El debate sobre el aborto se ha reactivado en forma polarizada en Latinoamérica, especialmente debido a la intervención de la Iglesia Católica. Cabe mencionar la polémica con relación a la despenalización del aborto en México D.F. y las declaraciones del Papa Benedicto XVI en su visita a Brasil. En Colombia el 10 de mayo se cumplió un año de la promulgación del fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en tres casos (riesgo para la vida o para la salud de la gestante, malformación fetal incompatible con la vida extrauterina, embarazo producto de una violación). Mientras agrupaciones de mujeres conmemoraban ese logro, grupos contrarios protestaban en la calle contra el mismo. Con el impulso de congresistas de partidos conservadores, se encuentra en curso en la Comisión Séptima de la Cámara un proyecto de ley que exhorta al Estado a entregar un subsidio a aquellas mujeres que decidan no abortar.
A un año de la medida de la Corte, ¿qué ha sucedido? El hecho de pasar de una penalización total a una despenalización parcial, ha sido un logro significativo en materia de derechos sexuales y reproductivos. El aborto es debatido como un problema de salud pública y de derechos humanos. Son varios sin embargo los límites del fallo para hacer frente a la situación en que se encuentran la salud y los derechos de las mujeres. La objeción de conciencia continúa siendo un obstáculo. También lo son las trabas administrativas impuestas a las mujeres por parte de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), tales como el sometimiento a comités de ética o ampliación de los requisitos ya estipulados por la Corte, situación que conlleva la demora de los procedimientos y con esto la superación del límite de semanas permitidas para abortar, teniendo así que apelar al recurso constitucional de la Tutela.
Entre las 3.800.000 mujeres en edad fértil afiliadas al Contributivo, las EPS han cubierto 40 abortos legales, según datos suministrados por la Asociación de Empresas de Medicina Integral (Acemi) al periódico El Tiempo. Como no se cuenta con datos contundentes del sistema público de salud, no es posible medir con claridad el impacto del fallo sobre la salud pública. El grave panorama de mortalidad materna asociado al aborto clandestino no ha cambiado en el país. Existen serios problemas de difusión del fallo a la población en general, de entrenamiento y sensibilización del personal de salud y de control del Ministerio de Protección Social frente a las acciones de las EPS.
Pero los pocos abortos reportados reflejan otro problema más grande que el de la implementación: el aborto, incluso en los casos despenalizados, continúa siendo objeto de reprobación pública, razón por la cual las mujeres siguen acudiendo a ofertas clandestinas e inseguras. Los casos despenalizados corresponden aproximadamente al 20 % de las causas de aborto. La mayoría de los casos de aborto corresponden a embarazos no deseados, no planeados, inoportunos o que se presentan en momentos económicamente precarios para las mujeres. Son situaciones a las que una despenalización parcial del aborto no puede responder.
Tres miradas para un balance del fallo
Las voces de tres especialistas en este proceso en Colombia, aportan elementos para percibir los logros y limitaciones en el tratamiento del tema y los retos que aún continúan en la agenda.
En un acto conmemorativo de la sentencia de la Corte, la organización Women´s Link Worldwide invitó a políticos, artistas y personajes destacados en el ámbito público a leer extractos del texto de la sentencia en los que se recalcaba la necesidad de considerar a la mujer como sujeto de derechos y a la equidad de género como un requisito para la democracia y una sociedad igualitaria. El fallo explica la injusticia cometida contra las mujeres que son obligadas a continuar con un embarazo en circunstancias lesivas para su integridad como persona o condenadas a interrumpirlo en condiciones inseguras.
En dicho acto, Mónica Roa presentó varios casos de mujeres que tuvieron problemas en hacer uso de la ley para interrumpir su embarazo, subrayando los obstáculos para poner en práctica este derecho. De todas maneras, insistió en que la sentencia es excelente en términos de derechos humanos y de equidad de género y en que, en tiempo record para la región, el Ministerio de Protección Social promulgó una reglamentación “excelente”, con todas las recomendaciones de la OMS.
En relación con el balance que ha circulado por los medios de comunicación, en el que se afirma que solamente 40 mujeres se han hecho abortos legales, Roa ponderó como “muy positivo” el hecho de que éstas hayan podido practicar interrupciones de su embarazo de manera legal y segura, rescatando que “nada más esos casos ya hacen que el fallo valga la pena. De tomas maneras, es difícil predecir cuántas mujeres se beneficiarán de esta sentencia, pero esperamos que sean muchas más. Los retos siguen siendo muchísimos y es necesario recordar que este es un tema muy difícil, atravesado de fuertes prejuicios lo cual no se puede cambiar de un año para otro.”
Por su parte Sandra Mazo, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, afirmó que si bien hubo una gran ganancia, existen también aspectos negativos al hacer un balance sobre el fallo de la Corte.
El aspecto positivo radica en que el tema del aborto ya no sea un tabú y forme parte de la escena pública. Según Mazo, el debate adquirió un mejor nivel al modificar el contexto de una discusión meramente religiosa a otro en el que adquieren relevancia los argumentos científicos y posiciona el tema como un problema de salud pública, justicia social, equidad género y derechos humanos.
Del lado negativo se encuentra la deficiencia de la socialización de la sentencia: no se han trasmitido en términos sencillos y claros las diferentes maneras en que las mujeres pueden acceder a la interrupción de su embarazo. De hecho, son las organizaciones de mujeres las que, de una manera muy limitada, se han encargado de sensibilizar e informar.
El reducido número de abortos legales reportados por un lado muestra la falta de comprensión y alcance del fallo; por el otro oculta la realidad de otras múltiples causales de aborto que todavía no han sido contempladas por la ley, constituyendo una preocupante situación de salud pública y de derechos humanos.
Este panorama a un año de la Sentencia que despenaliza parcialmente el aborto, plantea al Estado la urgente necesidad de promover medidas para garantizar el efectivo cumplimiento de este derecho, ya que la cifra de enfermedad y muerte por esta causa aún es preocupante. Según el Secretario de Salud de Bogotá, entrevistado por Radio Caracol, “es cercana a mil la cifra de mujeres que mueren en el país a causa del aborto practicado de manera clandestina. En Bogotá, por ejemplo, las estadísticas muestran que en los últimos 12 meses, murieron 146 mujeres por la práctica inducida o clandestina de este procedimiento”. A un año del fallo de la Corte se confirma que en Bogotá “sólo fueron reportados 10 casos específicos, 6 de ellos de menores entre los 11 y los 14 años por violencia sexual”.
Olga Amparo Sánchez, de la Corporación Casa de la Mujer, advierte que “un año es un período muy corto para medir el impacto del fallo, sobretodo si consideramos que está asociado a procesos de cambio cultural de muy largo plazo.”
Ella considera, que es un avance en términos políticos y simbólicos, pero como logro concreto de reconocer libertad y autonomía para las mujeres es muy limitado, ya que continúa siendo un derecho condicionado, sometido a criterios y a autorizaciones de terceros, ya sea por procesos legales ligados a la denuncia o por el diagnóstico médico.
Tanto la normatividad posterior como la Sentencia tenían elementos muy positivos para evitar obstáculos en el acceso al aborto. Sin embargo, en la práctica esto no ha sido así. Ante el reconocimiento de la autonomía de las mujeres, emergen obstáculos morales y culturales de los prestadores de servicios de salud, tanto de las instituciones como de los propios médicos. Por el modo en que funciona el sistema de salud, la información adecuada y la capacidad técnica se concentran en las grandes ciudades, dificultando el acceso al tratamiento en los lugares apartados, a lo que debe añadirse la existencia de contextos morales más adversos en esos sitios.