Del 5 al 8 de junio se realizó en Brasilia la Primera Conferencia Nacional LGBT. La importancia de evento radica no sólo en el hecho de ser el primero de este tipo en el país, sino en los resultados obtenidos como la creación del Plan Nacional de Políticas Públicas para la población LGBT, de un Consejo Nacional LGBT y de la Subsecretaría Especial de Derechos Humanos. En la mesa “Coyuntura Internacional – Contextualización y perspectivas”, activistas de diversos países expusieron el estado de situación legal en relación con los derechos de la población LGBT en América Latina. El panel fue parte de una estrategia destinada a intercambiar la experiencia de esta conferencia con otros países. El brasileño Beto de Jesus, representante d la Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros (ABGLT), presente en el panel, se refirió a la importancia de la colaboración entre redes activistas. “Las situaciones locales son duras, pero nuestra lucha debe superar los localismos”, analizó.
La Conferencia brasileña estuvo signada por la aprobación, por parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, en su 38ava reunión llevada a cabo en Medellín (Colombia), de la Resolución «Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género». Esta resolución, que había sido presentada por la delegación del Brasil y fue aprobada por consenso, “genera un precedente importantísimo de acuerdo entre todos los países de la región, tengan leyes a favor o en contra, de reconocer la orientación sexual y la identidad de género como causas de violaciones a los derechos humanos”, declaró el representante argentino en la mesa, Marcelo Ferreyra, integrante de la Oficina para América Latina y el Caribe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (ILGHRC).
A la hora de la discusión en la Asamblea General, todos los países de América Latina estaban a favor, a excepción del bloque del Caribe angloparlante. El argumento de ellos era que la resolución contradecía la legislación interna de los países, muchos de los cuales tienen leyes en contra de las relaciones entre personas del mismo sexo. “Estados Unidos se propuso para redactar nuevamente la resolución y presentó un texto mucho menos comprometido, más suave. Con esa estrategia logró quebrar el bloque del Caribe angloparlante, quedando sólo dos países en contra: Bahamas y Antigua y Barbuda, pero a través de gestiones con los gobiernos logramos ponerlos de nuestro lado, ya que estas resoluciones necesitan ser aprobadas por consenso” explicó Ferreyra.
Para Ferreyra, la importancia de haber logrado esta Resolución radica en que, con ella, ningún país se opondrá a la inclusión de la orientación sexual y la identidad de género como variables de discriminación. Este antecedente, además, abre las puertas de la OEA para la aprobación de la Convención sobre Discriminación, Racismo y Otras Formas Conexas de Xenofobia, con la inclusión de la orientación sexual y la orientación de género, también presentada por Brasil. La Convención, que aún está siendo discutida en Washington, genera la posibilidad de armar bloques con acuerdos previos en ámbitos internacionales, como por ejemplo las Naciones Unidas.
El caso chileno
Representando a Chile, Anatolia Hernández, presidenta del Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (MUMS), explicó que en ese país aún queda mucho camino por andar, sobre todo en lo que respecta a la creación de políticas de Estado que “acaben con la violencia y con la muerte, una realidad para la población LGBT chilena”, ya que todavía no existe ninguna ley que criminalice la transfobia, la lesbofobia, y todas las formas de violencia y discriminación “que nos impiden ser quienes queremos ser”, señaló. La activista reclamó la falta de un trabajo articulado entre la sociedad civil y el gobierno, denunciando que hasta el momento “ningún presidente de la concertación, ni siquiera la presidente Bachelet” ha recibido a las organizaciones LGBT chilenas.
Dentro de este panorama adverso, Hernández rescató la Ley Marco Antidiscriminatoria, sobre la cual se está trabajando, señalando que es necesario evitar que el gobierno la convierta en una “carta de intenciones”. A su vez, señaló la necesidad de revisar las políticas públicas ya existentes. “Tenemos programas de afectividad y sexualidad que incorporan los conceptos de género y orientación sexual, pero una educación que no está preparada para incorporar estas temáticas ni para implementar tales programas” explicó. También denunció la decisión del Tribunal Constitucional de ese país que el mes pasado prohibió la distribución de la píldora del día después en los hospitales públicos, perjudicando una vez más a la población más cadenciada, y la invisibilidad de las lesbianas en la aplicación de la ley de tratamiento a personas con VIH/sida. Finalmente se refirió a la necesidad de “seguir construyendo políticas públicas que rompan con el sentido común de la heterosexualidad”. “Nosotros desde el MUMS queremos un cambio integral donde la heterosexualidad no sea la cultura dominante”, señaló.
Los sures y los nortes
Un punto reiterado por los integrantes de la mesa fue la división de trabajo que existe entre los movimientos LGBT de Europa, Estados Unidos y Canadá –llamados por los activistas como el “norte global”– y los de los países latinoamericanos, africanos y asiáticos –el “sur global”. “El ‘sur global’, en el que estamos todas y todos nosotros, es el que pone las experiencias, las violaciones a los derechos humanos y las víctimas. Los del ‘norte global’, ponen el conocimiento experto y la representación política”, ironizó Mauro Cabral, coordinador del área de observatorios del Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, Mulabi.
Esta división repercute en la distribución de los financiamientos, que quedan en su mayoría en manos de los movimientos de los países del norte. Para Cabral, eventos como la Conferencia realizada en Brasilia o la aprobación de la Resolución en la OEA “tienen que ser un mensaje muy fuerte hacia el ‘sur global’: no somos sólo quienes ponemos las víctimas y las violaciones, sino también los que aportamos un saber-hacer teórico y político. Esto tiene que servir para que nuestros activistas en toda Latinoamérica y de África seamos capaces de mostrarles a nuestras financiadoras, las mismas que le entregan el dinero a las del ‘norte global’, hasta qué punto somos capaces de hablar por nosotras y nosotros mismos, lograr que nuestros Estados nos escuchen, organizarnos y dar batalla. Es una pena que la gente de Estados Unidos, Europa y Canadá no esté aquí para ver esto que organizamos nosotros, sin que ningún gringo o gringa nos diga cómo se hace”, puntualizó.
En ese mismo sentido, Marcelo Ferreyra agregó que los activistas de los países del sur “ponemos el cuerpo y somos los testimonios del norte pero también hacemos políticas públicas y logramos políticas internacionales, como la resolución que presentó Brasil en la OEA, en la cual se mencionan los principios de Yogyakarta.
Al respecto, Sonia Correa, investigadora de la Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA) y del Sexuality Policy Watch (SPW), explicó que los Principios de Yogyakarta “constituyen un parámetro de utilidad para poner en cuestión las regulaciones que afectan a las personas ubicadas por fuera de la norma heterosedominante. Es un texto que no menciona cuerpos biológicos o identidades sexuales, sino que trata situaciones en que esas identidades producen discriminación y violencia física y deben ser utilizados para orientar políticas públicas.” Los Principios de Yogyakarta incluyen un amplio espectro de normas de derechos humanos y su aplicación a cuestiones de orientación sexual e identidad de género, reflejando el estado actual de la legislación internacional en ese ámbito.