El Estado mexicano violentó los derechos –consagrados en tratados internacionales– a la vida, la integridad y la libertad personal; a la no discriminación, y de acceso a la justicia y protección judicial, así como las garantías de los niños, en perjuicio de tres mujeres –dos menores de edad–, cuyos cuerpos fueron hallados en noviembre de 2001 en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, y de sus familiares, resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).