Con cinco votos contra cero, la Tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia puso fin a la larga polémica sobre la anticoncepción de emergencia en Chile y rechazó el recurso de casación presentado por una agrupación juvenil de la comuna de Las Condes en Santiago, que buscaba impedir su venta, comercialización y distribución.
Desde que en 2001 el Instituto de Salud Pública dictó la resolución que permitía la venta de Postinor-2 (Levonorgestrel de 0,75 milígramos), sectores conservadores de la sociedad chilena iniciaron una persistente campaña para impedir el expendio del fármaco. De este modo la venta o no de la píldora del día después se transformó en uno más de los temas llamados “valóricos» para un sector que rechaza incluso el aborto terapéutico. Durante estos años de polémica, el principal argumento para promover la prohibición de la llamada “píldora del día después” fue su supuesta calidad abortiva. Una jueza dictó, en 2004, una resolución prohibiendo su venta porque podía ser abortiva, resolución que fue revocada por la Corte de Apelaciones y ahora reafirmada por resolución de la Corte Suprema.
El debate, que llegó a provocar la salida del Subsecretario de Salud en el 2004, tiene muchas aristas, no todas aún resueltas. Por una parte, la disponibilidad del fármaco siempre estuvo relativamente asegurada para las personas con medios para adquirirla, siempre que contaran con una receta médica. No obstante, en el ámbito de la salud pública, el acceso se ha limitado a las mujeres que la requirieran en casos de violaciones, derecho que no siempre ha sido asegurado. Los servicios de municipios dirigidos por alcaldes o alcaldesas conservadores a menudo se niegan a entregarla.
La resolución de la Corte Suprema fue recibida con satisfacción por el Ministerio de Salud. Sin embargo, el Ministro Pedro García insistió en que su uso se restringa a las mujeres que hayan sido abusadas sexualmente. Por su parte, los parlamentarios que han estado al tanto de este proceso celebraron la noticia, reiterando la necesidad de que el Ministerio de Salud decrete la venta de la píldora del día después sin receta médica, para así garantizar el acceso de muchas mujeres que no tienen la posibilidad de ir a un médico a pedir la receta.
Una exigencia obvia es que este fármaco se entregue en el sistema público a toda mujer que lo solicite, y que además se informe acerca de esa disponibilidad. De ese modo se aseguraría que todas las mujeres que requieran un método de emergencia luego de una relación sexual desprotegida cuenten con él, y que no sea un requisito haber sido violada o contar con los recursos económicos para comprarlo en las farmacias.
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