La vida le ha dado “un segundo palo”, y por eso M. C. D., la primera lesbiana de las represaliadas durante el franquismo que ha pedido una indemnización, entiende que para ella es casi un deber moral atender a los medios de comunicación. Pero lo hace a disgusto y con limitaciones: ni su nombre ni su lugar de residencia deben ser hechos públicos. No es solo por las secuelas de aquel proceso, en el que una niña de 16 años fue detenida, puesta en libertad condicional y juzgada ya con 17 por ser lesbiana. También le influye en la ciudad en la que vive, de la que se niega a dar ningún tipo de detalle, las cosas no le están siendo fáciles a ella y su pareja. La homofobia no está extinguida, ni mucho menos comenta Antoni Ruiz, presidente de la Asociación de ex Presos Sociales, que es quien ha asesorado a M. C. D. para que reclame.