El 25 de noviembre, organizaciones peruanas feministas y de mujeres de base expresaron su rechazo a las políticas del Estado en esa área. El foco de la protesta fueron las acciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), que en vez de contemplar los derechos de la mujer como ciudadana integral y autónoma, los restringen al marco de la familia tradicional. Quienes se manifestaron para conmemorar en Lima el Día de la No Violencia contra la Mujer bregan por que se profundice el enfoque de género tanto en el campo de la violencia sexual, como en la atención a la pobreza y a las poblaciones vulnerables.
A partir de las 7 de la noche del 24 de noviembre, cientos de mujeres de diferentes organizaciones sociales y también de hombres que luchan contra la violencia sexual realizaron una vigilia frente a la sede del MIMDES, llevando ofrendas florales en recordación de las mujeres víctimas de la violencia. El acto fue difundido a través de varios canales de televisión.
El día 25 se llevó a cabo una concurrida marcha. La concentración se inició desde horas de la mañana en el Parque de la Muralla, en el centro de Lima. Cientos de manifestantes corearon lemas como «justicia sí, violencia no», «ministra, cumpla», «qué quieren las mujeres, queremos derechos», «cocinas no, derechos sí», «lesbofobia es violencia sexual». La marcha pasó frente al Congreso de la República y el Poder Judicial y culminó frente a la sede del MIMDES.
Coordinadamente, otros colectivos de mujeres se reunieron en las inmediaciones de la Embajada de Chile, para exigir la extradición del ex presidente Alberto Fujimori, durante cuyo gobierno miles de mujeres fueron esterilizadas sin información ni consentimiento previo. El Estado no ha seguido las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en las cuales se demandaban reparaciones económicas para las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas durante ese régimen.
En todos estos actos fue cuestionada la inexistencia de un sistema centralizado que pueda dar cuenta de la magnitud de la violencia que se ejerce contra las mujeres, lo cual refleja la desarticulación de las políticas públicas implementadas por el MIMDES. Mientras los medios de comunicación y las estadísticas muestran un sustantivo aumento de las denuncias por violencia contra la mujer, en los últimos años el estado peruano ha disminuido presupuesto destinado a enfrentar este grave problema social. Tal situación ha generado el cierre o la disminución de recursos destinados a los denominados Centros Emergencia Mujer.
A pesar de los avances normativo-legales logrados gracias a la presión de las organizaciones feministas en las últimas décadas, el Estado aún no cumple con la implementación de políticas públicas que enfrenten adecuadamente este problema social, ni emprende campañas que incidan en el campo cultural, previniendo y fomentando una cultura de no violencia.