Por Andrea Lacombe
Edición: Manuel Rodríguez
Desde que el proyecto fuera aprobado en la Cámara de Diputados en mayo pasado, la modificación del artículo 172 del Código Civil, que regula el casamiento, produjo un intenso debate en la sociedad argentina, que puso a prueba el principio de laicidad del Estado. A partir de ahora, las parejas heterosexuales y homosexuales tendrán sus derechos equiparados en materia de matrimonio, incluyendo la posibilidad de la adopción, tema en torno del cual fueron movilizados los mayores fantasmas de los sectores contrarios a esa reforma jurídica.
La presión de la Iglesia Católica, que con un fuerte aparato institucional y mediático congregó a sus seguidores a movilizarse contra lo que consideraban que “desvirtuaría la esencia de la familia”, se vio abatida frente al reconocimiento de lo que muchos senadores señalaron como una situación social que existe desde hace mucho tiempo y que hasta entonces se encontraba en un vacío legal: parejas formadas por personas del mismo sexo.
Con este éxito, la Argentina es el primer país latinoamericano en garantizar este derecho, y noveno en el mundo: Holanda lo aprobó en 2001, Bélgica en 2003, España y Canadá en 2005, Sudáfrica en 2006, Noruega y Suecia en 2009, e Islandia en 2010. No obstante, en países como Colombia, Ecuador, Uruguay, Alemania, Andorra, Australia, Austria, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia y Francia existen otro tipo de uniones civiles distintas al matrimonio, que conceden derechos legales a parejas del mismo sexo bajo circunstancias particulares, entre las que se cuenta la posibilidad de conformar un patrimonio conjunto, recibir pensión en caso de fallecimiento de uno de los miembros, entre otros.
La votación
A la hora de la votación, la Cámara consideró en primer término un dictamen de comisión que aconsejaba el rechazo de la media sanción de la Cámara Baja y el debate de un proyecto de Unión civil, presentado (antirreglamentariamente) por sectores contrarios a la modificación del Código. La alternativa fue desconsiderada y, por tratarse de un despacho de minoría de la comisión asignada para evaluar el proyecto, este fue sometido a debate y votación por el pleno de los senadores, que en horas de la madrugada acabó aprobándolo.
Un día después de la marcha de católicos y evangélicos contra la ley, y de un “ruidaso” a favor, frente al Senado una multitud comenzaba a congregarse para dar su apoyo a la votación. La Federación Argentina LGBT seguía las instancias desde el palco montado en la plaza del Congreso donde se sucedieron oradores y números musicales a la espera del escrutinio. A pesar del frío intenso la gente permaneció hasta las 4 de la mañana, hora en la que la plaza estalló en júbilo y emoción cuando el Senado le dio el “sí” definitivo a la tan esperada ley.
La mayoría de las argumentaciones a favor tuvieron como común denominador el rescate de la laicidad en la historia del derecho y la legislación argentina, trayendo a colación el significado social y político que en su época tuvieron la aprobación del Código Civil, la ley de casamiento civil y el voto de la mujer. La polarización social que suscitó el divorcio en los primeros años del actual período democrático, en la década de 1980, también fue un ejemplo recurrente entre las y los legisladores que apoyaban la ley, argumentando la invariabilidad de la Iglesia frente a temas que implican reconocer el cambio social en un país. “A los que dicen que defienden la familia, esta ley no es una amenaza, sino por el contrario: una defensa por la familia de una Argentina real, con familias monoparentales, nucleares y ensambladas”, expresó en la madrugada Maria Eugenia Estenssoro, senadora por la Coalición Civica. “La comunidad homosexual está reclamando no tener que ocultarse ni vivir en ghetos; si damos lugar al proyecto de unión civil daremos espacio a una voluntad de legalizar la discriminación y no de equiparar derechos”, concluyó emocionada.
La sesión comenzó pasadas las 13.15, luego de conseguir el quórum de 58 senadores. Una vez iniciada la discusión, la senadora kirchnerista Liliana Fellner destacó que el proyecto del oficialismo proponía que «todos los ciudadanos [tuvieran] las mismas oportunidades ante la ley» y señaló que la obligación de los senadores y senadoras era «votar por la igualdad», es decir, legislar para que «todos [tuvieran] igualdad ante la ley”. Fellner también señaló que esta discusión se daba en el marco de un estado laico. Acerca de la adopción, Fellner señaló que el Código Civil «no habla de orientación sexual cuando una persona soltera quiere adoptar», razón por la cual «los solteros y los homosexuales van a poder seguir adoptando».
Por su parte, el también oficialista Luis Juez expresó su «acompañamiento absoluto» al proyecto. «Hay una parte de la sociedad que necesita derechos y obligaciones; necesita que se la respete con la ley». Juez, quien se manifestó devoto y fanático de la Virgen, señaló que no había encontrado en la Biblia un pasaje en el cual Jesús discriminara a los homosexuales, pero que sí había sido agredido por sectores radicales de la Iglesia en los últimos 45 días.
En clara oposición, la correntina del Partido Liberal, Josefina Meabe, pidió «tener en vista el bien general”, para luego sostener que «no se puede igualar lo que no es igual porque esta supuesta igualación afectaría los derechos de los niños”.
Samuel Cabanchik, del “Proyecto Buenos Aires Federal”, fue explícito al argumentar que “es claro que la cuestión religiosa se vuelve irrelevante en una discusión sobre el matrimonio civil. No veo cómo sería un avance en la legislación argentina prohibir la adopción por parte de personas homosexuales, siendo que la legislación actual no lo prohíbe”. Votar a favor de la unión civil, explicó, refiriéndose al proyecto alternativo introducido en la víspera, “significaría legislar para atrás. Escribir hoy el Código Civil de Vélez Sársfield [autor del mismo], sería escribir otro código, porque han cambiado los significantes. Incluir el matrimonio del mismo sexo significa continuar con el espíritu de ese Código”, argumentó.
Las palabras de Marcelo Guinle, peronista de Chubut, quien vaticinó que “más allá del resultado de la votación, mañana la sociedad va a ser mejor que hoy”, pueden resumir el espíritu de esta histórica sesión que, con la aprobación de la ley, estableció un parámetro de igualdad hacia una sociedad más justa, en la que el eslogan de “los mismos derechos con el mismo nombre” tenga finalmente el valor que se merece.
Luego de este logro, parece importante abordar algunos argumentos de la oposición al proyecto de ley –que surgen con recurrencia en debates que buscan garantizar los derechos a grupos históricamente discriminados—, con el fin de aprender algo de ellos. Tres de los argumentos que justificaban la inconveniencia de la modificación del artículo 172 del Código Civil se apoyaban en: el carácter natural del matrimonio heterosexual y lo que la naturaleza, como ente rector y bajo una visión reduccionista, dicta; la supuesta imparcialidad de algunos estudios científicos que ratificaron los “veredictos” de la naturaleza; y el tratamiento desigual de las parejas homosexuales, al ser distintas de las heterosexuales.
Matrimonio y naturaleza
El argumento según el cual “el matrimonio está escrito en la misma naturaleza y en el corazón de los hombres”, advierte el sociólogo argentino Carlos Fígari, es falso, en tanto no considera la historia ni el contexto de emergencia de esta institución y responde a la naturalización de una formación cultural como el matrimonio. La naturalización como proceso por el cual se pretende borrar la historia particular de los conceptos y de las cosas, ha sido una estrategia frecuentemente empleada por diversos órdenes en la historia con el fin de mantener relaciones de poder y de dominación. La fuerza que subyace a este proceso radica, por un lado, en que las cosas aparecen ante los ojos de las personas como si fueran dadas, obvias e incuestionables. En el caso del matrimonio heterosexual, es “como si siempre hubiese existido así en el tiempo y el espacio”, señala Fígari.
Adicionalmente, al acudir a la naturaleza como fuente de legitimación, la argumentación de la oposición aparece respaldada por una entidad con la que asociamos lo moralmente bueno y de la que disociamos lo que nos parece cuestionable. De ahí que cada vez que se señala el carácter antinatural de ciertas cosas, como las relaciones y las uniones entre parejas del mismo sexo, se las ponga automáticamente en el terreno de lo malo, de lo que debe ser examinado con cuidado y de lo cuestionable.
A esto se le suma la interpretación corriente de que la naturaleza se rige por una lógica divina escrita en la “ley moral”, con la que también debe corresponder la ley civil. Este vínculo aparece con claridad en las “Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales”, publicado en 2003 por la Congregación para la Doctrina de la Fe –antes llamada «Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición»–, órgano del vaticano que buscó orientar con este documento a los distintos gobiernos del mundo para que supieran qué hacer frente a los proyectos de ley que buscaban garantizar derechos a las personas homosexuales.
En este texto de la otrora Inquisición, Joseph Ratzinger y Angelo Amato, sus autores, señalan que “La función de la ley civil es ciertamente más limitada que la de la ley moral, pero aquélla no puede entrar en contradicción con la recta razón sin perder la fuerza de obligar en conciencia. Toda ley propuesta por los hombres tiene razón de ley en cuanto es conforme con la ley moral natural, reconocida por la recta razón, y respeta los derechos inalienables de cada persona. Las legislaciones favorables a las uniones homosexuales son contrarias a la recta razón porque confieren garantías jurídicas análogas a las de la institución matrimonial a la unión entre personas del mismo sexo. Considerando los valores en juego, el Estado no puede legalizar estas uniones sin faltar al deber de promover y tutelar una institución esencial para el bien común como es el matrimonio” (Ratzinger y Amato, 2003: 3-4).
Se tiene entonces que las leyes civiles se deben corresponder con la naturaleza, que a su vez se rige por la ley moral. Así, la ley moral se erige como ley suprema que gobierna lo natural y lo social.
A la luz de los prejuicios
Las argumentaciones en contra de la garantía de derechos de grupos discriminados suelen invocar una gran cantidad de estudios aparentemente científicos que vienen a ratificar lo que la Naturaleza “dice”. La discusión del proyecto de ley para reformar el artículo 172 del Código Civil argentino, no fue una excepción.
La Universidad Austral elaboró un documento sobre esta materia con el fin de “iluminar” la discusión en torno a la ley de casamiento universal. En este documento, aparecen las ya frecuentes representaciones de las personas homosexuales como seres enfermos, drogadictos y con tendencias suicidas.
Estas consideraciones “científicas” no son el producto de hallazgos de investigaciones imparciales. Por el contrario, están fundamentadas en formas particulares de concebir la homosexualidad y la heterosexualidad que estructuran los caminos a seguir. Estudios como el presentado por la Universidad Austral, afirma Fígari, “se originan en una manera de construcción de sexo-género en que el varón heterosexual puede, a su antojo, determinar el carácter humano o no de las otras personas. De allí los abusos permanentes, la violencia, los crímenes aberrantes y una Justicia que claramente favorece este esquema. Hay mucho que hacer en el interior para desmontar instituciones opresivas en muchos campos. Por eso debemos hoy responsabilizar a quienes agitan odios por la sangre de esa gente”.
Basta recordar la cuota de responsabilidad que han tenido algunos discursos científicos en la estigmatización no sólo de los homosexuales al ser definidos como enfermos, sino también de las mujeres, a quienes se ha representado como seres volubles y poco racionales que actúan bajo el influjo de la luna o de las hormonas; de las personas negras que fueron tratadas por la criminología positivita como delincuentes; o los indígenas que aún en la actualidad son retratados como salvajes necesitados de la civilización. Algunos de estos discursos que se presumen de científicos han contribuido a quitarle rasgos de humanidad a determinados grupos, facilitando su subordinación o exterminio.
La diferencia como fuente de desigualdades
Un tercer elemento común a los argumentos enunciados en contra del casamiento universal fue la afirmación de una diferencia profunda entre un “ellos”, los homosexuales, y un “nosotros”, los heterosexuales, que les impide a los primeros tener un trato de iguales ante la ley y por ende gozar de los mismos derechos que los segundos.
Al respecto el polítólogo argentino Mario Pecheny en una nota publicada en el diario argentino Página 12, señala que ese carácter distinto que se les atribuye a los otros no es “distinto a secas”, sino que es distinto en tanto “menos sanos, menos morales, menos dignos y menos ciudadanos”.
Esto nos recuerda, afirma el investigador, a Hannah Arendt, quien «decía que previo al exterminio físico viene la afirmación de que hay individuos pertenecientes a determinadas categorías de población, que se vuelven superfluos. Superfluos porque son sacrificables, o sacrificables porque son superfluos«.
A estos sujetos “superfluos”, que el filósofo italiano Giorgio Agamben, haciendo eco de una antigua figura del derecho romano, denomina “homo sacer”, se los define como sujetos matables (pero no sacrificables) cuya muerte no es considerada homicidio. Si bien la historia nos brinda ejemplos extremos de homo sacer, como los judíos durante el régimen nazi, Agamben nos recuerda que el homo sacer existe no sólo en el campo de concentración sino también en la política. De ahí que el tratamiento que se le dé tanto en este ámbito como en la vida cotidiana a las diferencias y a los diferentes marca en gran medida la aparición o no de nuevos homo sacer.
Si la diferencia de un grupo de personas respecto a otras es razón suficiente para negarles derechos debemos estar alerta, porque son estas diferencias que derivan en desigualdades las que pueden hacer sacrificables a un grupo de personas como los homosexuales.