Ecuador es reconocido como uno de los países de la región más comprometidos con la erradicación de la violencia de género. El año pasado, durante una visita al presidente Rafael Correa, la entonces directora ejecutiva de ONU Mujeres Michelle Bachelet destacó la labor del país, "el segundo [en la región] después de México que ha hecho una encuesta nacional de violencia de género". La ex Presidenta de Chile elogió también la promulgación de leyes significativas en el tema, así como la creciente participación política de las mujeres, que de acuerdo con la Ministra de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, Betty Tola, es del 37% en el gabinete de Correa y alcanzará el 39% en la Asamblea Nacional que se posesionará en mayo. Desde la formulación de la primera ley que previene y sanciona la violencia intrafamiliar y contra las mujeres en 1995, el país ha sufrido importantes transformaciones políticas que no han sido ajenas al tema. Pese a ello y a importantes instrumentos como comisarías de la mujer y juzgados especializados en violencia de género, Ecuador sigue registrando altas tasas de femicidios y de violencia contra las mujeres.
Según la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (2011), citada por Bachelet, 60,6% de las mujeres en el país ha vivido algún tipo de violencia. La investigación también señala que una de cada cuatro mujeres ha sido víctima de agresiones sexuales y que si bien existen factores que las exponen más a la violencia de género, la incidencia no registra diferencias significativas entre zonas urbanas y rurales, ni tampoco en materia de nivel educativo. Por otra parte, el Global Burden Report of Armed Violence 2011 (Reporte Global sobre Violencia Armada) sitúa a Ecuador entre los países con altos índices de femicidios en el mundo, con una tasa de entre 3 y 4 por cada 100.000 mujeres.
A principios de este año, el país se estremeció con el asesinato de Karina del Pozo, una joven quiteña de 20 años reportada como desaparecida el 19 de febrero, cuyo cuerpo fue encontrado días después con señales de tortura y abuso sexual. Como en la mayoría de estos casos, el crimen fue cometido por personas cercanas a la víctima que se encontraban con ella la noche de su desaparición. El asesinato pronto se convirtió en un caso emblemático debido a la visibilidad que adquirió a través de las redes sociales, a la celeridad con la que avanzó la investigación judicial y a la movilización que suscitó entre varios sectores de la sociedad ecuatoriana, que exigieron la implementación de medidas efectivas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, afirma Ana Lucía Herrera, socióloga ecuatoriana y presidenta de la Corporación Humanas. El caso también tuvo impacto en la formulación del nuevo Código Penal ecuatoriano, que será debatido en las próximas semanas por la Asamblea Nacional del país. Este contempla la tipificación del femicidio.
En entrevista con el CLAM, Ana Lucía Herrera, que hasta el año pasado se desempeñó como presidenta de la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género del gobierno de Rafael Correa, hace una balance de más de 15 años de políticas sobre violencia contra las mujeres en Ecuador, los retos que enfrenta el país en la materia y ofrece su perspectiva acerca del significado del gobierno de la Revolución Ciudadana para las mujeres de ese país.
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En qué contexto se empieza a legislar sobre violencia de género en Ecuador?
La primera ley que busca garantizar una vida libre de violencia a las mujeres fue formulada en 1995 y está enmarcada en la violencia intrafamiliar. Como otras normas promulgadas en ese momento sobre el tema, la Ley 103 Contra la violencia a la mujer y la familia fue un logro del movimiento de mujeres que nació como parte de una oleada legislativa en la región sobre el tema. Para la prevención y la sanción de ese tipo de violencias, la ley creó las comisarías de la mujer y de la familia, que son instancias dependientes del Ministerio de Gobierno. Con el tiempo las organizaciones de mujeres y feministas vimos que esto era un problema, porque al no estar inscritas en el ámbito de la administración de justicia, la ley aborda este tipo de violencias como contravenciones. Los casos reportados sólo pasan a la justicia penal dependiendo de la gravedad de las agresiones y de las huellas físicas que dejan en las víctimas.
¿Qué papel desempeñó el movimiento de mujeres en este proceso?
La ley 103 fue planteada en un esquema muy particular, puesto que fueron las propias organizaciones de mujeres las que dieron el sustento técnico para la creación de las comisarías, la capacitación de funcionarias y funcionarios, así como para la creación de procedimientos y protocolos. En ese contexto, la formulación de la ley evidencia algo que pasa a menudo: que las condiciones para comprender y atender delitos como éste son generadas desde la sociedad civil. En mi opinión, eso reprodujo nuevamente el esquema de que la atención y prevención de la violencia de género e intrafamiliar es responsabilidad de las ciudadanas y ciudadanos. Al igual que en el resto de América Latina, en Ecuador el tema ha estado gravitando desde hace más de 30 años, particularmente en la esfera de la sociedad civil, desde donde hemos presionado para incluir el tema en la agenda y en las políticas públicas.
¿Qué curso tomó el tema luego de la promulgación de la ley?
Con el tiempo aparecieron otras formas de atender el tema. Sobre todo en la Fiscalía, que creó unidades especializadas para la investigación de delitos sexuales. Sin embargo, yo diría que nunca han sido suficientes. La discusión respecto a una legislación específica para atender la violencia de género ha sido uno de los temas centrales de la agenda política de las mujeres en este país, debido al incremento sustancial de la violencia de género. Las comisarías han reportado un número altísimo de denuncias, pese a que no existía una línea clara del Estado sobre prevención e información. El inicio del gobierno del presidente Rafael Correa en 2006 representó en ese sentido un momento de inflexión, puesto que el poder Ejecutivo, particularmente el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, asumieron un compromiso directo con organizaciones de mujeres y feministas para abordar este problema de forma sistemática y desde las esferas de la responsabilidad y la política públicas.
A finales de 2007 se firmó el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia Niñez, Adolescencia y Mujeres, que marcó un hito al ser la primera vez que el poder Ejecutivo decretaba e implementaba un modelo que involucra a todas las instancias gubernamentales y no sólo, como había sido, al Ministerio de Gobierno, que responde a la política criminal sobre todo desde el ámbito policial. Con el Plan se generó una responsabilidad frente al tema por parte de todo el Ejecutivo. Fue emblemático porque parecía que quienes estaban en el gobierno iban a promover un cambio sustancial.
Otro hito fue la Asamblea Constituyente (2007-2008), que reafirmó y amplió la visión de la violencia de género contra las mujeres como una violación a los derechos humanos. También se avanzó en la creación de una institucionalidad más acorde con el problema. Posteriormente, la ley que regula el poder judicial estableció que las comisarías debían pasar al poder Judicial y tener un carácter especializado. Pese a ello, no se salió de la perspectiva contravencional. El tema sigue siendo manejado desde ese ámbito y enmarcado en la violencia intrafamiliar.
¿Cómo surge la propuesta de tipificar el femicidio?
En diálogo con la Asamblea Legislativa, las organizaciones de mujeres continuaron posicionando el tema. Inclusive en algún momento se debatió si era necesario crear una ley especializada para atender la violencia de género, como tienen algunos países, entre ellos Colombia, o si se debía seguir apostando a las reformas de los cuerpos del Estado y las leyes penales. En ese momento ya se había planteado la idea de reformar los códigos Penal Integral y de Procedimiento Penal. Esta fue la corriente que ganó más peso y se dejó de lado la creación de una ley específica. Si bien esta idea resulta muy interesante en términos discursivos, en la práctica tiene debilidades.
A pesar de estos avances, en ese momento aparecen tensiones respecto al papel de la Constitución en el tema. Algunos afirman que la Constitución es muy garantista y otros se preguntan qué significa esto. Este debate tiene lugar después de ser aprobada la Constitución (2008), de la que todos nos sentíamos orgullosos por poner los derechos humanos como eje articulador de la utopía de sociedad que queríamos construir. Posteriormente se redacta la actual propuesta de Código Penal Integral.
En este marco cobra especial interés para las mujeres la inclusión de la figura del femicidio. La Comisión especializada en estos temas en la Asamblea dialoga con organizaciones de mujeres y considera su propuesta de tipificar este delito. Pero cuando se decide formular un nuevo Código Penal, el impulso de acciones en materia de violencia de género pierde importancia para el Ejecutivo. La idea del "hipergarantismo constitucional" suscitó dudas sobre el tema.
Pese a ello, la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género – CDT (que tiene como tarea crear una institucionalidad pública que atienda lo relacionado con los derechos humanos de las mujeres, según lo dispuesto por la Constitución) avanzó en algunos aspectos importantes. Uno de ellos fue la realización de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (2011). Esta encuesta es pionera en América del Sur. Por primera vez el Estado recolectó información sobre el tema a nivel nacional entre mujeres a partir de los 15 años. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC estuvo encargado de aplicar la Encuesta, cuya estructura fue desarrollada en estrecha relación con la Comisión de Transición y contó con la participación de mujeres con experticia y experiencia en el tema.
La falta de información oficial sobre femicidios y violencia contra las mujeres ha sido uno de los principales obstáculos para el abordaje de este problema. ¿Qué motivó al gobierno ecuatoriano a realizar la Encuesta?
Además de las demandas de las mujeres del Ecuador, la Encuesta responde a una agenda internacional. La Conferencia Estadística de las Américas – CEA/CEPAL establece algunas rutas para el abordaje de la violencia de género. Como fruto de varios procesos de incidencia, los países de la región se han comprometido en la construcción de estas estadísticas. En el marco de los Informes País del Comité CEDAW se ha planteado la necesidad de llevar a cabo un registro estadístico del tema. La encuesta de Ecuador, cuyos resultados fueron presentados el año pasado, responde a esta solicitud. La Encuesta da cuenta de los efectos de la violencia de género de acuerdo con los ámbitos definidos por la Convención de Belém do Pará. Uno de los avances es que incluye la violencia patrimonial, que no había sido contemplada por la ley 103 de 1995. En este sentido, busca ser consecuente con la propia Constitución que en materia de derechos humanos establece que las convenciones y los compromisos internacionales tienen una prioridad única.
Los resultados de este estudio son muy interesantes y contribuyen a desmitificar la idea de que las víctimas son las mujeres más pobres o vulnerables. La Encuesta también muestra que la incidencia de la violencia sexual es alta. Pero el resultado más impactante es que 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador hemos sufrido violencia de estas características en algún momento de la vida.
En la Comisión de Transición habíamos iniciado una investigación previa sobre la incidencia del femicidio en el país en la que empleamos una metodología que se ha usado en toda Centroamérica. Ante la ausencia de datos sobre el tema, se nutre de dos fuentes: medios de comunicación y, a partir de lo allí encontrado, procesos judiciales. Obviamente eso tiene una limitación, porque los procesos deben haber concluido. Pese a ello, fue muy importante porque buscaba resolver el problema estructural de la falta de datos.
En 2010 circuló a través de Internet una campaña del gobierno ecuatoriano sobre violencia de género y llegó a ser muy popular. ¿Cómo se articuló con estas acciones?
Conscientes de que la violencia de género tiene que ver con la construcción simbólica de las mujeres y de su rol en la sociedad, la Comisión de Transición implementó en el marco del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género la campaña Reacciona Ecuador: el Machismo es violencia. La campaña tuvo gran impacto y amplia difusión. Uno de los momentos más importantes fue su presentación durante el Mundial de Fútbol. Esta campaña ha sido valorada de forma positiva a nivel internacional y motivó a varios países a desarrollar acciones similares. El Secretario de Naciones Unidas lanzó una campaña mundial sobre el tema. Con esto quedó claro que el Estado debía asumir responsabilidades frente al tema.
¿Qué impacto han tenido estas acciones en la violencia de género?
No obstante estos avances, desde mayo del año pasado, cuando se presentaron los resultados de la Encuesta, la situación parece estancada. Los sábados el Presidente de la República hace un resumen de sus actividades y da cuenta de la implementación de las políticas del gobierno. Es común que acciones de este tipo sean presentadas por él y los ministros y ministras respectivos, pero a pesar de su importancia, la Encuesta no fue incluida en el discurso oficial. Igual suerte corrió la Campaña, que fue valorada de forma positiva incluso por personas de la oposición y que tuvo buenos resultados en términos de mensaje, capacidad movilizadora, crítica a la naturalización de la dominación masculina y la inferioridad de las mujeres, así como al doble discurso que por un lado sublima a las mujeres como madres sacrificadas, pero por otro lado las degrada como putas. Esto suscitó una gran expectativa respecto a cuál iba a ser la respuesta del gobierno frente a la violencia de género contra las mujeres.
En el legislativo, como decía, se está discutiendo la propuesta del nuevo Código Penal, en la que incidieron organizaciones de mujeres para que el femicidio fuera incluido y se revisaran los delitos sexuales.
En materia de justicia, el Consejo de la Judicatura [que junto a la Corte Nacional de Justicia encabeza la función judicial del país], avanzó en la construcción de juzgados especializados en la atención de violencia de género. Sin embargo, todo fue hecho desde un Consejo de la Judicatura en Transición, que se instaló luego del referéndum constitucional y la consulta popular de 2011. Entre los puntos centrales, la consulta contemplaba que el Ejecutivo interviniera para que la Justicia diera una respuesta efectiva a los problemas de impunidad que afectan el país. El Consejo de la Judicatura hizo un esfuerzo importante en esta dirección. Incluso antes de terminar sus funciones, convocó a un concurso público para nombrar a quienes dirigirían los juzgados especializados en violencia de género. Pero este no ha sido un proceso fácil, no existen signos claros de cambios sustanciales.
En otros países existe la percepción de que Ecuador ha hecho grandes avances en el tema…
Gracias a estas acciones existe una alta valoración a nivel internacional del gobierno de la Revolución Ciudadana, principalmente en los foros que trabajan sobre derechos humanos de las mujeres. Pero a estas alturas y ad portas del siguiente mandato, los signos no son promisorios. Yo no encuentro muchas diferencias con la época en la que se aprobó la ley 103.
En el próximo período presidencial los temas prioritarios serán la profundización de la revolución ciudadana, la revisión de temas económicos para afrontar la pobreza y la exclusión. Ya se hizo el anuncio de que el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo no serán prioritarios, pese a que el plan de desarrollo contempla dos metas relacionadas con estos temas y a que el gobierno está preocupado por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Hay elementos que parecen indicar avances, pero hay algo que no calza y nosotras pensamos en este punto que no es sólo un problema de miopía, sino también de misoginia. Muchos dirán que esto no es así y que en este momento se aprobó un reglamento para la distribución sin restricciones de la píldora de anticoncepción de emergencia; pero incluso la píldora busca solucionar el problema de las adolescentes menores de 14 años embarazadas por abuso sexual, sin hacer una lectura integral de la situación ni dar respuesta a los aspectos estructurales del problema. No se mira por qué el país tiene una de las tasas más altas de embarazos adolescentes o por qué a pesar de la alta incidencia de la violencia sexual, estos son los casos menos resueltos según estadísticas de la justicia. Muchas víctimas de femicidio acudieron a las comisarías antes de ser asesinadas.
En su opinión, ¿qué impacto ha tenido el debate sobre femicidio en la lucha contra la violencia hacia las mujeres?
En Ecuador estamos seguras de que el femicidio es una figura fundamental dentro de la visibilización de la violencia contra las mujeres, pese a que existen otros temas que deben estar en el tapete y que deben ser respondidos con la misma importancia. En América Latina el femicidio suele destacarse como el tema fundamental y desde el movimiento de mujeres esta es una de las rendijas que se abren para tener una mayor incidencia. Pero también estamos trabajando otros aspectos, porque además de la muerte de mujeres nos interesan las víctimas que sobreviven y la forma como son atendidas en un sistema que debería ser integral y no solo de responsabilidad del ámbito de la justicia. A esto se suma que la violencia real no deja que el tema pierda vigencia.
Desafortunadamente en Ecuador hemos tenido muchos casos emblemáticos durante los últimos meses. Desde marzo se han presentado 4 o 5 casos de femicidios. Hay uno en particular que por la manera en que fue manejado a través de redes sociales logró un rápido avance en la investigación: el asesinato de Karina del Pozo. Para identificar a los sospechosos y la ruta que tomaron se acudió a los sistemas satelitales para el rastreo de vehículos robados y se recolectaron muestras de ADN. Se desplegó un discurso mucho más técnico respecto de la forma de enfrentar los femicidios. Un caso así de grave suscita avances en la investigación judicial y policial, así como en la labor de la Fiscalía de construir los sustentos de la acusación. Este caso ha sido emblemático y llevó a que actores como el presidente del Consejo de la Judicatura se manifestaran a favor de la inclusión del femicidio en el Código Penal.
Pero en la agenda de la nueva Asamblea Legislativa, que también entra en vigencia en mayo, no está el tema. El discurso presidencial sobre el asesinato de Karina se limitó a señalar que era un crimen atroz que no iba a quedar impune, pese a que las investigaciones sobre el tema muestran que aquí hay algo más que exige una política urgente. Los datos de la Encuesta lo corroboran. Si fuera un caso de dengue ya se habría llevado a cabo una campaña nacional de prevención con expertos de varios países para ver qué está pasando. Pero en estos casos es sistemática la invisibilidad de la gravedad del tema. El caso de Karina brinda varios elementos. Por ejemplo: uno de los acusados no tuvo problema en afirmar que cuando la mataban dijeron: "vas a ver cómo se mata a una putita". El perfil psicológico muestra que no son personas antisociales, por el contrario, son absolutamente funcionales. La investigación permite catalogar los homicidios de mujeres como femicidios, pero esos elementos no son tenidos en cuenta.
Este tema ha sido investigado en profundidad por académicas y activistas. Sin embargo, muchos funcionarios, incluso juristas sensibles a causas sociales como las de indígenas y migrantes, tratan el tema como si hasta ahora empezara a estudiarse. No hay una mirada de las mujeres ni de lo femenino –porque también es un problema que afecta a las transgénero femeninas–. Luego de la Encuesta se presentó otra investigación en Guayaquil con una metodología que va directamente a casos y que hace seguimiento de las familias de las víctimas. El estudio confirma las conclusiones de la investigación sobre femicidio que mencionamos. Lo mínimo que podemos decir es que no hay ningún compromiso político real. Además de la ausencia de garantías para las víctimas, tampoco existe un sistema para prevenir el delito. Una de las declaraciones del Presidente es que esto no se trataba de inseguridad ciudadana. Entonces, ¿qué es? Los estudios sobre inseguridad en la región son una prioridad de los gobiernos por causa de la delincuencia común, el narcotráfico, el lavado de dinero, etcétera. Pero en esa gran agenda la violencia de género no tiene cabida.
El Global Report on the Situation of Women Human Rights Defenders (2012) destaca la importancia de abordar los contextos específicos que estructuran la violencia de género en cada país, además de las cuestiones más generales como el lugar simbólico de las mujeres en la sociedad. ¿Qué aspectos particulares destacaría para el caso de Ecuador?
La existencia de conflictos internos y las guerras son factores que agudizan la violencia de género. No olvides que somos vecinos de Colombia. Con esto no quiero decir que la violencia contra las mujeres venga de allá. A diferencia de los gobiernos anteriores, el de Correa mostró que el conflicto armado colombiano lo tenemos no sólo en la frontera, sino en todo el país. Y no sólo por la presencia de refugiados. Sin duda, a nivel de fronteras y en algunas ciudades donde está concentrada población colombiana hay una marcada tendencia en cuanto a violencia de género. Hay mujeres colombianas que llegan al país, se vinculan a círculos de la industria del sexo y se convierten en víctimas de trata y tráfico. Este es un tema que hemos investigado desde finales de los años noventa. Sin embargo, los estudios que analizan los efectos del conflicto armado colombiano suelen relegar la violencia contra las mujeres. Ésta aparece de forma tangencial, casi siempre como un apéndice.
Las otras razones creo que no son muy diferentes a las de otros países de la región. Ecuador es un país muy sexista, que no está dispuesto a ceder un paso en la construcción de la masculinidad, sobre todo en las ideas sobre la sexualidad masculina y el supuesto acceso de deseo incontenible de los hombres. Estas ideas priman en la cultura y se reflejan incluso en los discursos oficiales.
Por otro lado, la televisión nacional es un desastre. En estos años se han importado [de Colombia] adaptaciones de novelas como Sin tetas no hay paraíso, Rosario Tijeras, El Capo, que para quienes como yo hacemos sociología es importante leerlas, pero que en los medios no encuentran ningún tipo de crítica. Además, la producción nacional se caracteriza por esa vulgar representación de las mujeres, que no debería profundizarse.
Otro aspecto problemático es que no hemos logrado que se separe el Estado laico del ámbito espiritual de las autoridades. El presidente se reconoce como católico, apostólico y romano. Eso es respetable. El problema es cuando esto cobra relevancia en las políticas públicas. Los sectores más conservadores son fuertes en la esfera pública. La Iglesia católica, en particular, ya no sólo predica sino que invierte dinero en movilizaciones. Los colegios católicos son una punta de lanza importante y con la elección del papa argentino las mujeres tenemos todas las de perder. Sin embargo, es importante señalar que Rafael Correa es un presidente sensible. La política para prevenir el embarazo adolescente fue incentivada por él cuando vio durante sus recorridos por el país un gran número de niñas criando niños.
A pesar de estos problemas, el caso de Karina del Pozo ha sensibilizado a la gente respecto a la violencia contra las mujeres. Si somos putas, nos matan, y si no, también. Antes de ser asesinada, acciones como la Marcha de las Putas generaba resistencia en la opinión pública. Pero ahora se observa un cambio pequeño frente al tema. Los medios de comunicación ya no buscan subterfugios ni emplean medias palabras frente al femicidio. Poco a poco se han sumado otras personas a la movilización. Esperamos que como en el caso de los grandes movimientos sociales, se sumen más personas y emerja una consciencia del problema que pueda ver más allá de la ley y del castigo, porque miles de cárceles no van a resolver el problema.