A principios de año, la Ley 26.472 modificó el Código Penal y la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad incorporando, de manera expresa, el acceso al arresto o prisión domiciliaria para las detenidas embarazadas o con hijos menores de 5 años o persona discapacitada a su cargo. No obstante el reconocimiento expreso del derecho otorgado por la ley, según la información del propio Servicio Penitenciario Federal, los niveles de encierro de embarazadas y madres con hijos menores de edad no han disminuido de manera significativa.