Por: Paola Bergallo – Silvina Ramos
Muchos han celebrado estos días escuchar a dos ministros de la Corte Suprema hablar sobre aborto, un problema que sigue cobrándose la vida de mujeres de nuestro país. Carmen Argibay y Carlos Fayt exhortaron públicamente al Congreso a hacerse cargo de la responsabilidad de actualizar nuestro código penal a los estándares de las legislaciones más modernas del mundo.
Sin embargo, esas voces podrían ser acompañadas por un reclamo de intervención más inmediato y menos ambicioso políticamente a los ministerios de salud provinciales y de la Nación. Son estos funcionarios los que hoy deben cumplir con su deber garantizando con reglas explícitas y claras las condiciones de acceso a los abortos permitidos en el artículo 86 del código penal.