009 y diciembre del año pasado. En Nicaragua, donde la homosexualidad fue tipificada como delito entre 1992 y 2008, una investigación del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL determinó que entre 1999 y 2011 fueron cometidas 53 agresiones por orientación sexual e identidad de género, de las cuales 23 (43,4%) constituyeron agresiones graves, 15 (28,3%) terminaron en la muerte de la víctima y 4 (7,5%) implicaron violación sexual. De ahí que esta zona sea considerada como una de las más peligrosas de Centroamérica para las personas LGBT.
Ante este panorama, México aparece como un destino en el cual pueden dejar atrás la violencia que enfrentan de forma cotidiana por su orientación sexual e identidad de género. Este país es percibido por migrantes LGBT centroamericanos como un lugar más abierto a la expresión de la propia sexualidad, en el que pueden alcanzar mayor libertad y seguridad, afirma Parrini, quien desde 2006 adelanta una etnografía sobre el tema en el municipio de Tenosique, Tabasco. Dicha localidad limita con Guatemala y en la actualidad es uno de los puntos de entrada de migrantes centroamericanos al país.
Julio Campos, director general de la organización Migrantes LGBT, señala que la capital mexicana es en la perspectiva de varias personas centroamericanas una “ciudad intercultural y gay friendly”. No obstante, afirma, al llegar allí o a otras ciudades de México, la situación de los migrantes LGBT no cambia sustancialmente. Por el contrario, se ven expuestos a otras violencias relacionadas no sólo con su sexualidad, sino también con su estatus de migrantes indocumentados, lo que los hace objeto de una doble vulneración.
“En este país la Iglesia tiene mucha incidencia y no hay políticas públicas de atención a quienes migramos desde Centroamérica. En el Distrito Federal no existen oportunidades de trabajo, ni planes de integración a quienes carecemos de documentos. Para establecernos en la Ciudad de México tenemos que llevar a cabo actividades de trabajo no formal, lo que también reduce nuestra calidad de vida. Algunas personas que vienen de El Salvador u Honduras, donde el problema de las pandillas es mucho más pronunciado, ejercen el trabajo sexual en sus países de origen y se encuentran con que aquí, en México, deben dedicarse a lo mismo. Al ser indocumentadas corren el riesgo de ser deportadas, y al ejercer el trabajo sexual se exponen a ser secuestradas por actores del crimen organizado para negocios de servicios sexuales, sin recibir un trato digno, salario, acceso a salud o tener la posibilidad de comunicarse con sus familias. El poco dinero que reciben está destinado a pagar una cuota diaria que les es impuesta”, relata Campos.
Adicional a esto, buena parte de la violencia a la que están expuestos los migrantes en el contexto de llegada es institucional. Organizaciones sociales y activistas han denunciado múltiples agresiones de oficiales del Instituto Nacional de Migración mexicano y por agentes de la Policía Federal, cuando los migrantes cruzan la frontera y llegan a las estaciones migratorias para solicitar asilo o refugio. Entre las prácticas denunciadas se cuentan acoso y abuso sexual, tanto por oficiales como por otros extranjeros, mediante las cuales se busca disuadir a los migrantes LGBT de llevar a término su solicitud de asilo o simplemente como una forma de ejercer violencia jerárquica. También se les exige la realización de prácticas sexuales a cambio de garantizarles condiciones mínimas de alimentación o seguridad.
Algunos migrantes llegan a México en busca de una visa humanitaria que les permita obtener protección del Estado frente a una situación amenazante. De acuerdo con la legislación de ese país, dicha visa puede ser expedida a quienes sean “víctimas de catástrofe natural” o se encuentren “en situación de peligro a su vida o integridad por violencia o desastre natural”. Asimismo, pueden ser beneficiarios de ella los migrantes que hayan sido víctimas de algún delito en el territorio mexicano. No obstante, la aplicación de dichos criterios varía ostensiblemente en la práctica y en algunas ocasiones argumentos relacionados con la orientación sexual o la identidad de género de los solicitantes son empleados por las autoridades para justificar deliberadamente las violencias en su contra. El director de Migrantes LGBT señala que en materia de género, la mayoría de las visas humanitarias son concedidas a mujeres víctimas de violencia doméstica, mientras que las violencias contra personas trans por causa de su identidad de género son ignoradas. Por otra parte, las denuncias por agresiones contra personas LGBT cometidas por autoridades mexicanas son mucho más difíciles de tramitar que en otros casos, incluso cuando involucran abuso sexual por parte de oficiales de migración o de la policía.
“A nosotros se nos culpa de este tipo de vulneraciones porque se supone que al haber ‘decidido’ no tener una vida heterosexual nos gusta el sexo. Por ello se supone que en nuestros casos no hay violación como tal. A una persona que solicitó asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados le dijeron que si fuera heterosexual se lo habrían concedido. Si uno logra comprobar que fue víctima de secuestro o de maltrato por parte de la policía mexicana, el proceso es muy largo. Es necesario presentar pruebas y normalmente se dispone sólo de testimonios que son invalidados. A personas con VIH que deben continuar su tratamiento antiretroviral en México a veces les conceden visas humanitarias, pero esto no es garantía de nada. En México no existe tal apertura. De cincuenta solicitudes, por ejemplo, se aceptan sólo dos. Los demás deben vivir sin documentos, seguir su camino o regresar a sus países”, afirma Campos.
La brecha entre la ley y su implementación a cargo de organismos policiales se manifiesta en distintas situaciones. Campos señala que si bien la ley de refugiados contempla la posibilidad de otorgar permisos a los migrantes para transitar de una entidad federativa a otra –lo que no es fácil de obtener, aclara–, los agentes de inmigración muchas veces hacen caso omiso de tales permisos. De este modo, en el tránsito de Tapachula (municipio de Chiapas y uno de los puntos fronterizos de llegada para los migrantes) a Ciudad de México, los migrantes deben pasar por 17 retenes migratorios y someterse ese número de veces a la arbitrariedad de las decisiones de los oficiales.
“Hemos registrado casos de personas que en dicho trayecto se encuentran con oficiales de inmigración que les impiden seguir. En estos casos las bajan del camión, las meten en una estación migratoria y las pueden deportar, sin derecho de ayuda consular, apoyo legal, sin poder poner una denuncia por dicha arbitrariedad ante la Comisión de Derechos Humanos del estado o de la Nación. Esto suele ocurrir con personas que no saben leer ni escribir o que no hablan español ni conocen sus derechos; pero también con activistas LGBT o personas que exigen el reconocimiento de sus derechos, quienes son señalados de atentar contra la seguridad nacional”, explica Campos.
El período entre el momento en que los migrantes LGBT centroamericanos dejan sus países y cuando su situación en México es legalizada, si logran hacerlo, es particularmente crítico en cuanto a las violencias a las cuales se encuentran expuestos. Al no poder acudir en calidad de ciudadanos o asilados ante una entidad estatal para que les brinde amparo, se encuentran en una situación de doble abandono, tanto por la nación a la que se encuentran vinculados por una lazo de nacimiento, como por aquella que ahora habitan como migrantes ilegales. Aunque la Ley de Migración mexicana establece que se le “concederá igual trato a las personas que tienen una nacionalidad pero que no es efectiva” –este es el caso extremo de los apátridas, quienes no son considerados nacionales por ningún Estado–, el poder de policía que ejercen los funcionarios oficiales en la práctica revela esos márgenes de la ciudadanía, en donde casi cualquier cosa puede sucederle a una persona que se encuentre en ellos. Dicha situación, de la que ya hablaba Hannah Arendt con respecto a los refugiados europeos a mediados del siglo XX, se complejiza cuando se cruza con formas de violencia y discriminación relacionadas con la orientación sexual o la identidad de género, tanto en México como en otros países receptores de migrantes.
El relato del director de Migrantes LGBT es muy claro: “Nosotros no tenemos apoyo consular de ninguna embajada centroamericana en México. Cuando intentamos visibilizar algunos de estos casos hemos tenido la misma respuesta homofóbica según la cual estamos en un estado de vulnerabilidad porque queremos. En la Embajada de Nicaragua no atienden los mensajes de correo electrónico ni el teléfono, y cuando lo hacen dicen que no tienen recursos para asistencia. Tampoco acompañan los casos en las estaciones migratorias aunque se trate de personas que se encuentran en un estado grave de salud. En la de Honduras nos han dicho que no les corresponde prestar ayuda, que su asistencia consular se limita a personas que requieren servicios como sacar pasaporte. La Embajada de El Salvador no tiene un plan de acción específico de asistencia humanitaria para personas de diversidad sexual, pese a que en el país existe una Secretaría de Inclusión Social que tiene una dependencia de diversidad sexual. Nosotros salimos de nuestros países por situaciones como las que ocurren en El Salvador, donde no hay ninguna ley vinculante en materia de derechos humanos de las personas LGBT. Si alguien de la policía violenta a una persona trans por ejercer la prostitución en la calle, no se tipifica eso como una violación a su derecho de ejercer el trabajo sexual, aunque la prostitución no sea criminalizada. Con el problema de las pandillas se vulneran nuestros derechos aún más. Por eso salimos de nuestros países y venimos a encontrarnos que en México estamos en una situación igual o peor como migrantes”.
Si bien estas situaciones han sido reportadas de forma creciente en los últimos años, la naturaleza de las mismas pareciera ubicarlas en una zona de difícil acceso para el activismo de los derechos humanos y la ciudadanía. Campos señala que la creación de la organización que dirige en enero del año pasado se debió a la ausencia de organizaciones LGBT mexicanas que abordaran el problema. “Nosotros estamos solos en México. No tenemos apoyo de ninguna organización LGBT mexicana. Las organizaciones de diversidad sexual no están involucradas porque no lo ven como parte de su agenda. Estas organizaciones se dedican a campañas de prevención del VIH, a impulsar una ley de identidad, al reconocimiento de las familias homoparentales, de las adopciones y de algunos beneficios para personas de la diversidad sexual. Pero esto sólo está disponible para aquellas que tienen documentos. Los migrantes no pueden acceder a ninguno de esos planes. Deben ser ciudadanos mexicanos o personas con una forma regular de vivir en el país: una visa humanitaria, una residencia temporal o una residencia permanente. Si alguien no tiene documentos, no puede acceder”, explica.
En su investigación sobre migrantes LGBT en Tenosique, Parrini ha constatado la complejidad del fenómeno migratorio y señala que éste obedece a distintos factores. En el caso de gays y trans hondureños/as, la violencia que afecta su país también aparece como un factor asociado a la migración. “Éste es un motivo que comparten con otros migrantes, especialmente hombres adolescentes que han rechazado pertenecer a una pandilla (mara) y que son amenazados de muerte o familias que han sido extorsionadas, algunos de sus integrantes asesinado o herido”, explica.
En este sentido, el investigador de la UAM Xochimilco señala que la homofobia se entrelaza con otras razones que deben ser consideradas en el análisis y abordaje de las migraciones LGBT. Entre ellas destaca la pobreza, la ausencia de perspectivas de desarrollo personal, el deseo de conocer otros espacios y formas de vida. “La violencia es un motivo, pero no el único, para que estos colectivos migren. De todas formas, hay casos en los que la migración es una forma de salvar la vida. Creo que estos datos muestran una migración muy compleja, que no puede reducirse al campo del derecho”, afirma.
Parrini también llama la atención sobre el doble carácter que pueden desempeñar las identidades sexuales en el contexto migratorio. Así como pueden producir mayor vulnerabilidad, también pueden facilitar formas de solidaridad. Al respecto señala la rapidez con la que los migrantes se conectan con personas LGBT locales: “Conocí tres chicas trans que se quedaron durante varios meses en Tenosique, rentaron un cuarto y trabajaron en distintos oficios durante su estadía. Cuando consiguieron papeles para residir (no sé si temporal o permanentemente) se mudaron a la capital del país. Otras migrantes trans también han residido en la ciudad o viven en ella ahora. Creo que esto se explicaría, en parte, porque activan redes de solidaridad vinculadas con la identidad sexual y el deseo, lo que les permite acceder a recursos materiales y sociales que posibilitan o facilitan su estadía. He escuchado, por ejemplo, pláticas entre chicas trans hondureñas y algunas locales en las que se llaman mutuamente «hermanas». La hermandad es un sostén para relaciones de solidaridad, aunque sean limitadas y temporales”.
La intrincada situación de las y los migrantes LGBT, la multiplicidad de factores que inciden en sus trayectorias migratorias y los modos como hacen frente a las violencias de las que son víctimas requiere de una mirada que, sin abandonar necesariamente el discurso de los derechos, dé cuenta de la complejidad de sus problemáticas y plantee alternativas. De lo contrario, se corre el riesgo de que ellas permanezcan en la suerte de punto ciego en el que se encuentran.