El 92% de los casos sigue en investigación, sea en el Ministerio Público o en diversas instancias del Poder Judicial.
La judicialización de casos por violaciones a derechos humanos avanza con preocupante lentitud, advirtió el último informe de la Defensoría del Pueblo sobre la actuación del Estado frente a las víctimas de la violencia política.
De los 192 casos presentados desde el 2001 por esta institución, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y los que forman parte del acuerdo amistoso entre el Perú y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tan solo diez cuentan con una sentencia, cinco de ellas condenatorias y otras cinco absolutorias; pero además otros seis casos han sido archivados por diversos motivos.