Ley de divorcio, reconocimiento constitucional de la igualdad de mujeres y hombres ante la ley, ratificación de Convenciones Internacionales, igualdad legal para hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, derecho de escolares embarazadas a continuar sus estudios, creación de los Tribunales de Familia y Ley de Femicidio. Son estos algunos logros alcanzados en materia de equidad de género en Chile desde la creación del Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, el 3 de enero de 1991.
El SERNAM fue una iniciativa impulsada por el movimiento de mujeres con el regreso de la democracia, que buscó desarrollar políticas públicas y reformas legislativas para la no discriminación. Fue creado durante el gobierno del ex presidente Patricio Aylwin (1990-1994) –primero en ser elegido democráticamente luego de la dictadura de Augusto Pinochet– a través de la ley No. 19.023.
Durante estos veinte años, han sido seis las ministras encargadas de elaborar tres Planes de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres e impulsar reformas legales, campañas sociales, políticas intersectoriales, tareas de nivel internacional y otras iniciativas para incorporar de manera transversal la perspectiva de género en el Estado. Esto ha llevado a la materialización de leyes que, junto a la adopción del Género como área prioritaria de mejoramiento de la gestión pública (PMG), han contribuido a transformar la situación de exclusión y violencia contra las mujeres, particularmente marcada durante el período dictatorial (1973-1990).
Desde la creación del SERNAM se han suscrito compromisos internacionales, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará, 1994) y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) –aún no ratificada por el Congreso Nacional–. Chile también participó en conferencias internacionales como la Cumbre Social, la Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Cumbre del Milenio (2000), donde el Estado chileno se comprometió a adoptar políticas para la equidad de género.
A pesar de los logros alcanzados durante este período, el acceso igualitario de mujeres y hombres a la toma de decisiones en el ámbito político, económico y de acceso a recursos aún es dispar. En el índice de potenciación de género del Informe de Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano 2010 el país ocupa la posición 75 entre 109 países. Chile fue situado en el puesto 108 del último ranking del World Economic Forum, que pondera el desempeño de 134 países en materia de participación y oportunidades económicas para las mujeres. Otro dato revelador es que sólo 13,7% de los escaños en el país son ocupados por parlamentarias, cuando en el resto de América Latina ellas alcanzan el 22,5%.
En una entrevista reciente, Sonia Montaño, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, señaló que pese a los avances registrados por Chile en los últimos años, aún están pendientes materias como la agenda de derechos reproductivos, el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres y la puesta en marcha de una reforma al sistema procesal que garantice el acceso a la justicia en los casos de violencia contra las mujeres.
Respecto al avance de la agenda para la equidad de género en el país, señala: “Chile es un ejemplo interesante, porque si uno mira el tiempo post dictadura, entre lo que hizo la Concertación y lo que está haciendo el actual gobierno, hay matices, pero no grandes diferencias”, agregó. Para ella, las divergencias entre uno y otro gobierno son, sobre todo, de carácter retórico, pues si bien el gobierno de Piñera emplea un lenguaje más conservador en esta materia, hay continuidad en las políticas.
No obstante, advirtió que la retórica conservadora ha volcado la atención de varios entes del Estado hacia la unidad familiar, alejándolas del interés en la perspectiva de los derechos individuales de las mujeres. Este debate, señaló, ha estado presente en Chile durante los años de la Concertación, al oponer familia versus mujer en la formulación de políticas para la igualdad.
La socióloga boliviana afirmó que pese a que Chile tiene un capital social alto en lo que atañe a educación de las mujeres, la discriminación salarial continúa. En otros países se ha logrado que la población femenina económicamente activa alcance el 50%, meta que todavía permanece distante para Chile. Por este motivo, señaló, la agenda por la equidad salarial sigue vigente en este país, así como la del cuidado infantil. Respecto a la agenda de los derechos reproductivos, Montaño señaló que en el país aún se “confunden” estos derechos con la práctica del aborto, por lo que esta agenda se ha convertido en un tema “tabú”.
Por otra parte, Teresa Valdés, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad y responsable del trabajo de sistematización del Índice de Compromiso Cumplido (ICC), instrumento técnico-político creado por el movimiento de mujeres para el control ciudadano de las políticas nacionales para la equidad de género, destacó los resultados alcanzados en el ámbito de equidad de género durante el período 1990-2009. Señaló que el avance de las políticas para la equidad de género “no ha sido un proceso fácil. Se dieron en el contexto de una transición a la democracia pactada, y subsisten hasta hoy significativas deudas democráticas y de participación social”.
Valdés explicó que para la medición de los avances de estas políticas, el ICC definió tres áreas: ‘Participación y Acceso al Poder’, ‘Autonomía Económica y Pobreza’, y ‘Salud de las Mujeres y Derechos Sexuales y Reproductivos’. A cada una le corresponde un conjunto de metas e indicadores que permiten comprobar el estado de cumplimiento de los compromisos en materia de equidad de género. Los indicadores del área de participación y acceso al poder abordan aspectos como el porcentaje de mujeres que ocupan cargos públicos como ministras, gobernadoras, diputadas, senadoras, alcaldesas, así como la proporción de mujeres que se desempeñan como rectoras o decanas en Universidades. El seguimiento al área de autonomía económica y pobreza se hace a partir de la medición del acceso a empleo, la relación de salarios devengados por mujeres y hombres, entre otros elementos. Indicadores correspondientes al área de salud de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos consideran la oferta estatal de métodos anticonceptivos, el acceso a los servicios de salud y la calidad de los mismos desde una perspectiva de género, la protección ante la violencia doméstica y la asunción de responsabilidades por parte de los hombres en el ámbito reproductivo.
Con base en estos indicadores, durante los 20 años de funcionamiento del SERNAM se registraron avances en todas las áreas: en participación y acceso al poder se pasó de un 16,6% de cumplimiento en 1990 a 44,24% en 2009; en autonomía económica y pobreza se alcanzó un cumplimiento del 78,00% de la meta en 2009, mejorando 8 puntos respecto a 1990; y en salud de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos se pasó de 60,8% de avances registrados en 1990 a un 86,2% en 2009. Según Valdés, el cumplimiento de la meta de equidad en general pasó de 49,8% en 1990 a 69,5% en 2009.
Para la experta, estos resultados indican que, si mantiene el ritmo de estos cambios, para el año 2039 Chile habrá alcanzado el 100% de las metas de equidad. Valdés destacó que este avance ha sido posible gracias a la articulación y complicidad de mujeres que ocupan cargos de gobierno y que actúan en partidos políticos, en el Parlamento y en organismos internacionales, pero sobre todo, por la acción permanente de mujeres organizadas y de ONG, que en conjunto se han comprometido con la agenda de la equidad de género.
La visión de las ex ministras
El 21 de enero de este año, el Observatorio de Género y Equidad llevó a cabo el seminario ¿Construyendo Igualdad?: 20 años de Políticas Públicas de Género. Este espacio propició el debate entre quienes fueron parte del Estado durante los gobiernos de la Concertación y la sociedad civil en torno a los logros alcanzados por el SERNAM.
El evento reunión a cerca de 200 mujeres de todo el país y cinco ex ministras del SERNAM, para evaluar cuatro ámbitos de las políticas públicas sobre género: la institucionalidad para la igualdad, la legislación, la agenda internacional y el rol del movimiento de mujeres.
Josefina Bilbao, ministra entre 1994 y 2000, destacó la importancia que supuso participar en reuniones internacionales como la Conferencia de Beijing y la Conferencia de Desarrollo Social. “En esas oportunidades, el SERNAM desempeñó un papel importante y le dio a Chile el prestigio y la visibilidad para conectarse con otros países, conocer lo que estaban haciendo, y obtener pistas sobre el camino a seguir”, señaló.
El SERNAM, continuó la ex ministra, no sólo ha buscado la igualdad de oportunidades para las mujeres, sino que ha puesto en el debate público el tema de la discriminación. Así, esta entidad ha funcionado “como una luz roja en la sociedad para alertar frente a todo tipo de discriminación”, señaló. Bilbao destacó que en su lucha contra la discriminación, el SERNAM ha visibilizado la exclusión de la cual son objeto otros grupos sociales, lo que en su opinión ha generado un espacio de cuestionamiento más amplio de la sociedad chilena sobre respeto y tolerancia.
Adriana del Piano, ministra durante el período 2000-2003, destacó los avances en la transversalización del tema de género en el presupuesto a través del PMG (Programa de Mejoramiento de la Gestión). “Nunca antes se habían observado desde el enfoque de género los créditos de la banca. Esto permitió identificar algunos comportamientos relacionados con el género, como el hecho de que las mujeres sean mejores pagadoras que los hombres. Si esto es así, la tasa que se cobra sobre la deuda debería ser menor para ellas que para los hombres”, afirmó.
En sus 20 años de vida, el SERNAM ha contribuido a reformas estructurales como la implementación de políticas públicas estratégicas para que los derechos de las mujeres sean destacados en el debate político y sean tomados en consideración, más allá de generar sensibilidad hacia las problemáticas de las mujeres, recalcó Cecilia Pérez, ministra durante el período 2003-2006.
Entre estos logros, Pérez destacó el post natal masculino, que permitió “cristalizar demandas, expectativas y metas que teníamos. Por un lado, estaba la violencia intrafamiliar como delito, con una línea de acción que también buscaba instalar un cambio cultural en la sociedad chilena, y por el otro, el postnatal masculino que tuvo mucha resonancia e impacto mediático”, señaló.
Durante el período de Laura Albornoz (2006 a octubre de 2009), la presencia de Michelle Bachelet en la presidencia representó un respaldo fundamental a las políticas de equidad. “Eso nos alentó para comenzar a debatir sobre la brecha salarial, la reforma de pensiones y la violencia, entre tantos otros temas. Sentimos que al fin se estaba consolidando un espacio para tratar y hacer visible esta realidad”, recordó Albornoz.
Albornoz reconoció la labor del SERNAM posicionando temas en el debate público que no eran considerados prioritarios por la coyuntura política. También señaló la importancia de que esta entidad desempeñe un papel tanto jurídico como político en lo que atañe a discriminación, pues, según ella, esta es una problemática que afecta gravemente a más de la mitad de la población.
La última ministra del SERNAM durante los gobiernos de la Concertación, Carmen Andrade (noviembre 2009-marzo 2010), al referirse a la experiencia de América Latina en materia de institucionalidad para la igualdad, observó que cuando los mecanismos de género son fuertes, visibles y legítimos, los avances en políticas de género son mayores.
El rol de la sociedad civil y el futuro del SERNAM
El Seminario convocó a miembros de organizaciones de la sociedad civil. Entre ellas se destacó la participación de Ana Bell, Vicepresidenta Nacional de la Mujer de la ANEF; Carolina Carrera, presidenta de la Corporación Humanas; Francisca Rodríguez, directora nacional de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI; Teresa Valdés; Vicky Quevedo, directora de Foro Ciudadano, y Lucy Ketterer, del Observatorio de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche.
Las participantes subrayaron la importancia del movimiento de mujeres para el avance de las políticas de igualdad y destacaron hitos en la movilización pública. Entre ellos recordaron las marchas contra la violencia hacia la mujer, en la que participaron mujeres de distintas regiones del país; la marcha por el derecho a decidir, en protesta por la prohibición de distribuir la píldora del día después en el sistema público de salud; las del día internacional contra la violencia hacia las mujeres; y las acciones de Mujeres por la Vida, organización conformada durante la dictadura para luchar contra la impunidad y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado.
Respecto a la relación con el SERNAM, las representantes de la sociedad civil señalaron los distintos momentos que han estado marcados por encuentros y desencuentros en torno a temas como el derecho a una vida libre de violencias, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la autonomía económica y a la autonomía política. Afirmaron que si bien el SERNAM ha reconocido durante sus 20 años de funcionamiento el saber experto y la agencia de organizaciones sociales, ONG, centros de estudio y universidades respecto a la equidad de género, aún hace falta estrechar las relaciones con el movimiento de mujeres.
Las participantes comentaron el desafío que significa mantener la independencia de sus agendas en los momentos de mayor divergencia con el Estado. Destacaron el papel desempeñado por líderes estudiantiles, mujeres jóvenes, rurales, indígenas y trabajadoras, que formularon una agenda común y la impulsaron a través de organizaciones sociales, ONG y redes locales de mujeres que, a su vez, se articularon con redes internacionales. Esta forma de organización también ha sido efectiva para monitorear el quehacer del Estado en lo que atañe a políticas para la equidad.
Tanto las ex ministras como las representantes de la sociedad civil y del movimiento de mujeres expresaron su preocupación frente a un proyecto de ley del nuevo Ministerio de Desarrollo Social, que busca redefinir las competencias y áreas de acción del SERNAM, reduciendo atribuciones de este servicio y el rango ministerial de su directora. Señalaron que el desafío más urgente que enfrenta hoy el SERNAM es mantener su institucionalidad y la capacidad de influir en la modernización de la gestión pública, de las reformas jurídicas e institucionales, entre otros ámbitos donde la perspectiva de género no ha sido incorporada según lo esperado.