Pese a los avances en materia de equidad de género en diferentes países de América Latina, a la movilización feminista, el lugar de las mujeres en organizaciones sociales de base y a mudanzas en los imaginarios colectivos, que contrarrestan creencias tradicionalistas de visos androcentristas, existe aún un espacio en el cual la tan buscada igualdad entre hombres y mujeres parece ser una utopía difícil de alcanzar: la participación política.
En América Latina encontramos países como Cuba y Argentina, que ocupan respectivamente el 4º y 11º lugar a nivel mundial en el ranking de participación femenina en el poder político, elaborado por la Inter Parliamentary Union. Simultáneamente, países como Costa Rica, Perú, Ecuador, Honduras y México han dado saltos importantes en los últimos años gracias a la legislación y a la modificación de los sistemas electorales.
Por otro lado encontramos países como Brasil, Panamá y Colombia, que ocupan los lugares 107, 109 y 110 en el mismo ranking. En Brasil, una reforma electoral reciente que entrará en vigor en las próximas elecciones de octubre podrá comenzar a cambiar ese cuadro. (Lea aquí sobre participación política femenina en el Brasil).
¿Cuáles son los motivos de diferencias tan marcadas? ¿Cuáles las diferencias en los sistemas electorales de los países de la región y cuáles de estos sistemas garantizan mayor participación femenina? ¿Cuáles son los desafíos en la búsqueda por equidad en el acceso al poder político? Para responder estas preguntas el CLAM entrevistó especialistas en el área: Teresa Valdés (socióloga chilena, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad); María Ysabel Cedano (abogada peruana, representante del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – DEMUS); Angélica Bernal (politóloga y feminista colombiana); Mónica Petracci (socióloga argentina, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad – CEDES) y Merixtell Calderón (mexicana, coordinadora en América Latina de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos).
Leyes de acción afirmativa en el camino por la equidad
La actual realidad en la región parece indicar que los principales avances en materia de equidad en la política se han presentado en aquellos países donde se llevan a cabo políticas de acción afirmativa, específicamente, la aplicación de una ley de cuotas para mujeres en las listas electorales. Argentina, por ejemplo, en 1991, con la sanción de la Ley 24.012 -Ley de Cupo Femenino- se transformó en el primer país del mundo que adoptó una cuota mínima de candidaturas legislativas para mujeres a través de la reforma de su legislación electoral. En virtud de dicha ley los partidos políticos están obligados a incorporar un mínimo de 30% de mujeres en sus listas electorales. Este es un sistema de listas cerradas con alternancia de género, y el 30% de cupos tienen que estar distribuidos a lo largo de toda la lista, lo cual impide que las mujeres queden al final de la misma y disminuye la competencia entre candidatos del mismo partido. Si bien la selección de candidatos dentro de cada partido político es realizada por las elites partidarias y sólo en contadas ocasiones se convoca a elecciones internas, a partir de la ley de cupos se debe cumplir con las condiciones estipuladas. La ley expresamente dice en su artículo 1° que “las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del 30% de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos”. Así, luego de las elecciones nacionales de 2009 en ese país, el 38,5% de los escaños legislativos son ocupados por mujeres. Esto equivale a 99 de un total de 257 en la Cámara de Diputados y 25 de los 71 integrantes de la Cámara de Senadores.
En Colombia, – país ubicado en el extremo opuesto de participación femenina en el poder político según la estadística de la Unión Interparlamentaria – han sido emprendidas algunas iniciativas que buscan equiparar el número de mujeres en los partidos políticos por medio de la implementación de acciones afirmativas. Angélica Bernal comenta sobre ese proceso:
Desde el año 2006 un grupo de parlamentarias liderado por la senadora Dilian Francisca Toro, en ese entonces presidenta del Senado, se reunió para conformar la bancada de mujeres en el Congreso. El grupo se centró en dos temas específicos: la violencia contra las mujeres y su participación política. Colombia atravesaba un proceso de reforma política y en ese contexto intentaron incluir un artículo que prescribía que ningún partido podía inscribir una lista que tuviera más del 70% de un mismo sexo, es decir, que ninguno de los sexos podía tener menos del 30% en una lista electoral. Esa es una fórmula conocida internacionalmente en el tema de cuotas para las mujeres. No era algo revolucionario ni que cambiara la estructura de los partidos, pero permitía mayores posibilidades a las mujeres de ser incluidas en procesos electorales.
El artículo no pasó y lo interesante de ese proceso fueron los argumentos que algunos representantes utilizaron para oponerse. Fueron básicamente tres: primero, algunos consideraron que no había una necesidad de implementar esa acción afirmativa, dado que hay antecedentes de mujeres que han hecho parte de los cuerpos colegiados del Estado; segundo, argumentaron que ese tipo de medidas era un atentado al principio de igualdad; y tercero, expusieron su preocupación de cumplir con una norma como esa, dado que no había mujeres en la política con capacidad: ¿de dónde vamos a sacarlas?
Colombia tuvo elecciones legislativas el pasado 14 de marzo. Fueron elegidas cuatro candidatas al Senado, que ocupaban los primeros lugares de sus listas. Gilma Jiménez (Partido Verde), Dilian Francisca Toro (Partido de la U), Olga Suárez Mira (Partido Conservador) y Arleth Casado (Partido Liberal). Todas obtuvieron un caudal superior a los 100 mil votos. A su vez, una mujer ganó la consulta del partido conservador, Noemí Sanín, lo que la convierte en la única candidata para las elecciones presidenciales de mayo.
Ya en Chile, país localizado en el puesto 83 del ranking mencionado, no existe una ley de acción afirmativa que favorezca la representación equitativa entre hombres y mujeres. Teresa Valdés explica:
Para acceder al Parlamento, Chile tiene un sistema electoral particular, binominal, que obliga a los partidos a organizarse en bloques y privilegia al bloque minoritario. Es un sistema bastante complejo, creado por la dictadura de Pinochet, que en lo concreto, no es representativo. Deja a sectores importantes fuera del Parlamento y favorece a la minoría. Se han presentado varios proyectos de Ley de políticas afirmativas. La expresidenta Bachelet envió al Parlamento un proyecto que busca la representación equilibrada de mujeres y hombres en cargos de elección popular, que está en el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Pero esa iniciativa no ha tenido ningún avance porque la idea de la acción afirmativa no tiene consenso en ninguno de los sectores políticos. Se trató de someter a la discusión parlamentaria, pero no tuvo el apoyo necesario. Con el sistema electoral actual es muy difícil constituir mayorías – en el Parlamento existe un empate virtual – y los proyectos no avanzan si no existe previamente cierto nivel de acuerdo.
Ley de cuotas: avances relativos
México aparece en el puesto número 28 de la estadística de la Unión Interpalamentaria sobre participación política femenina. A pesar de esa aparente ventaja en el ranking y pese a que representan 51.73% del padrón electoral, actualmente las mujeres ocupan cerca de la cuarta parte de los escaños de la Cámara de Diputados, 21% de las curules del Senado, y 9 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son hombres. Jamás ha habido una presidenta de la República y de los 32 Estados, hoy sólo dos, Zacatecas y Yucatán, son gobernados por mujeres.
El artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) de ese país, estipula que de la totalidad de solicitudes de registro de partidos políticos o coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, de las candidaturas tanto a diputados como a senadores, por lo menos 40% deben construirse con candidatos de un mismo género, con la idoneidad de llegar a la paridad. Además, el artículo 78 establece que los partidos políticos deben destinar 2% de su financiamiento público a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo femenino. La diputada Elvia Hernández García, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó el 23 de marzo pasado una iniciativa de reforma de los artículos 38 y 219 del COFIPE, con la finalidad de garantizar en los estatutos de los partidos políticos la equidad de género en sus órganos de dirección, así como candidaturas a puestos de elección popular. Propuso siguiente redacción del artículo 38:
“Garantizar en sus estatutos la equidad de género en la ocupación de sus órganos de dirección, de cuando menos el 40 por ciento y no mayor al 50 por ciento de sus miembros de un mismo sexo, así como establecer una proporción de paridad de género de no mayor del 50 por ciento en las candidaturas a cargo de elección popular, el cual podrá observarse en segmentos de dos, candidato propietario y suplente”.
A su vez, la legisladora Hernández planteó la modificación del inciso número uno del artículo 219 del COFIPE:
“La totalidad de solicitudes de registro de candidatos a diputado federal y a senador de la República que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral deberán integrarse con una proporción no mayor del 50 por ciento de candidatos propietarios y suplentes de un mismo sexo”.
Un paso atrás de México se encuentra Perú, en el puesto 29 del ranking mundial de participación femenina en el poder legislativo, con 33 congresistas electas en un parlamento compuesto por 120 representantes. Si bien medidas de acción afirmativa como la Ley de Cuotas, vigente desde 1997, han contribuido a incrementar la presencia de las mujeres en el Congreso, las organizaciones feministas consideran que aún queda mucho terreno por ganar en materia de equidad de género en la participación política. Para la abogada Maria Ysabel Cedano, aún reconociendo el avance que significa la cuota de 30% de mujeres, son necesarios otros mecanismos, como el sistema de alternancia y su variante de mandato de posición para asegurar que las mujeres logren ser elegidas.
En Perú la Ley de cuotas presenta problemas en su aplicación debido a que los partidos cumplen con la formalidad de colocar el 30% de representantes femeninas en sus listas, pero en puestos que no tienen posibilidad de éxito. Otro aspecto es el significativo déficit en el acceso de las mujeres al poder en los ámbitos subnacionales, dado que el sistema de cuotas funciona para la composición de los concejos o asambleas municipales, pero no para las nominaciones para las alcaldías y presidencias regionales. De ahí que haya solamente 5 alcaldesas de las 197 provincias que existen en todo el Perú.
La abogada feminista destacó la necesidad de fomentar una cultura que favorezca la equidad real, pues la designación de candidaturas femeninas en los partidos políticos está mediada en gran medida por la voluntad política de sus dirigentes, aun cuando las aspirantes al cargo tengan respaldo de las bases. Esta situación demanda una reforma que democratice el sistema de partidos políticos, además de la adopción de cambios en el sistema electoral que garanticen a las mujeres la posibilidad de competir de manera igualitaria por el acceso a posiciones de poder, afirmó Cedano, quien además recordó que esas acciones suponen el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades, ya vigente.
Las trampas del sistema de acciones afirmativas
Si bien la ley de cuotas ha garantizado una mayor presencia femenina en el poder político en aquellos países que han adherido a dicha estrategia, es necesario indagar en sus deficiencias, con el fin de pensar acciones que puedan mejorar su alcance y perspectivas. Como dice la investigadora Mónica Petracci: “las leyes de cupos garantizan la inclusión en las listas de votación, pero no el acceso a los cargos ni a la toma de decisiones políticas”. Un caso emblemático de las “trampas” en el esquema de cuotas se presentó en México. En la primera sesión de la actual legislatura de la Cámara de Diputados, diez parlamentarios, ocho mujeres y dos hombres, solicitaron licencia para dejar el cargo a sus suplentes, entre los que se destacan esposos, hermanos y padrinos. Al final del proceso, 12 legisladoras acabaron renunciando a sus curules, para que en su lugar entraran varones. Este juego de simulación, criticó Merixtell Calderón, muestra cómo hoy el patriarcado es parte fundamental de la vida cotidiana de los partidos políticos en México, incluso los de izquierda, que enarbolan la igualdad entre las personas. “No son suficientes las cuotas de género, hay que hacer acciones afirmativas. El caso de las diputadas que cedieron sus puestos a los hombres refleja la falta de legisladoras con perspectiva de equidad de género, y así la paridad se ve profundamente lesionada”. afirmó Merixtell Calderón.
Ante la situación, la diputada Enoé Uranga, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una iniciativa para evitar que las diputadas y senadoras abandonen sus cargos con el fin de dejarlos a suplentes hombres. La legisladora y activista de la diversidad sexual propuso reformar el COFIPE de manera que las vacantes de los diputados plurinominales deban ser cubiertos por sus suplentes en la fórmula electa respectiva y que en caso de que la vacante corresponda a una fórmula propietaria de candidatas de género femenino, “será cubierta por la fórmula de candidatas de ese mismo género del partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de haberse asignado los diputados que le hubieren correspondido.
Las expertas entrevistadas coinciden en afirmar que sólo por medio del perfeccionamiento de acciones afirmativas y con la unión estratégica de algunas de éstas será posible contrarrestar las barreras que se imponen para el avance femenino en el poder político. El cambio no puede darse sólo en el nivel de las leyes y las instituciones: se requiere que sean incentivadas transformaciones significativas en las mentalidades e imaginarios socioculturales. En Chile, por ejemplo, explica Teresa Valdés:
Hay tres grandes barreras para el avance de las mujeres: en primer lugar los partidos políticos, que siguen siendo – y peor que antes – una elite, una capa política profesionalizada que, además, tiene una manera de hacer política donde las mujeres molestan, incomodan, hacen ruido. En segundo lugar, los medios de comunicación, que no dan espacio a las mujeres líderes y reproducen el elitismo de la clase política. Por último, las universidades, que no incluyen conceptos de género en la formación de abogados, científicos políticos, científicos sociales, así como tampoco tienen una mirada de la sociedad, la política y las políticas públicas que considere la igualdad entre mujeres y hombres como una meta ética y política. Existe un divorcio entre lo que viven las mujeres, las familias, los y las jóvenes y sus demandas por la autonomía del cuerpo, la diversidad cultural e identidades, con las imágenes que se proyectan en los medios masivos de comunicación y lo que enseñan las universidades. Éstas reproducen un orden más patriarcal y más rígido y eso se ve en la composición actual de los partidos políticos.
El testimonio de Teresa Valdés bien podría extenderse a la realidad de la región. En algunos países dicha realidad se hace más palpable y excluyente. “Ninguna propuesta legislativa a favor de la inclusión sirve si no va acompañada de un cambio cultural”, enfatizó Merixtell Calderón, “ahora luchamos por la inclusión efectiva de las mujeres y ojalá en el futuro podamos presenciar también otros grupos históricamente excluidos ocupando espacios de poder”.
Cantidad y calidad
¿Una mayor cantidad de mujeres en los puestos de poder garantizaría mayor presencia de políticas específicas para el ejercicio de los derechos de las mujeres? Por ejemplo, ¿cómo se relaciona el cumplimiento de la agenda de derechos sexuales y reproductivos con la agenda de los partidos políticos? La creciente presencia femenina en puestos de poder político es un hecho positivo, pero para avanzar se requiere que las representantes en el Legislativo compartan apuestas y enfoques que contribuyan a que las mujeres en América Latina puedan ejercer efectivamente sus derechos. Mónica Petracci comenta:
La respuesta está dada por el trabajo político de aquellas mujeres que, con perspectiva de género y derechos, lograron incorporar los temas de derechos sexuales y reproductivos en la agenda de sus partidos. La importancia de ese trabajo de las mujeres también es registrada por la ciudadanía. En un estudio por encuestas realizado en 2007 con mujeres residentes en la Ciudad de Buenos Aires, 77% estuvo muy o bastante de acuerdo en que el acceso de las mujeres a cargos políticos importantes hace que en la política se traten temas nuevos, entre los cuales se incluyó el de derechos sexuales y reproductivo, agregaría yo, temas nuevos con viejas historias.
En el caso peruano, Maria Ysabel Cedano valoriza que muchos de los avances normativos que favorecen a las mujeres respondan a iniciativas de parlamentarias, pero señaló que ello no necesariamente garantiza que todas las congresistas tengan posiciones firmes frente a temas clave, como los relacionados a los derechos sexuales y reproductivos, o al acceso a justicia y reparación por parte de las mujeres violentadas sexualmente durante el conflicto armado interno. La abogada consideró que en estas decisiones aún pesan las presiones de las bancadas políticas a las que pertenecen las legisladoras, por lo que juzgó necesario avanzar en el fortalecimiento de una coalición de mujeres parlamentarias con una agenda clara y con una firme voluntad de trabajar con un enfoque que garantice los derechos. “De lo contrario, la mayor presencia femenina en el Congreso, con los aspectos positivos que pueda tener, no se traducirá en la ampliación de la ciudadanía de las mujeres”, puntualizó.
Merixtell Calderón añade, refiriéndose al caso mexicano:
Las leyes antiaborto aprobadas en 18 entidades de la República tras la interrupción legal del embarazo en la capital del país tienen un mensaje claro: no hay equidad de género en México. Las mujeres que legislaron a favor de ‘la vida desde la concepción hasta la muerte natural’, lo hicieron por órdenes de las cúpulas. Personajes como la líder del PRI, Beatriz Paredes, demuestran que no son feministas como lo asumen en el discurso y que les interesan más los pactos políticos con el Vaticano que los derechos humanos. Actuaron bajo la lógica del falocentrismo: ‘¡primero muertos antes que ver una mujer que imparta una misa!’”.