La deficiente respuesta estatal frente a la violencia de género, traducida en presupuestos ínfimos para atender este problema y en un inoperante sistema de justicia que favorece la impunidad, fue el tema principal de campaña del Colectivo 25 de Noviembre, instancia que reúne a instituciones y organizaciones de la sociedad civil en el marco de la conmemoración del Día de la no Violencia contra la Mujer.
“Mujer, el Estado no te defiende frente a la violencia” fue el lema principal de las acciones de la campaña que incluyó una movilización recorriendo el Congreso de la República y las sedes de los organismos administradores de justicia.
Han transcurrido más de diez años desde la promulgación de la Ley Nº 26260, de Protección frente a la violencia familiar; sin embargo, la realidad demuestra que la existencia de la norma no basta para frenar el maltrato que sufren las peruanas de todos los estratos sociales y en todas las regiones del país. Los servicios estatales para denunciar los casos de violencia contra la mujer no son suficientes para cubrir a toda la población, particularmente en las zonas rurales más alejadas, donde prácticamente no hay alternativas para que las agraviadas accedan a la justicia.
“Las leyes sin presupuesto son pura demagogia”, señala uno de los lemas del Colectivo 25 de Noviembre, aludiendo a la poca eficacia de la acción estatal referida a la prevención y atención de la violencia familiar y sexual.
El Feminicidio, expresión de la indiferencia estatal
En las dependencias policiales del Perú se reportan alrededor de 18 violaciones sexuales por día, cifra que esconde la verdadera dimensión de este tipo de violencia, puesto que la mayor parte de las víctimas se abstiene de denunciar. Por otro lado, cada mes 15 mujeres son asesinadas por sus parejas, mientras alrededor de 9 quedan en grave estado a causa de la violencia infligida contra ellas.
El feminicidio es considerado por las activistas por los derechos de la mujer como la expresión más cruel de la indolencia del Estado frente a la violencia de género. La mayor parte de las mujeres asesinadas había denunciado reiteradamente al agresor, pero el sistema judicial no actuó oportunamente para defender a las víctimas y librarlas de una muerte anunciada.
El Colectivo 25 de Noviembre denunció en un comunicado de prensa la indiferencia del Estado frente a los asesinatos de las mujeres, demandando a las autoridades la asignación de los recursos necesarios para un funcionamiento efectivo de los servicios destinados a atender los casos de violencia familiar y sexual. En tal sentido, reclama la prevención de estos crímenes y la aplicación de sanciones ejemplares a los culpables.
Justicia y reparación para víctimas de violencia sexual en el conflicto armado
Asimismo, el pronunciamiento denuncia la ausencia de juicios y condenas a los responsables de las masivas violaciones sexuales cometidas contra mujeres andinas y amazónicas durante el conflicto armado que vivió el Perú de 1980 al 2000 y exige justicia y reparación para ellas. El Informe Final de la Comisión de la Verdad documentó 527 casos de mujeres sometidas reiteradamente a violencia sexual, principalmente por efectivos de las fuerzas armadas y policiales en las denominadas zonas de emergencia, en las que se habían suprimido las garantías civiles y políticas.
Otro de los aspectos resaltados en los actos públicos impulsados por las organizaciones de mujeres fue la situación de pobreza y exclusión que afecta a un significativo sector de peruanas y que limita el ejercicio de sus derechos. En tal sentido, las demandas por justicia frente a la violencia de género se articulan con la exigencia de una distribución equitativa de los recursos, ya que el Perú presenta la paradoja de ser una economía de activo crecimiento en la región, pero también una de las naciones con mayor inequidad social. “El cambio del modelo económico neoliberal es uno de los requisitos para que haya una efectiva respuesta estatal frente a la violencia y postergación en que vivimos las mujeres”, manifestó la abogada feminista Maria Ysabel Cedano, una de las voceras de la campaña.
Por su parte, Gina Vargas, representante de la articulación Feminista MarcoSur consideró que la indiferencia del Estado frente a la violencia de género es un signo antidemocrático que revela la incapacidad de los tomadores de decisiones para garantizar una vida digna para la mitad de la población del país. “Nuestra lucha es profundamente democratizadora porque al salir a las calles a demandar justicia estamos contribuyendo a que el Estado y la sociedad en su conjunto asuman la responsabilidad que les compete en garantizar los derechos humanos de las mujeres”, señaló.