Las reformas a las constituciones en los estados de la República para redefinir el concepto de vida son “reaccionarias”, en el sentido de que reaccionaron en contra de la modificación realizada en el Distrito Federal para ampliar los derechos de las mujeres y permitir, entre otros aspectos, la interrupción del embarazo. De tal suerte, pudieran llevar al “extremo” de que la legalidad del uso de los métodos anticonceptivos entre en la “ilegalidad”, advirtió Pedro Salazar Ugarte, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).