En contextos de profundas desigualdades, las respuestas a las crisis en salud que desconocen sus dimensiones políticas, económicas y sociales suelen exacerbar violencias subyacentes y precarizar las condiciones de vida de las personas afectadas. Es el caso de Puerto Rico ante la epidemia del zika, donde la lógica con que han sido asignados los recursos del Centro para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) para combatir tanto el virus como el vector que lo transmite, así como graves falencias en el acceso a la salud pública se articulan con la actual crisis fiscal de la Isla y su histórica falta de autodeterminación política frente a Estados Unidos.
El año pasado, las multitudinarias protestas contra las aspersiones aéreas con Naled en la Isla, señalaron el modo como dichas relaciones coloniales se hicieron manifiestas en las respuestas del gobierno federal ante la epidemia del zika. Para la doctora en antropología Adriana Garriga-López, Puerto Rico se ha constituido asimismo en una zona de abandono, donde la vida de sus habitantes se ha tornado prescindible, a la luz de formas racializadas de muerte en vida, donde operan de modo complejo el género y la sexualidad. Esa ‘desechabilidad’ de las vidas de puertorriqueñas y puertorriqueños, como la denomina ella, está presupuesta en las formaciones imperialistas de salud pública desplegadas en la Isla que, más que ‘hacer vivir’, revelan la faz necropolítica de dicha relación colonial.
En entrevista con el CLAM, la también Profesora Asociada de Antropología en Kalamazoo College, Michigan, analiza estas formulaciones a la luz de la economía política del virus del Zika y aboga por un abordaje de la epidemia que considere la participación democrática y el ejercicio de la autodeterminación como elementos centrales en las políticas de salud pública en la Isla.
¿A qué se refiere con el carácter prescindible de la vida de las y los puertorriqueños?
A partir de mi investigación doctoral sobre VIH/SIDA en Puerto Rico empecé a ensamblar perspectivas que permitieran pensar lo que denomino la ‘desechabilidad’ de los cuerpos de lxs puertorriqueñxs, que son eliminados, exprimidos y negados. El trabajo del antropólogo brasileño João Biehl ha sido muy importante al respecto, en particular lo que él denomina “zonas de abandono”. Ese marco reverbera en Puerto Rico que, en términos de salud, ha sido abandonado de múltiples formas, entre ellas mediante la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible más conocida como ‘Obamacare’, que asigna recursos federales para la salud pública de ciudadanos estadounidenses, sobre todo aquellos que no tienen acceso a los servicios privados de salud, pero que excluye a lxs puertorriqueñxs. Aún más importante es la inclusión desigual de Puerto Rico en los programas federales de salud Medicaid y Medicare, sin importar las contribuciones hechas por la clase trabajadora a esos programas.
En The Political Economy of Zika Virus in Puerto Rico exploré, además, el lugar de la latinidad en Estados Unidos, tema que ha sido trabajado en la antropología por uno de mis mentores, Nicholas de Genova. Refiere a la muerte como un elemento que acompaña constantemente la vida de los migrantes que habitan y atraviesan la frontera con Estados Unidos. Para ellxs, la muerte puede producirse de manera aleatoria en cualquier encuentro con el Estado. Yo busco cuestionar el lugar de Puerto Rico dentro de esta economía racial de lo latino en Estados Unidos y de lo fronterizo, siendo Puerto Rico también una suerte de frontera. El trabajo del sudafricano Achille Mbembe ha sido clave para la teorización de esta vida en muerte, denominando nuestro presente como uno necropolítico. Desde los Ethnic Studies, mi amigo John Márquez teoriza esa muerte en vida no sólo en relación con la identidad chicana o mexicano-americana, sino también como un espacio de latinidad donde opera una racialización de los cuerpos que depende de la muerte o la desechabilidad del cuerpo latinx como factor fundamental. La desechabilidad del cuerpo latino aparece así como un elemento común del capital norteamericano. Además de las perspectivas académicas, movimientos como Black Lives Matter, activistas trans/cuir, el movimiento indígena contra el Dakota Access Pipeline y otros que se fundamentan en un llamado a la importancia de la vida de personas marginadas en Estados Unidos han abordado dicha cuestión. Y claro, en Puerto Rico estas preguntas están muchas veces a flor de piel aun en conversaciones cotidianas.
En el caso de Puerto Rico, el cuerpo prescindible se articula con nuevas presiones económicas y lagunas políticas, (el régimen de la austeridad mezclado con el abandono) que llevan a un gran incremento en la morbidez de las condiciones sociales, a la migración por necesidad y hasta a la muerte. En Puerto Rico confluyen múltiples discursos que, a partir de un poder colonial estadounidense y un aparato político insular deficiente, lo definen como una zona de abandono y a los cuerpos de lxs puertorriqueñxs como desechables o innecesarios. Dicho poder colonial no se impone sólo desde Estados Unidos, sino que también se asume como propio y muchas veces se autoimpone en Puerto Rico, así como en el resto de América Latina, donde vivimos la interiorización de esos modelos excluyentes incluso en poblaciones que no han sido colonizadas formalmente, pero donde emergen formas semejantes de jerarquización social de los cuerpos. Esto se entreteje de formas complejas con otros modos de exclusión que operan en relación con la nación, lo indígena, el género, la sexualidad, la clase económica, categorías raciales y la religión que dan cuenta de la exclusión por la diferencia como un elemento crítico del mundo contemporáneo.
Por ejemplo, cuando ocurrió la masacre del club nocturno Pulse, en Orlando, que ha sido la peor masacre civil en memoria en los Estados Unidos. Pulse era un club gay o cuir donde la mayoría de sus clientes eran latinos, la mayoría puertorriqueñxs, pero también había dominicanos, mexicanos, y otrxs. Tras la masacre, hubo un duelo nacional en Estados Unidos, pero pocas veces se mencionó que las víctimas eran cuir y latinxs. Mientras en Puerto Rico se circulaban esfuerzos por recoger fondos para transportar los cadáveres de las víctimas de Pulse de vuelta a sus familias en la isla, en los círculos liberales estadounidenses, donde se celebra lo latinx y lo cuir, no se conecta esto con la situación de violencia social que sufren lxs puertorriqueñxs en Estados Unidos, ni con la masiva migración de puertorriqueñxs hacia Estados Unidos, ni con las condiciones de crisis en la Isla. Actualmente vivimos un intercambio poblacional muy grande. En los últimos 10 años, aproximadamente 700,000 puertorriqueñxs han migrado de Puerto Rico a Estados Unidos y, al mismo tiempo, muchos inversionistas estadounidenses han llegado a la Isla. Lo de Orlando es una triste ironía, que de esta manera muestra que la vida de lxs puertorriqueñxs que siguen en la Isla no importa, tampoco las de gays, lesbianas, bisexuales, personas transgénero y trabajadoras sexuales que enfrentan de forma cotidiana distintas formas de violencia social. Sólo importan cuando están muertos en Orlando. Entonces, además de lo latino, hay también una desechabilidad de los cuerpos cuir.
A través de la articulación de lenguajes distintos, académico y activista, me propuse entender ese lugar del cuerpo de lxs puertorriqueñxs como uno que no cuenta, que no importa, inclusive dentro de la política y el discurso estatal sobre el zika. En un artículo publicado por el CLAM hace poco, una de las entrevistadas, Carmen Santiago, dijo, “Somos el mayor experimento colonial de Estados Unidos.” Esto es algo que lxs puertorriqueñxs tenemos muy presente a la luz de nuestra histórica relación con Estados Unidos, caracterizada por abusos de la milicia estadounidense con la población puertorriqueña en la realización de experimentos militares, así como de experimentos clínicos con pastillas anticonceptivas, experimentos donde se implantaron células de cáncer a pacientes sanos, entre muchos otros ejemplos. Todos estos factores influenciaron la situación con el Naled.
¿Es decir que las políticas en salud pública en Puerto Rico se han articulado con formaciones imperiales que reproducen ese carácter de la vida como prescindible?
Bueno, si una le pregunta a un funcionario del CDC si le interesan las vidas de lxs puertorriqueñxs seguramente va a decir que sí. No creo que las personas que trabajan en salud pública desde los centros imperiales lo hagan de forma malintencionada, por lo menos en su mayoría. El CDC tiene recursos que le entrega al Departamento de Salud de Puerto Rico, u otras dependencias que a su vez los distribuyen cuando hay una crisis. Pero en Puerto Rico hay una crisis permanente de salud, que obedece a una falta sistémica de recursos. Hay momentos, como el surgimiento del zika, donde se agudiza dicha crisis. En esos momentos, y por fuera de los esquemas regulares, entra el CDC a trabajar con las instituciones puertorriqueñas. Aunque puedan ser bienintencionadas sus acciones y pese a que muchas veces es la mejor ciencia a la que tenemos acceso, la manera en que se distribuyen esos recursos, se establecen prioridades y se implementan planes opera una inequidad y una falta de democracia fundamental. Es una inequidad económica y social, pero fundamentalmente política y si no se aborda, no se lograrán atender las necesidades en salud de la gente. En ese sentido, definitivamente sí, hay una reproducción del poder imperialista dentro de la salud pública en Puerto Rico.
Usted también señala que, en contextos de inequidad sistemática, las respuestas estatales e internacionales a emergencias en salud como las del ébola y el VIH/Sida con frecuencia han profundizado violencias estructurales en lugar de reducirlas. ¿De qué forma se hace evidente esto en la lucha contra el zika?
En el ámbito de la salud pública estadounidense se emplea el término ‘helicopter’ para referirse a la manera de hacer llegar los recursos federales que son destinados para atender crisis. Las instituciones que los proveen los entregan en determinados lugares y luego se van. O se quedan en la Isla para hacer investigaciones que pueden ser muy beneficiales para sus carreras pero que tienen un beneficio mínimo o cuestionable para las poblaciones más expuestas al contagio en el Caribe. Es una forma militarista de pensar y proveer ayuda cuando hay un problema de salud que no toma en cuenta las necesidades reales de la población. Esta forma de operar saca a flote contradicciones que se viven diariamente en Puerto Rico, donde la falta de recursos en salud es muy grande.
En el caso del zika se agudizaron inequidades sociales debido, entre otras cosas, a la fetichización de la maternidad como eje de los peores efectos del contagio, mediante la distribución de recursos de investigación y mediante los discursos públicos de lxs administradores de salud pública tanto a nivel local como a nivel de los Estados Unidos (hasta el mismo Presidente Obama) que se dieron a la tarea de culpabilizar o regañar a la población por hacer caso omiso a sus recomendaciones. El CDC destinó a Puerto Rico fondos federales en salud que privilegiaban a las jóvenes estudiantes de secundaria, mujeres embarazadas y a los bebés recién nacidos. Así que una mujer sin dinero ni acceso a servicios públicos de salud, que se encuentra pasando hambre y vive en una situación de precariedad y de violencia, pero cuyo bebé es saludable, no puede acceder a dichos recursos. Una madre con zika, quizás sí.
Por otro lado, para evitar la transmisión del zika por vía sexual se entregaron condones a mujeres puertorriqueñas, sin tener en cuenta la grave situación de violencia de género y violencia sexual que vivimos y que ha sido documentada por científicos sociales. ¿Cómo se puede pretender frenar una enfermedad que se transmite sexualmente ignorando esto? La atención del zika en Puerto Rico pone de relieve, una vez más, que los problemas de salud se vinculan también con la sujeción política a Estados Unidos.
¿Encuentra semejanzas en los manejos dados a la epidemia del zika y a la del VIH en Puerto Rico?
El zika guarda una conexión interesante con el VIH. Al descubrirse que el virus del Zika también se transmite sexualmente, se vincula con políticas en salud pública que tienen que ver con derechos sexuales, derechos reproductivos y de acceso a métodos anticonceptivos y métodos de barrera para controlar la transmisión del virus. Aquí emergen de nuevo contradicciones relacionadas con el manejo del VIH, como, por ejemplo, que el CDC recomiende el uso de condones en las relaciones sexuales y la Iglesia católica se manifieste en contra de ello.
También se evidenció de nuevo la reconocida falta de acceso a recursos y a información en materia de salud, así como a citas con especialistas médicos. En el caso del zika, muchas mujeres puertorriqueñas no van al ginecólogo porque no lo pueden costear o porque no les asignan una cita médica de forma oportuna, en ocasiones tardan hasta un año. Entiendo que hay solo 130 doctores aproximadamente que tienen acceso a esos métodos anticonceptivos gratuitos donados por el CDC para prevenir el zika. Me pregunto entonces como es posible pensar que dichos métodos de barrera fundamentales para la prevención del virus estén llegando a las poblaciones que más los necesitan. La gente no tiene acceso a los recursos médicos más básicos. Y cuando logran ser atendidxs deben enfrentarse a la escasez de recursos clínicos y de doctores en los hospitales. En Puerto Rico muchas personas han muerto esperando ser atendidas por un especialista.
Aunque se encuentre bajo la jurisdicción federal, hay un desprendimiento entre la salud pública de Estados Unidos y la de Puerto Rico. Mientras la salud pública avanza en Estados Unidos, lxs puertorriqueñxs han sido dejados al abandono, también en términos técnicos respecto del tratamiento de enfermedades comunes o de vacunas exitosas como la del virus del Papiloma Humano. Lo que forma parte de la atención básica en salud en Estados Unidos no está disponible, ni de cerca, en Puerto Rico.
En esa línea, usted afirma que la respuesta a la epidemia del virus del Zika en Puerto Rico debe ir más allá de las consideraciones sobre la transmisión del virus y el control del vector, para abarcar también otras cuestiones que afectan el panorama de salud pública como la ampliación del acceso a la democracia de las y los puertorriqueños…
Ese es el reclamo fundamental. Cuando hablamos de libertad hablamos de acceso a los procesos democráticos y cuando exigimos la descolonización de Puerto Rico queremos decir acceso a la democracia radical y a la autodeterminación. Es muy necesario un proceso de descolonización en Puerto Rico.
Aunque me gustaría ver a Puerto Rico como un país independiente, no creo que la descolonización se vislumbre fácilmente como un proyecto nacional o uno de soberanía en términos políticos clásicos, pues los independentistas somos una minoría. Pero la democracia se puede establecer desde los procesos actuales. Lxs puertorriqueñxs buscan afirmar su derecho fundamental a la autodeterminación a través de distintos frentes, como las movilizaciones en contra de las aspersiones aéreas con Naled; la defensa del acceso público a las playas ante la llegada de inversionistas foráneos en bienes raíces que buscan comprar tierras frente al mar, en terrenos de alto rendimiento agrícola o en lugares de valor histórico y cultural; o el rechazo al depósito de cenizas tóxicas de la carbonera estadounidense AES Energy en el municipio de Peñuelas, entre otros.
Son batallas que tienen lugar tanto en el seno de las estructuras coloniales como fuera de ellas, y que claramente ya se están dando hace rato. Entonces, ¿cómo podemos pensar esas batallas cotidianas como espacios de democracia insurgente? Podemos intervenir y de hecho hemos intervenido en dichos espacios para llevar a cabo una resistencia no violenta frente al Estado. Esto supone recoger cuestionamientos planteados por puertorriqueñxs de izquierda, feministas, cuir y trans, jóvenes, viejos, y de diversas regiones de la isla así como por el movimiento de la agroecología que, pienso yo, es uno de los más importantes en términos de la soberanía alimenticia en Puerto Rico, donde el 85% de los alimentos consumidos es importado de los Estados Unidos.
Sin embargo, dichos cuestionamientos han sido obviados desde lo institucional. El Congreso de los Estados Unidos ejerce poderes plenos y tiene la potestad sobre el sistema político puertorriqueño. La junta de control fiscal que ha sido impuesta mediante la fatídica ley P.R.O.M.E.S.A. tiene poderes superiores a los del gobernador de Puerto Rico y todxs lxs representantes electos de Puerto Rico, porque le fueron dados por el Congreso. Y al Congreso de los Estados Unidos no le importa lo que digan lxs puertorriqueñxs que abogan por la autonomía local.
¿Cómo son tramitadas estas demandas en las estructuras políticas de representación?
Se estima que en las pasadas elecciones de Puerto Rico sólo votaron 53% de las personas habilitadas para hacerlo. Cifra muy baja si se tiene en cuenta que en las últimas décadas los votantes rondaban el 80%. Pero, contrario a lo que muchos afirman, eso no quiere decir que a lxs puertorriqueñxs no les importe la política. La gente sabe que estamos en un entramado político en el que los ricos se pasan el poder unos a otros y en relación estrecha con los administradores federales. El pueblo no confía en el sistema político. Ese rechazo también se expresó en el referéndum de 1998 sobre el estatus político de Puerto Rico, donde lxs electores podía votar distintas opciones, ‘estadidad’, ‘independencia’, ‘estado libre asociado’, entre otras, y la opción que ganó fue ‘ninguna de las anteriores’. Ese fue el resultado de un voto de protesta contra las categorías mismas y contra el proceso que en fin era “non-binding”, es decir que el Congreso no se veía obligado a actuar en consonancia con el resultado de la encuesta.
En su libro Mohawk Interruptus (2014), Audra Simpson habla del rehusarse como un modo político dentro del cual se pueden movilizar ciertas lógicas de resistencia política. Simpson postula que hay algo que se revela en la denegación, “una postura, un principio, una narrativa histórica y un gozo en la revelación misma” (página 107). Lxs puertorriqueñxs han participado varias veces en la política utilizando esta estrategia de la denegación, pero en Washington, ese rechazo político se lee como una incapacidad de lxs puertorriqueñxs de ponerse de acuerdo, de saber qué es lo que quieren. Y claro, no se entretiene la ilegitimidad del poder imperial de los Estados Unidos. Aunque se han formado nuevos partidos políticos que buscan establecer coaliciones entre personas con diferentes opiniones sobre el estatus de Puerto Rico para lograr cambios dentro del sistema actual, estos fallaron electoralmente debido, en parte, al rechazo del sistema político por casi la mitad del electorado.
La administración de Obama no ha hecho muchas cosas positivas por Puerto Rico, pero por lo menos ha tenido las agallas de aceptar que hay una relación territorial. La Corte Suprema de Justicia, el White House Task Force on Puerto Rico, así como otras instituciones han reconocido que Puerto Rico está en una situación territorial, es decir, colonial con Estados Unidos que hay que resolver. La autodeterminación, en Puerto Rico, se viene construyendo desde mediados del siglo XIX hasta que se transforma en el proceso constitucional subyugado al Congreso estadounidense de mediados del siglo XX. En los años sesenta, representantes de Estados Unidos acudieron ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas y juramentaron que Puerto Rico ya no era una colonia, porque gozaba de autonomía política bajo dicha Constitución. Pero para ejercer la autodeterminación es necesario desnudar el edificio colonial. La atención a las necesidades comunitarias en salud y la garantía de los derechos reproductivos debe hacerse teniendo esto en cuenta.
¿Cuáles son las perspectivas al respecto con el gobierno de Trump?
En este momento no sabemos con certeza qué va a pasar. En los últimos 20 años, en Estados Unidos ha habido un desplazamiento en la comprensión de la salud pública como un derecho social. Y aunque Obamacare no logró deslindar el sistema de salud de las aseguradoras privadas ni proveyó un sistema de pago único, sí trabajó a partir de la premisa de que todos los estadounidenses deberían tener acceso a alguna forma de cobertura en salud. Tanto así que Nancy Pelosi, quien formó parte de la administración de Obama, decía que la salud pública era un derecho humano.
Cabe señalar que en 1948, cuando se redactó la Constitución de Puerto Rico, el artículo 2, sección 20 de la Carta definía el acceso a la salud como un derecho cívico, entre otros como la educación y el trabajo. Pero el Congreso de los Estados Unidos, al revisar la Constitución puertorriqueña, eliminó esta sección. Sesenta y pico de años más tarde, bajo la administración de Obama, se llega a ese mismo consenso en torno al derecho a la salud de los estadounidenses. Irónicamente, una vez se establece el Obamacare, a Puerto Rico y los demás territorios no incorporados –como Guam, Samoa Americana, Islas Marianas del Norte e Islas Vírgenes– se les excluye de dicha ley por presión de congresistas republicanos, liderados por Fred Upton, senador del distrito 6 en Michigan donde formo parte del claustro de Kalamazoo College. Así que a Puerto Rico nunca llegó el Obamacare. Lo que hicieron fue asignar un dinero, todo junto, por un término de algunos años, para extender los costos de Medicare ya establecidos. Esa extensión, que permitió mantener abiertos algunos servicios en Puerto Rico, está por acabarse. El propio departamento de salud federal se expresó con preocupación recientemente en cuanto a las inequidades en salud que se viven en Puerto Rico dado a la crisis económica y las políticas de austeridad que ya se están imponiendo.
Juan Pablo Bohoslavsky, experto en deuda externa de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo recientemente que los servicios de salud pública en Puerto Rico se van a ver seriamente afectados una vez empiece la política de austeridad que promete la junta de control fiscal. El informe de Naciones Unidas señala además que las personas más afectadas serán los niños, las personas con discapacidades físicas y las personas dependientes de recursos públicos en salud que requieren terapias para problemas crónicos, como de aprendizaje, o del habla, terapia física en el caso de personas con derrame cerebral y personas con daños en la espina dorsal, servicios para personas sin acceso a transportación, etc. Esos serán los primeros servicios en verse afectados.
Esta misma semana se reveló una carta escrita por la Junta de Control Fiscal donde se le exige al gobierno recortes de 1,000 millones de dólares al sistema de salud como parte de su plan de austeridad fiscal. Se avecinan días todavía más difíciles. Sin duda lxs puertorriqueñxs seguiremos dando la batalla, como lo hemos hecho desde los tiempos de los primeros conquistadores. Solo que ahora lxs conquistadores llegan con planes de inversión corporativa y con plantillas de IRB (Junta de Revisión Institucional).