En el último año de gobierno de la Presidenta Bachelet, cuando ya se anuncian programas y candidaturas para el próximo mandato, vale la pena, al hacer un análisis del gobierno, discutir en qué medida se han recogido contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil para generar una cultura más igualitaria y no discriminatoria, y hasta dónde ha habido respuesta a las necesidades de las mujeres. Convocado para abordar estas problemáticas, el seminario sugerentemente titulado “¿Género en el Poder? tuvo lugar los días 28 y 29 de mayo en el Centro Cultural Palacio La Moneda, organizado por el Observatorio de Género y Equidad, una iniciativa de organizaciones de mujeres de la sociedad civil destinada a la reflexión, monitoreo y evaluación del proceso político iniciado con el Gobierno de Bachelet.
Para Teresa Valdés, coordinadora del Observatorio, hablar de género en el poder, no es referirse exclusivamente a las mujeres en el poder, sino al efecto que produce una mujer en un lugar habitualmente ocupado por un hombre. “Las relaciones entre hombre y mujer son las que se ponen en el debate. Algo sucede cuando no es un hombre sino una mujer quien ocupa un cargo de dirección: ¿cómo nos relacionamos con ella?, ¿cómo aceptan los varones ser mandados por una mujer cuando no están acostumbrados a ello, ya sea como Presidenta, Ministra de Defensa, de Salud o en calidad de Vocera de Gobierno, por ejemplo? Los acuerdos tácitos, habituales entre varones que se mueven en el mundo político o del lobby, no funcionan de igual manera. Surge una tensión que nos interesa hacer visible, así como evidenciar que las mujeres somos capaces de estar en todos los cargos de dirección, al igual que los hombres” precisó la experta.
Durante el encuentro se abordaron tres grandes temas estratégicos referentes a los avances en la autonomía de las mujeres en tres ámbitos: el cuerpo, la economía y la política, durante el gobierno de Michelle Bachelet. Estas temáticas se analizaron en cuatro paneles.
El primero fue Avances y desafíos en torno a la autonomía del cuerpo de las mujeres. Expusieron, Gloria Maira, economista de la Red Chile contra la Violencia Sexual y Doméstica y Soledad Díaz, médica y experta del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva –ICMER.
El segundo panel Avances y desafíos en torno a la autonomía económica de las mujeres contó con la participación de Clarisa Hardy, psicóloga, experta en políticas sociales, ex Ministra de Planificación Nacional, y Rosa Bravo, economista, experta en género. El tercero, Avances y desafíos en torno a la autonomía política de las mujeres, tuvo como expositora a Lorena Fríes, abogada, Presidenta Corporación Humanas, cuya presentación fue comentada por Paulina Veloso, abogada, ex Ministra Secretaria General de la Presidencia y Alejandra Valdés, planificadora social y consultora del International Research and Training Institute for the Advancement of Women , UN-INSTRAW.
Finalmente, el Panel Género en el poder: Chile, Argentina, Alemania y España contó con la presencia de invitadas extranjeras. Representando a Chile estuvo María de los Ángeles Fernández, Cientista Política y Directora Ejecutiva de la Fundación Chile 21; por Argentina, Diana Maffía, filósofa y Diputada de la Ciudad de Buenos Aires. Por Alemania habló Barbara Stiegler, Doctora en Filosofía, de la Fundación Friedrich Ebert – Alemania y por España Isabel Martínez, Secretaria General de Políticas de Igualdad del Ministerio de Igualdad del gobierno español.
El cuerpo en foco
El primer panel el debate giró en torno a las políticas y programas en salud y educación que permitirán el ejercicio pleno de derechos sexuales y reproductivos a mujeres y hombres, particularmente a las y los jóvenes. Sin desconocer los avances, se hizo evidente la frustración entre las mujeres asistentes por las deudas existentes en este campo.
La doctora Soledad Díaz hizo un resumen de los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos en democracia y de las propuestas del programa de gobierno de Bachelet. Explicó que, entre otras iniciativas, se planteó promover la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW; promulgar e implementar las Normas de Regulación de la Fertilidad; asegurar la total cobertura en la entrega de anticonceptivos (prevención y anticoncepción) a mujeres y hombres; sensibilizar a funcionarios/as en equidad de género y en violencia intrafamiliar y sexual contra las mujeres; actualizar el contenido y reactivar el debate parlamentario para la aprobación de la ley marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (DDSSRR) y desarrollar planes y campañas comunicacionales de prevención de VIH/sida e ITS.
Apenas iniciado el gobierno de la Presidenta Bachelet -comentó la experta- se promulgaron las Normas de Regulación de la Fertilidad, incluyendo en el Plan Auge la atención personalizada y analgesia en el parto. Otro logro importante y muy reciente, en abril de este año, fue el instructivo sobre confidencialidad en casos de aborto. “Cabe destacar que la promulgación de la mayoría de estas iniciativas legales fue posible gracias a la iniciativa y/o el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil (mujeres organizadas, académicos, científicos, educadores, proveedores de salud, personas viviendo con VIH, grupos por la diversidad sexual, etc.)”, precisó.
Sin embargo, la promulgación de leyes y normas –según el análisis de Soledad Díaz- no dispuso de suficientes recursos humanos y financieros, capacitación del personal, difusión en la población así como seguimiento y evaluación para su óptimo funcionamiento. “Hoy algunas iniciativas de la sociedad civil y de parlamentarias/os ni siquiera se discuten, como el Proyecto de Ley Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos, que no cuenta con urgencia del gobierno”, indicó Soledad Díaz. La experta contó que en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2009), Chile rechazó las recomendaciones sobre aborto y la discusión sobre matrimonios entre personas del mismo sexo.
En Chile, el aborto es ilegal y está penalizado aún cuando la vida de la mujer esté en peligro. La discusión sobre aborto por razones médicas es aún un tema vedado en el parlamento y las consecuencias de la ausencia de una ley recaen sobre las mujeres pobres que no pueden financiar un aborto en una clínica privada. En efecto, son las mujeres más pobres las que arriesgan ir a la cárcel por interrumpir un embarazo que no pueden continuar.
La expositora informó que para avanzar en estos temas, es necesario establecer un marco jurídico que reconozca explícitamente los Derechos Sexuales y Reproductivos y genere las condiciones para su pleno ejercicio. Chile tiene un largo y difícil camino que recorrer para que se respete la autonomía y se ejerzan estos derechos. “La pregunta es: ¿Hay voluntad política para hacerlo?” concluyó la profesional.
Gloria Maira, por su parte, criticó la Ley de Violencia Intrafamiliar (VIF) que encerró en el ámbito doméstico la violencia contra las mujeres –igualándola a la violencia contra niños y ancianos- y las contradicciones existentes respecto a su aplicación.
La experta reconoció que el programa de gobierno de Bachelet incluyó la formación de jueces, fiscales y defensores nacionales en nociones sobre derechos humanos de las mujeres, así como la realización de campañas públicas de prevención, denuncia y erradicación de la violencia contra las mujeres. También se refirió a la propuesta de modificar la Ley de Acoso Sexual que busca incorporar esta situación en el ámbito escolar y público, así como una penalización más eficaz, entre otros aspectos relevantes.
La creación de los Tribunales de Familia y el posterior aumento de personal es otro avance en esta materia, precisó, así como la incorporación de la VIF en programas de seguridad ciudadana y la instalación de centros de atención a víctimas de delitos violentos en el Ministerio del Interior.
Sin embargo, las reformas legales no amplían los rangos de protección de las mujeres. “No hay garantía de acceso a la justicia para las mujeres, hay impunidad para los agresores. Además la asignación de recursos es insuficiente, desconociendo la magnitud de la violencia contra las mujeres”, precisó Gloria Maira.
Asimismo, la profesional señaló que actualmente la red institucional a cargo de la violencia contra las mujeres está sobre-exigida, cuando no colapsada. La capacitación a jueces y fiscales es insuficiente y más bien pareciera que la responsabilidad fuera de las mujeres. “Los operadores de justicia no entienden el problema. No existe capacitación institucional ni conocimiento en derecho especializado en violencia contra las mujeres. El aparato de justicia está dando una señal preocupante a la sociedad y en particular a las mujeres: no hay justicia para ella, y sí hay impunidad para los agresores. La respuesta pública hace agua”, enfatizó.
Se destacó que, gracias al impulso del movimiento feminista y de mujeres por hacer de la violencia contra las mujeres y del femicidio un problema público y político y el lugar que le ha dado la Presidenta Bachelet al tema, hoy se discute en el Parlamento un proyecto para ampliar el rango de protección de la ley de Violencia y tipificar el “femicidio”. En cierta medida, estos son una expresión de la incapacidad del sistema de proteger a las mujeres. En el año 2008 hubo 59 asesinatos de mujeres y en los primeros 5 meses del 2009, la cifra ya llega a 20. “Proteger la vida e integridad de las mujeres requiere nombrar la violencia contra las mujeres como tal, y por tanto, reconocer el estatuto de sujeto de quien se ha vulnerado sus derechos. Sólo así se fortalecerá en las mujeres la decisión de no aceptar agresiones en ninguna de sus relaciones y tendrán posibilidades reales de erradicar la violencia de sus vidas”, concluyó la experta.
Durante el panel sobre autonomía económica, las expositoras debatieron respecto a las condiciones básicas para contar con un trabajo que permita la independencia de hombres y mujeres por igual. También pusieron énfasis en el rol indelegable del Estado y resaltaron el desarrollo de una política de protección “no familiarista”, basada en los derechos, instalada por la Presidenta Bachelet. Dicha política asume que la superación de las desigualdades debe ser abordada desde la cuna, de allí su nombre “Chile crece contigo”, una reforma que transformará en el mediano plazo la vida de las mujeres.
En los paneles Avances y desafíos en torno a la autonomía política de las mujeres y Género en el poder: Chile, Argentina, Alemania y España se destacó que a pesar de las duras criticas, el gobierno de la presidenta Bachelet inauguró un período de cambios en la sociedad chilena cuyo impacto está aún por ser evaluado. Se señaló que la inclusión de mujeres en el gabinete en una proporción similar a los hombres mostró que era posible representar de otra manera el poder político, pero que la voluntad política de los actores que deciden sobre esta inclusión sigue siendo clave. De hecho, el 63% de las mujeres dice estar dispuesto a votar por otra mujer, pero ello depende de que los partidos políticos presenten candidatas. Las mujeres son mayoría en el electorado, más disciplinadas para votar y han demostrado ser electoralmente rentables y más económicas, porque su gasto electoral es considerablemente menor al de sus pares hombres.
De todos modos, las panelistas destacaron la necesidad de una estrategia que sostenga la paridad, un sistema que garantice la representación equilibrada de hombres y mujeres. Para ello, el gran desafío es la construcción de un pacto democrático de inclusión más allá de las mujeres, puesto que la exclusión no se agota en ellas, sino que se hace presente también en colectivos de varones. Un pacto por la no exclusión de las fuerzas democráticas y progresistas debería enfrentar el conjunto de discriminaciones sistémicas que produce el sistema político para tender a su superación. Para ello se requiere de un acuerdo político entre mujeres que posibilite la conversación.
Por último, se hicieron visibles cuatro experiencias que revelaron liderazgos femeninos muy diferentes. Las trayectorias políticas de las mujeres que dirigen Chile, Argentina y Alemania difieren considerablemente y su relación con el poder masculino también. En todos estos países, sin embargo, la clase política ha resistido y utilizado los medios de comunicación para descalificar su liderazgo y, posiblemente, hacer retroceder a las mujeres en su conjunto hacia roles considerados “femeninos”. España mostró un proceso histórico de importantes cambios en 30 años. Un país que antes estuvo rezagado en relación al resto de Europa, hoy cuenta con gobierno paritario, Ley de Igualdad y un Ministerio de Igualdad que marcan un camino para los países de América Latina y Europa.