Por Pilar Pezoa Navarro
Para Line Bareiro, la falta de justicia “es una de las peores carencias de América Latina”. Por ello es necesario asegurar a las mujeres el acceso a la justicia y modificar legislaciones, como las que regulan el servicio doméstico, para avanzar en materia la equidad de género en la región.
El pasado 28 de junio, esta académica y activista paraguaya fue elegida como integrante del Comité de expertas de la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). Con una trayectoria en la lucha por los derechos de las mujeres reconocida en todo el continente americano, Bareiro ha sido investigadora del Centro de Documentación y Estudios (CDE), directora académica del informe sobre Derechos Humanos de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY), integrante de la Junta Directiva de la Asamblea General del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y fundadora de la Red Contra Toda Forma de Discriminación. La experta forma parte de redes feministas como la Coordinación de Mujeres del Paraguay y la Articulación Feminista Marcosur.
Su candidatura provino de la sociedad civil y contó con el apoyo del movimiento de mujeres latinoamericano, de organizaciones de derechos humanos y del gobierno paraguayo, quienes iniciaron hace casi dos años iniciaron un trabajo articulado que le garantizó a Bareiro el voto de 119 de los 184 países que suscriben esta Convención, es decir, 26 votos más de los necesarios para integrar el Comité.
La CEDAW provee un marco legal para que los Estados legislen y adopten medidas destinadas a eliminar la discriminación contra las mujeres y alcanzar la igualdad entre los géneros. Bareiro este año pasa a integrar su Comité, un ente independiente, de composición rotativa, compuesto por 23 expertas y expertos, que monitorea y formula recomendaciones para su cumplimiento. En la actualidad todos los países del orbe, excepto 7, han ratificado la Convención.
En entrevista con el CLAM, la experta ofrece su mirada sobre los derechos de las mujeres en la región, explica el funcionamiento de la CEDAW y expone cuáles son los desafíos que el Comité afronta.
¿Cómo ve el panorama de los derechos de las mujeres en América Latina?
Si bien las mujeres hemos alcanzado logros importantes en la región, existen algunos retrocesos. Hemos perdido derechos en países como Chile y Nicaragua, en donde se penalizó el aborto bajo cualquier circunstancia y de ese modo se legalizó, de cierta forma, la muerte de mujeres que podrían sobrevivir a embarazos riesgosos a través de su interrupción.
No obstante, en términos generales considero que estamos mejor que antes. Existen avances en la consagración de derechos y en su garantía a través de la justicia. Ahora tenemos mayor acceso a sistemas internacionales de justicia y de derechos humanos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Comité CEDAW. También hay logros en el ámbito de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que abordan cuestiones básicas para la dignidad humana como la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y el agua. Desde el Comité CEDAW se han hecho recomendaciones para que los derechos de las mujeres sean realmente integrados a los derechos humanos en general.
¿En qué tipo de derechos se notan los avances?
Para hacer una evaluación más rigurosa de los derechos de las mujeres es preciso considerar a qué grupo de mujeres nos referimos, pues la situación no es igual para todas, y tener en cuenta de qué derechos estamos hablando. En lo relativo a derechos políticos y liderazgo, en algunos países de la región aún existe una subrepresentación de las mujeres, aunque en otros está consagrada la paridad entre hombres y mujeres. En este momento en Costa Rica se está discutiendo la constitucionalidad de la alternancia y la paridad de género para garantizar una distribución más equitativa de la participación política de las mujeres en distintos organismos, nóminas y delegaciones. Ninguno de estos derechos ha sido gratuito.
Respecto a los derechos sexuales, obtenidos gracias a las luchas de las mujeres, es importante señalar que por primera vez están siendo considerados en una convención del sistema universal, como es la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por otra parte, ocho países en la región ya cuentan con una nueva generación de leyes sobre derechos reproductivos y derecho a la no violencia, que tienen un alcance superior al imaginado inicialmente por el movimiento de mujeres. En todo el continente americano se logró ratificar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belém do Pará.
¿Cómo se instrumentan esos marcos?
El trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido fundamental. Pese a las dificultades que se han presentado para que algunos casos de violencia contra las mujeres sean considerados por ese ente, informes como el producido por la Comisión de Acceso a la Justicia han sido de gran relevancia para el tema. La Corte también ha emitido sentencias históricas que han garantizado el acceso a la justicia a muchas mujeres como la de González y Otras, más conocida como “Campo Algodonero”, del 10 de diciembre de 2009, y la de Castro-Castro, del 25 de noviembre de 2006.
Con la sentencia de Campo Algodonero, la Corte condenó al Estado mexicano por violar los derechos humanos de tres mujeres desaparecidas, torturadas y asesinadas en Ciudad Juárez, y por vulnerar los derechos de sus madres y familiares. A través de la sentencia de Castro-Castro, la Corte obligó al Estado peruano a reparar a las víctimas de las masacres y torturas en las prisiones del Perú durante la dictadura de Alberto Fujimori (1990 – 2000). Esta última sentencia fue un hito para la justicia de género en América Latina, no sólo porque la Corte se manifestó contra crímenes cuyas víctimas eran mujeres, sino porque se reconoció que fueron perpetrados por razones de género.
¿Existen asignaturas pendientes?
Pese a estos avances y a la importancia de estas sentencias, aún existen situaciones graves de violencia contra las mujeres, como lo acontecido en algunas ciudades mexicanas donde la realidad supera todo lo imaginable. Un ejemplo son los asesinatos de más de 400 muertes en Ciudad Juárez que aún no han sido aclarados ni investigados.
También es importante señalar que persisten situaciones de profunda diferencia en el acceso a derechos entre hombres y mujeres en la Región. En Paraguay, después de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) el analfabetismo bajó del 14% a menos del 6%. Sin embargo, entre las mujeres indígenas se mantiene en un 90%.
Hace dos años aceptó ser candidata al Comité que da seguimiento a la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer – CEDAW. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para postularse?
Para las mujeres del Paraguay no es común candidatizarse para una convención de este tipo. Hasta ahora sólo había una paraguaya ocupando un cargo de esta importancia, Rosa María Ortiz, quien forma parte del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Las primeras en formular mi candidatura fueron mis compañeras del Informe Sombra CEDAW. Vigilancia ciudadana sobre los derechos humanos de las mujeres en Paraguay. En el año 2004, tuve la experiencia maravillosa de coordinar académicamente el equipo de 15 personas que elaboró este documento. Cada una de nosotras redactó un capítulo del informe y sometimos los textos a discusión con el resto del equipo. En estas jornadas compartimos nuestros análisis sobre los derechos de las mujeres y posteriormente incorporamos los aportes de estas discusiones. Al finalizar la elaboración del informe dos compañeras me dijeron: “vamos a postularte”.
Otro elemento que me motivó fue la importancia que tuvo la CEDAW para el movimiento de mujeres de Paraguay, al ser la única Convención suscrita por el país durante la dictadura de Stroessner. La adhesión del gobierno a la Convención estuvo acompañada por una actitud arrogante de la dictadura, que afirmó que integraría esta Convención para manifestar su solidaridad con las mujeres de Sudáfrica porque en Paraguay todo estaba bien y en orden con las mujeres.
Durante años la CEDAW fue el instrumento más importante con que contó el movimiento de mujeres paraguayo para la lucha por nuestros derechos. Con base en esta Convención se formuló un proyecto de ley para reformar el Código Civil de 1985, por ser discriminatorio contra las mujeres. Ese proyecto fue presentado poco tiempo después de la caída de la dictadura. La Convención también fue la base para argumentar modificaciones a artículos de la Constitución y para crear la Secretaría de la Mujer.
En resumen, la motivación fue muy grande y el trabajo formidable. Primero, fui postulada por la sociedad civil. Posteriormente se sumaron a mi candidatura grupos de derechos humanos donde también trabajé. En 2008 recibí el apoyo del gobierno paraguayo, gracias a la elección de una feminista como Ministra de la Mujer. El Ministerio de Relaciones Exteriores también se adhirió y apoyó esta campaña. En 2009 dí a conocer mi candidatura durante el XI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en México. Ahí comenzó un trabajo al que se sumaron muchas voces y se conformó el “equipo feminista de comunicación” que elaboró una página web de amplia cobertura divulgando mi candidatura. Luego hablé con representantes de 80 países. Hubo una fuerza grande, un impulso increíble. Mucha gente puso el hombro y eso se evidenció durante la elección: tuvimos 119 votos.
Esos fueron más votos de los que necesitaba para ganar…
Muchos más. Fue formidable sentir todo ese apoyo. Gracias a esto creo que la gente entendió que desde un país tan aislado como Paraguay, las mujeres podemos hacer aportes al Comité con una mirada especializada en participación política. El trabajo conjunto de la sociedad civil y Estado fue muy importante.
Algunas personas me sugirieron que no enmarcara mi candidatura en la militancia feminista ni en la lucha por los derechos humanos, porque podía “asustar” a algunos Estados. Pero fue al revés, los representantes de otros países simpatizaron con ese apoyo tan amplio y me dijeron que un apoyo tan amplio por parte de la sociedad civil era una muestra de credibilidad.
Durante los próximos tres años tendrá a su cargo la tarea de examinar los progresos realizados por los países que han ratificado la CEDAW. ¿Cómo funciona el Comité?
La Convención fue ratificada por todos los países del mundo, excepto 7: Somalia y Sudán, donde se practica la mutilación genital femenina; Irán, donde hay casos de lapidación a mujeres; Estados Unidos, que desde la firma del Pacto de Derechos Civiles y Políticos no ratifica ningún tratado de derechos humanos. Tampoco ratificaron la Convención Nauru, Palau y Toga. Pese a estas excepciones, la Convención es casi universal.
Sobre la labor de la Convención he percibido reservas por parte de varios países; pero llegué a la conclusión de que esto puede deberse a un interés de los países por cumplir lo que firmaron y ratificaron, puesto que existen prevenciones respecto a lo que no quieren hacer. Lo primero que quiero hacer es escuchar. Tengo muchas cosas que aprender. Estoy tratando de entender a cabalidad el funcionamiento del Comité.
El Comité tiene varios procedimientos de trabajo: se reúne tres veces al año para recibir informes de los países que lo conforman, dos de estas sesiones son en Ginebra y una es en Nueva York. Además existe un protocolo facultativo en torno al cual trabajan ciertos grupos, que depende de la cantidad de casos de vulneración de derechos de las mujeres que se reporten. Otro procedimiento es la elaboración de informes.
Es posible que ante reiteradas violaciones de derechos que revistan especial relevancia, un grupo de personas solicite al Comité la elaboración de un informe; en ese caso las expertas se trasladan al lugar de las denuncias para la elaboración del mismo. Una de las primeras solicitudes de este tipo fue un informe sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
Estará en un lugar donde podrá tener un panorama de la Región en cuanto a avances y retrocesos de los derechos de las mujeres. ¿Cómo se siente al respecto?
Es un gran privilegio darme cuenta de cómo funcionan los Estados del mundo frente a los derechos de las mujeres. Es una maravilla.
Por otro lado tengo la sensación de que muchas veces los gobiernos no entienden las recomendaciones emitidas por el Comité. Por eso hay que sistematizarlas, mejorar su difusión y responder a las preguntas que suscitan entre la gente. Para lograr mayores avances es necesario escuchar y preguntarse por qué un país no cumple con determinadas recomendaciones. Puede ser porque ese país no ve el problema o no quiere verlo; por lo tanto debemos identificar en qué lugar está la traba y resolverla. Para que los países incorporen las recomendaciones a sus planes de trabajo es necesario hacerlas más accesibles. Un ejemplo de esto es el caso de Rosa María Ortiz. Ella trabajó para “aterrizar” la Convención de los Derechos del Niño, y hoy varios países le han solicitado ayuda para hacer lo mismo.
Un aspecto para destacar de los informes y recomendaciones de la CEDAW es que, debido a la solidez de sus argumentaciones, son de gran utilidad no sólo en el movimiento de mujeres en América Latina –ya lo sabemos nosotras las paraguayas, ya que ha sido nuestro gran instrumento–, sino también en otros órganos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Creo que para este trabajo es fundamental, por un lado, investigar y, por otro, elaborar recomendaciones claras, que sean de cumplimiento obligatorio. Para mi es fantástico, es un privilegio estar acá luego de trabajar en investigación durante tantos años.
Otra tarea que tenemos ahora es afinar una conexión con UN Women [ONU Mujeres] –una nueva entidad de las Naciones Unidas para la equidad entre géneros y el empoderamiento de la mujer, que fusiona la División para el Adelanto de la Muejr (DAW), el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), la Oficina del Asesor Especial en cuestiones de género (OSAGI) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)– creo que esto es muy importante.
¿Cuál cree que debe ser el énfasis de su trabajo para enfrentar estos retos? ¿Cuál sería su sello?
Creo que en América Latina hay carencias muy graves. La falta de justicia es una de las peores, ya que nos impide garantizar los derechos. Creo que el tema del acceso a la justicia y la visión de las leyes que tenemos es un asunto muy serio que es preciso trabajar en el continente.
Tomemos como ejemplo la situación de las trabajadoras del servicio doméstico. Si bien la OIT está trabajando en este tema y Chile cuenta con una experta como María Elena Valenzuela, que ha movido al continente sobre esta realidad; la vigencia de legislaciones como la de Brasil, donde las empleadas no tienen límite de horas de trabajo, o la de Paraguay, donde se legisla sobre las horas de descanso y de trabajo, pero contempla horas extras es inaceptable. De esta forma los derechos se cercenan. En este momento sólo dos países muestran avances al respecto: Bolivia, a partir del gobierno de Evo Morales, y Uruguay, con Tabaré Vásquez. Detrás están justamente Paraguay, Argentina, Brasil y Chile.
Este es un tema mundial, y si me preguntan qué es lo que más quiero, la respuesta es: ¡justicia! En la actualidad existe una gran desigualdad social en distintos países, que afecta de manera especial a las mujeres. Es terrible que aún no tengamos derecho a la autonomía plena, derecho a nuestra emancipación, a caminar por el mundo, a decidir sobre nuestro cuerpo. Hay grandes tareas para las mujeres en los próximos 20 años.