Tres millones de mujeres —casi la población total del Uruguay— recurren anualmente al aborto en 12 países de América Latina y el Caribe. Otros tres millones recurren a este procedimiento en Brasil. La abrumadora mayoría de todas ellas lo hace de manera clandestina, debido a que las leyes de las naciones en que viven penalizan esta práctica.
Salvo Cuba y el Distrito Federal de México (la capital de ese país con 18 millones de habitantes), donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal, en el resto de las naciones el aborto es parcialmente despenalizado o directamente considerado delito y, como tal, castigado con penas variables.
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