Por Manuel Alejandro Rodríguez Rondón
De acuerdo con los datos estadísticos disponibles, Bolivia es uno de los países de la región con los índices más altos de mortalidad materna, violencia sexual y violencia de género. El país registra una tasa de 310 mujeres muertas por cada 100.000 nacidos vivos, apenas superada por Haití, y las complicaciones derivadas de abortos inseguros constituyen la tercera causa de decesos. Según la Organización Panamericana de la Salud, el país andino es también el que reporta mayores agresiones físicas y sexuales contra las mujeres en el continente: 53% de las mujeres afirma haber padecido en algún momento agresiones de este tipo. Le siguen Colombia (39,7%), Perú (39,5%) y Ecuador (32,4%). De acuerdo con ONU Mujeres, 7 de cada 10 bolivianas ha sufrido violencia sexual.
Una investigación sobre embarazo no deseado y aborto inducido realizada por Sandra Aliaga, Ximena Machicao, Franklin García y Louise Bury (2011), reveló que de las mujeres sexualmente activas, 48% tuvo al menos un embarazo no deseado en su vida y 13%, un aborto inducido, lo que equivale a que más de una de cada diez mujeres en el país ha interrumpido un embarazo. Sin embargo, debido a que el aborto sólo es permitido en Bolivia cuando el embarazo es resultado de una "violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto", o cuando pone en riesgo la salud o la vida de las mujeres, no existe un registro que dé cuenta de todos los procedimientos que se practican en el país. Los cálculos varían ostensiblemente.
Ximena Pabón, responsable de Comunicación de Ipas Bolivia, señala que a partir del número de mujeres que llegan a los hospitales en busca de atención por abortos incompletos se sabe que se practican por lo menos 185 abortos clandestinos diariamente, lo que equivale a más de 67.000 al año. En total, 100 mujeres perdieron la vida en 2011 por este motivo. Sin embargo, es difícil estimar las proporciones del subregistro. Otros estudios calculan que en 2004 el promedio anual era de 80.000 abortos ilegales, es decir, más de 219 diarios.
El estudio de Aliaga y Machicao no encontró diferencias significativas que vinculen la decisión de abortar con un grupo étnico, origen, nivel educativo o estado civil en particular, por lo que afirman las autoras que el aborto inducido en condiciones de ilegalidad es practicado tanto por "aymaras, quechuas o mestizas con o sin instrucción; casadas, concubinas, solteras; con o sin hijos; cuando enfrentan un embarazo que no desean". Sin embargo, no se puede decir lo mismo respecto a las consecuencias de la ilegalidad del aborto por grupo poblacional. Pabón señala que debido a las condiciones de pobreza en que viven las indígenas del país, ellas tienen un riesgo cuatro veces mayor de morir durante el embarazo, parto o posparto que las mujeres blanco-mestizas. Asimismo, explica, "la mayoría de las que han fallecido o han estado más expuestas a estas complicaciones provienen de áreas rurales, son migrantes o indígenas. Porque como sucede en otros países donde también está penalizado el aborto, quienes tienen más plata pueden pagar un aborto en mejores condiciones, mientras que las más pobres lo hacen en lugares insalubres y con personal no médico".
Adela Yapu Mamani, responsable de acceso a la comunidad de Ipas Bolivia, constata este panorama y agrega que los indígenas (que según el censo de 2012 representan el 63% de la población del país) históricamente han tenido serias limitaciones para ejercer su derecho a la salud (incluida la salud sexual y reproductiva), en parte por la falta de información sobre el tema, pero también debido a las desigualdades estructurales que limitan el derecho a la salud de mujeres que viven en zonas rurales. Sin embargo, en su opinión el panorama ha cambiado y lo seguirá haciendo debido a las profundas transformaciones políticas que ha vivido el país en su historia reciente.
En 2009, Bolivia aprobó una nueva Constitución Política, que marcó el cambio de República a Estado Plurinacional. Además de reconocer la autonomía de los pueblos indígenas, la Carta también les abrió la puerta a una mayor participación política en escenarios de toma de decisiones e incluyó por primera vez la obligación del Estado de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la población. En opinión de Pabón y Yapu Mamani, esto marcó un punto de inflexión tanto en la participación política de organizaciones indígenas, que "están gobernando junto al presidente", como en el abordaje de los derechos sexuales y reproductivos en el país.
"Es un hito histórico para nosotros porque por décadas ha sido una pelea de organizaciones de mujeres, feministas e instituciones que trabajan el tema, y sus demandas no habían tenido eco en los gobiernos anteriores. Pero en este nuevo gobierno, un gobierno indígena, con una nueva Constitución, se reconocen estos derechos", señala Yapu Mamani.
Uno de los resultados de este proceso fue la formulación de un anteproyecto de ley sobre derechos sexuales y reproductivos por parte de organizaciones indígenas, que contempla la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Las mujeres indígenas, afirma, "reconocen que el aborto en condiciones de riesgo es un problema de salud pública y que las principales víctimas son mujeres que están en situación de pobreza".
El anteproyecto fue formulado en 2011 y su primera versión fue liderada por la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia (organización con más de 30 años de existencia y que agrupa a más de 5000 mujeres a nivel nacional), relata la responsable de acceso a la comunidad de Ipas. Posteriormente fue sometido a un proceso de socialización con otras organizaciones indígenas (entre ellas CSMCIB, CONAMAQ, CONTPCP, CADIC, FENCOMIN, FERRECO, FECAFEB, FENATRAHOB, TSC, OMAK, CIOEC, AOPEB, UÑATATAWI, FEJUVE ORURO), que se sumaron a la iniciativa. Si bien el proceso ha sido largo, comentan las integrantes de Ipas, ha sido fundamental para garantizar su respaldo y legitimidad.
"Toma tiempo lograr un consenso con las organizaciones indígenas, porque ellas funcionan de manera orgánica. La cabeza no puede tomar decisiones o manifestarse a favor o en contra de algo si sus bases no están informadas o apoyan la propuesta. Se ha hecho un proceso de socialización para que las autoridades de estas organizaciones avalen la propuesta. Hoy el anteproyecto tiene mucha más fuerza, porque responde a una demanda social de organizaciones indígenas reconocidas por el gobierno y que forman parte de la Coordinadora Nacional para el Cambio – CONALCAM, que es una articulación creada por el propio gobierno", explica Pabón. El anteproyecto está en proceso de ser presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Ximena Machicao, por su parte, matiza el impacto de la nueva Constitución boliviana. Afirma que si bien es una de las más progresistas de la región, existen grandes dificultades para su implementación y persisten las problemáticas anteriores. "En materia de política pública se han elaborado planes y propuestas que abordan el tema. Sin embargo, el problema es su cumplimiento. Los derechos sexuales y reproductivos no son una prioridad en la política pública del país. Desde hace varios años algunas ONG han posicionado el tema en distintos escenarios. Pero es algo que se enciende y se apaga. Puede estar públicamente en el debate, pero pronto se vuelve a apagar y esto da cuenta de la fragilidad que hay en las alianzas en torno a estos derechos", afirma.
Respecto a la intermitencia del debate, la socióloga feminista señala que en Bolivia, como en el resto de países de la región, la década de 1990 representó un avance significativo debido a las conferencias mundiales sobre el tema. "La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo (1994) fue vital para nosotras en Bolivia, así como para la mayoría de organizaciones de mujeres de vertiente feminista. Pero ahora que se están evaluando los compromisos suscritos por los Estados en ese momento vemos que esa agenda internacional ha tenido muchas dificultades". Machicao señala que cuestiones como la despenalización del aborto siguen siendo complejas de tratar, particularmente en un contexto en el que "se debilitó el liderazgo que había hace unos años y se fue desdibujando una masa crítica muy importante que planteaba este tema como un derecho humano".
Sin embargo, una demanda de inconstitucionalidad interpuesta el año pasado contra los artículos del Código Penal que prohíben el aborto reavivó el debate en el país. La acción fue llevada a cabo por Patricia Mancilla, diputada indígena de origen aymara e integrante del Movimiento al Socialismo – MAS, partido en el gobierno. Dado que el trámite de la demanda le corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional, el tema no será debatido en la Asamblea Legislativa, por lo que es difícil aventurar cuál será el resultado final.
Machicao considera que el contexto actual no favorecerá su despenalización, así como tampoco lo ha hecho frente al debate sobre el tema. "Los medios de comunicación han jugado un papel de terror. Un periódico dice «Crece en Bolivia el debate sobre la despenalización del aborto», pero yo no veo que haya debate. Un periódico de la ciudad de Potosí afirma que se conformó una red de ONG para practicar abortos ilegales en Bolivia, lo cual no es cierto. De este modo están exponiendo a organizaciones que luchan por estos derechos en el país. La prensa ha jugado un papel nefasto en la posibilidad de abrir un debate racional y serio sobre el tema y está planteando que aquí no se va a despenalizar nada", analiza.
La socióloga también cuestiona que tras 4 años de haber sido promulgada la nueva Constitución, el debate sobre derechos sexuales y reproductivos no se haya trasladado a los ámbitos locales. Comenta que luego de revisar los proyectos de cartas orgánicas y estatutos autonómicos de municipios rurales y ciudades intermedias, que están siendo formulados, ninguno hace mención al tema. La agenda política respecto a los derechos de las mujeres parece haberse concentrado en la paridad política, que si bien reporta avances históricos, deja de lado cuestiones igualmente importantes. Machicao considera que sin una incorporación del artículo 66 de la Constitución (según el cual "Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos") en las cartas orgánicas y estatutos autonómicos, va a ser difícil la elaboración y aprobación de una ley que despenalice el aborto a nivel nacional. Por otro lado, no cree que el oficialismo se comprometa con la iniciativa de la diputada Mancilla, ya que se avecina un proceso electoral.
El MAS está dividido frente al tema. Legisladores y miembros del gabinete de Evo Morales han expresado tanto su apoyo como su rechazo a la despenalización del aborto. Algunos incluso han buscado desmarcarse del tema y han afirmado que la demanda de inconstitucionalidad fue una acción individual de Mancilla, pero no de bancada. Morales, por su parte, declaró hace poco más de una semana que no era un "experto en temas de aborto", pero que consideraba necesario debatirlo y prometió analizarlo con su gabinete. "Es una obligación del Gobierno nacional tener una posición. Felizmente tenemos muchas ministras que con mucha razón, con mucha personalidad y mucho conocimiento nos pueden explicar y de manera conjunta debatir este tema", aseveró.
En todo caso, el debate de los últimos años, con sus vacíos y dificultades, parece haber dejado un saldo positivo. El hecho de que organizaciones indígenas estén abanderando la despenalización del aborto puede renovar las perspectivas sobre el tema y contribuir a sacarlo del marco religioso en el que suele ser inscrito.
En 2012, Ximena Pabón e Ineke Dibbits realizaron una investigación sobre aborto en aymaras. Identificaron diversos discursos sobre el tema en las comunidades: unos inscritos en el marco de los derechos y la salud sexual y reproductiva, y otros enmarcados en aspectos culturales ancestrales. Al respecto, Pabón afirma: "Los aymaras creen que cuando viene una granizada que daña sus cultivos se debe a que ha ocurrido un aborto. Para ellos el daño en sí no es el aborto, sino la afectación que éste puede generar a la producción agrícola y a su sobrevivencia inmediata, cuando el feto no ha sido enterrado debidamente. Si se realiza un ritual, al que ellos llaman wajta o despacho, el problema habrá sido zanjado, como dicen ellos". La responsable del área de comunicación de Ipas explica que los aymaras no juzgan a la mujer que aborta y que al no existir en su cosmovisión la figura del pecado como la concibe el cristianismo, tampoco les importa el infierno o la amenaza de la Iglesia católica de ser excomulgados. "Ellos hablan de un error que dentro de su pragmatismo puede ser remediado si se hace el despacho correspondiente", asevera.
Pabón añade que ambas visiones sobre el tema conviven y que si bien el concepto de derechos sexuales y reproductivos fue llevado por agentes foráneos, está siendo apropiado por mujeres y organizaciones sociales, algo que se refleja en el anteproyecto de ley mencionado. "Estas visiones siguen siendo compartidas tanto por jóvenes como por adultos, incluso los que migran a ciudades y otros países como la Argentina y el Brasil y tienen un contacto urbanizado", afirma.
No obstante, este proceso no se ha dado sin tensiones. Adela Yapu Mamani relata que inicialmente el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu – CONAMAQ, que es eminentemente aymara, tenía "una posición ancestral en contra del aborto, sustentada en principios espirituales y aspectos culturales". Sin embargo, continúa, "al participar en procesos de advocacy con estos temas, las autoridades paulatinamente reconocieron que es imperativo el tratamiento del aborto".
Todo esto pone también en entredicho la idea ampliamente difundida de que estos temas son incompatibles con las cosmovisiones indígenas, así como la retórica colonialista de "el problema del indio". Intelectuales latinoamericanos del siglo XIX afirmaron muchas veces que las sociedades indígenas representaban un obstáculo para el desarrollo de las naciones, y por ello se plantearon el dilema de si el mejor camino para la modernización de los países era extinguirlas o integrarlas a la sociedad mestiza. Lamentablemente, este discurso ha sobrevivido dos cambios de siglo y sus ecos aún se escuchan en medios de comunicación y actores políticos, que representan a las sociedades indígenas como entes homogéneos y marginados de la historia.