La mortalidad materna lleva más de diez años sin disminuir en la Argentina. Las complicaciones derivadas de los abortos practicados en condiciones inseguras siguen siendo la primera causa de estas muertes. A pesar de que el país ha firmado tratados y compromisos internacionales que obligan a los Estados a atender esta problemática, Argentina está lejos de llegar a la meta propuesta para el año 2015 en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: reducir en un 75% la tasa de fallecimiento de mujeres gestantes.
El 30 de noviembre tendrá inicio el debate parlamentario de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que despenalizaría el aborto en la Argentina. Preocupadas por las consecuencias del aborto inseguro, organizaciones sociales, activistas y profesionales de la salud conformaron una red con el fin de difundir el uso del misoprostol y promover el debate legislativo para la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
En este contexto, la organización Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto y la Editorial El Colectivo lanzaron una guía para la difusión del uso del misoprostol como método seguro para la interrupción del embarazo. Este proyecto parte de una iniciativa regional que busca poner en manos de las mujeres información adecuada sobre este método, utilizado en varios países del mundo para practicar abortos tempranos.
El misoprostol es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un medicamento esencial, debido a su bajo costo, alta efectividad y disponibilidad en varios países. El organismo internacional afirma que el mismo contribuye a disminuir la prevalencia de las muertes y complicaciones evitables por abortos inseguros en todo el mundo, incluso en países donde el aborto es ilegal.
En la Reunión Técnico-Científica sobre Aborto Medicado en Brasil, celebrada en octubre de 2009, la socióloga argentina Silvina Ramos, integrante del Comité Consultivo para la Investigación de la Salud de la OMS y miembro de la Alianza Regional del Consorcio Internacional por el Aborto Medicado (ICMA, por sus siglas en inglés), destacó las ventajas del aborto medicado frente al aborto quirúrgico. Ramos aseguró que “el uso del misoprostol permite que el aborto sea hecho tempranamente, de forma segura y menos traumática”. Además de ser un procedimiento simple, señaló la socióloga, el aborto medicado no requiere el uso de anestesia o anestésicos, por lo que preserva la intimidad de las mujeres que desean interrumpir el embarazo. Por otro lado, les permite ejercer mayor control sobre este procedimiento.
La guía titulada Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas, recopila información brindada por Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto a través de la línea telefónica Aborto: más información, menos riesgo. Al respecto, la abogada Luciana Sánchez, integrante de la organización, señala que durante el año y medio de funcionamiento de esta línea, más de 5000 mujeres se han comunicado solicitando y compartiendo información. “A partir de esa información surgió el manual, como una forma concreta de compartir estos datos con mujeres que lo necesitan”, explica la abogada.
Líneas de este tipo existen en otros países de la región. En Perú, la línea telefónica del Colectivo por la Libre Información para las Mujeres (CLIM) y, en Chile, el “fono-aborto”, ofrecen información calificada sobre el uso del misoprostol a mujeres que buscan alternativas para interrumpir un embarazo no deseado. Estos servicios reivindican el derecho a la información sobre un tema fundamental para garantizar los derechos a la vida y a la salud de las mujeres.
Ciudad de México es el único lugar de América Latina donde el aborto está despenalizado bajo cualquier circunstancia. No obstante, en otros países de la región la divulgación de información sobre la interrupción del embarazo con misoprostol ha permitido reducir la mortalidad materna derivada de abortos inseguros. En Uruguay, donde el aborto es completamente ilegal, a las mujeres que enfrentan un embarazo no deseado se les garantiza el derecho a recibir información sobre métodos seguros para interrumpir el embarazo. La consejería pre y post aborto está contemplada en la Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, aprobada por el Parlamento uruguayo a finales de 2008. Desde la aprobación de esta ley no se han registrado muertes por abortos inseguros en ese país.
En Brasil, el uso del misoprostol está restringido a los procedimientos para la retirada del feto muerto del vientre materno y para la interrupción del embarazo en los casos previstos por la ley (cuando el embarazo pone en riesgo de muerte a la madre o cuando es producto de una violación). Por este motivo, un grupo de médicos obstetras y ginecólogos defienden la ampliación de su uso, así como la necesidad de difundir información adecuada sobre este medicamento, con el fin de reducir los daños provocados por los abortos clandestinos.
Con la publicación de la guía Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas, Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del aborto no desconocen el rol que debe desempeñar el Estado argentino para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo: amparar legalmente y de modo integral la salud y derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres. Sánchez afirma que su organización reconoce los avances que se han alcanzado en este sentido; sin embargo, afirma, el Estado aún no ha asumido políticas de información y acceso al misoprostol.
La abogada confía en que el debate parlamentario de la ley de salud sexual y reproductiva pueda contribuir a la formulación de políticas y a la asignación de recursos públicos para la provisión pública de este medicamento. Con ello, señala, el Estado intervendría y acabaría con el monopolio privado sobre el misoprostol.
Mientras tanto, la organización autora de la guía continúa con su trabajo de difundir información sobre un medicamente cuya venta y circulación es legal en Argentina y que le permite a las mujeres evitar abortos inseguros.
Sánchez afirma que en países donde el aborto es legal también existen problemas de acceso a este derecho. “Las mujeres más vulnerables a la violencia estructural, las pertenecientes a sectores populares y las trabajadoras desocupadas, informalizadas y en condiciones de precariedad laboral y social, son las que tienen peores condiciones de acceso al aborto”, asegura. Por ello, Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del aborto dirigen sus esfuerzos para atacar el estigma que recae sobre las mujeres que interrumpen sus embarazos, con el fin de que aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad “se animen a llamar por teléfono o a leer el manual”, explica Sánchez.
La abogada de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del aborto advierte que, pese a que el comercio del misoprostol es legal en la Argentina, corporaciones médicas y ginecólogos han intentado restringir el uso de este medicamento a contextos intrahospitalarios y obstétricos únicamente. Esto supondría el uso exclusivo del misoprostol por parte de estos especialistas, lo que ocasionaría una pérdida en el acceso al mediamento en la atención primaria. “Lo mismo pasa con el DIU (Dispositivo Intrauterino) y con los anticonceptivos; ha sido una larga lucha la que han tenido que librar los médicos generalistas para retener estas herramientas en la atención primaria y garantizar su acceso a la mayor cantidad posible de mujeres”, afirma.
Sánchez señala que la labor de la Red contra el aborto no seguro en la Argentina y la publicación de la guía para el uso del misoprostol deben ser entendidas en este contexto de la salud pública argentina. “Nosotras no trabajamos con la provisión privada de abortos, ni con las clínicas, ni con los ginecólogos que practican ‘abortos de privilegio’. Nuestra labor se inscribe en una red integrada con los servicios públicos de atención primaria de la salud, para coordinar la atención a la que tienen derecho las mujeres antes y después de un aborto”, manifiesta.
Sánchez destaca los esfuerzos realizados por otras organizaciones para confeccionar materiales similares, como el publicado por el IPAS, orientado específicamente al sector salud. En Argentina, la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito publicó hace unos años un folleto con información sobre las dosis de misoprostol requeridas para interrumpir el embarazo. Por su parte, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad CEDES, elaboró una guía con información sobre esta droga, dirigida también al sector de la salud. La guía está disponible en la página web www.despenalización.org.ar.