En Chile el aborto es ilegal desde 1989, incluso en los casos en que se trata de salvar la vida o salud de la mujer. Una herencia más de la dictadura militar. Con la llegada de la democracia en 1990, las organizaciones feministas confiaron en que se repondría este derecho, que existía en el país desde 1931. Sin embargo,las seis iniciativas legales presentadas hasta la fecha para flexibilizar esta situación han sido infructuosas. No se vislumbra voluntad política del gobierno para proponer la despenalización del aborto, porque aparentemente no existen condiciones que permitan abordar este tema en el debate público, ni siquiera para el aborto terapéutico.
Sin embargo, han surgido iniciativas tendientes a reponer el aborto por razones de salud, restringido a cinco causales: cuando la mujer está en riesgo vital (por ejemplo un embarazo tubario), una enfermedad que obliga a su interrupción (como el cáncer), una patología física preexistente incompatible (como una cardiopatía severa), por razones de salud mental en los casos de malformaciones incompatibles con la vida y embarazos producto de una violación.
En entrevista con el CLAM, la abogada Lorena Fries, presidenta de la Corporación Humanas y una de las redactoras del Informe Sombra para la CEDAW Chile 2003-2006, presenta un panorama general de lo que sucede en Chile respecto del aborto, su dimensión y relevancia como asunto de salud pública y la opinión de la población sobre este tema, entre otros aspectos.
¿Cuál es el estado de la situación del aborto en Chile?
Desde el punto de vista legal Chile sigue siendo uno de los países de América del Sur, el único en realidad, que tiene absolutamente criminalizada la práctica del aborto. Esta realidad impide tener cifras certeras respecto de cuál es su incidencia en el país. Se estima que se practican entre 160 y 180 mil abortos al año siendo uno de los países con mayor incidencia del aborto en relación con los nacidos vivos.
Se han presentado diversas iniciativas legales para reponer el aborto terapéutico, pero ninguna ha avanzado en el Congreso, ¿qué razones explicarían esta situación?
Creo que hay un conservadurismo extremo que es transversal, es decir, que cruza a todos los partidos políticos. La derecha política no concibe a la mujer como sujeto de derechos y en la izquierda, como se trata de un tema que no genera consensos, no hay disposición para legislar sobre el aborto. La Concertación de Partidos por la Democracia, como coalición de gobierno, está integrada por un partido de raigambre católica, que hace imposible instalar este tema.
A esta situación debemos agregar una Iglesia Católica muy politizada, un actor político al que además se le rinde pleitesía. Entonces, cualquier tema que suscite algún grado de resistencia por parte de la Iglesia es relegado a segundo plano. Si a esto le agregamos la ausencia de debate en la sociedad, no es posible construir una capa, un sedimento, que permita ir condensando los argumentos a favor del aborto.
Da vergüenza que con una mujer Presidenta no podamos avanzar en este tema. Incluso las organizaciones y movimientos de mujeres no han planteado la despenalización del aborto en todas sus formas. Lo que se propone es la posibilidad de la interrupción del embarazo por razones de salud.
¿Cuál es la percepción de la ciudadanía respecto de la posibilidad de reponer el aborto legal?, ¿lo aceptan en todas sus formas o hay restricciones?
En la Corporación Humanas realizamos una encuesta todos los años para conocer el pulso de la ciudadanía en este tema. Es una encuesta que tiene representatividad estadística nacional: 1.500 entrevistas a mujeres inscritas en los registros electorales. En su quinta versión, los resultados revelan que se ha constituido una tendencia más o menos asentada: las mujeres sí están de acuerdo con la posibilidad de legislar en torno al aborto. El porcentaje, cuando se trata de aborto terapéutico, es superior a 70%; lo mismo en el caso de violación, por encima del 60%. Incluso cuando no hay causales y es por la sola decisión de la mujer, tiene alrededor del 20% de apoyo, que de todas maneras es un porcentaje alto.
Estos resultados revelan que, por un lado, la ciudadanía está dispuesta a avanzar en estos temas, y por el otro hay una clase –una elite política– más conservadora que sus propios representados.
Hace muy poco la justicia Mexicana reconoció la constitucionalidad del aborto, ¿qué debe hacer Chile para que el aborto sea un derecho?
Lo que tiene que hacer Chile es legislar e iniciar un debate serio sobre el aborto. En primer lugar, debiera haber un reconocimiento legal a los derechos sexuales y reproductivos como parte integral de los derechos humanos. Y obviamente, si esto fuera aprobado, la posibilidad de legislar en torno a la interrupción del embarazo por distintas razones debería ser considerada. Evidentemente, iniciar un debate amplio es uno de los puntos más difíciles de lograr, porque hay mucho tabú sobre este tema.
¿Qué pueden hacer la sociedad civil y los movimientos de mujeres para que este debate avance?
De a poco lo hemos estado haciendo. Hemos generado diferentes tipos de aliados, no sólo mujeres; aún cuando se trata de un derecho de las mujeres, no sólo las cruza a ellas, sino que es un problema social. Estamos hablando de un problema de salud pública.
Respecto de la estrategia a seguir, tengo cierta ambigüedad sobre la agenda que se ha llevado hasta ahora, que es el aborto por razones de salud. En lo personal, pienso que se debería instalar el concepto de maternidad libre y voluntaria. Lo digo porque lo que está en juego finalmente es la capacidad de decisión de la mujer, no sólo para quedar embarazada, sino para evitar el embarazo. Estamos hablando de cualquier forma de intervención contraria a la voluntad de la mujer en materia de salud reproductiva, marco en el cual cabría el aborto.
¿Están dadas las condiciones para que hoy se pueda aprobar una ley de aborto por razones de salud?
Así como están dadas las cosas, no. Sin embargo, se ha abierto un espacio de discusión que crece. Hay que pensar una estrategia que permita al menos reinstalar el aborto terapéutico a largo plazo. Estamos pensando de 4 a 8 años. En ese rango de tiempo y con estrategias encaminadas a lograr estos acuerdo en los sectores que son líderes de opinión, podríamos decir que sí.