En un asunto problemático y verdadero lío de alto gobierno se convirtió el trámite de un fallo internacional que le ordenó al Estado colombiano revisar el caso de un homosexual que le reclamó al Fondo de Previsión Social del Congreso la pensión de su compañero permanente, fallecido en 1993. Ministerios enfrentados, conceptos legales de aquí y allá, discusiones radicales y elevadas y hasta la intervención del vicepresidente Francisco Santos fueron desatados por cuenta de este peliaguda circunstancia.