Por Mario Pecheny
La ilegalidad de la interrupción voluntaria del embarazo es una de las fallas más graves de nuestra democracia. Nuestro sistema legal, sostenido por el Estado y reproducido por nuestros representantes y funcionarios, considera a las mujeres como ciudadanas a medias, las ignoran como sujetos capaces de tomar las decisiones que afectan a sus vidas.