En Perú, la decisión del fiscal Marco Guzmán Baca de archivar la investigación por la esterilización forzada de mujeres indígenas y campesinas del país durante el gobierno de Alberto Fujimori generó indignación en varios sectores de la sociedad. Luego de tomar declaraciones a centenares de mujeres en varias regiones del país y examinar el expediente del caso que suma 142 tomos, Guzmán concluyó que sólo hubo violación de derechos en uno de los casos y que por lo tanto no se cometió crimen de lesa humanidad. El 24 de enero, el Fiscal anunció que no denunciaría penalmente a Fujimori ni a los ex ministros de Salud acusados, al no encontrar evidencias de que ellos tenían conocimiento de los hechos. En su lugar, entabló denuncia penal contra dos médicos de Cajamarca, quienes serían responsables de homicidio culposo en el caso de una mujer que falleció días después de ser esterilizada. Luego de casi dos décadas de lucha por el reconocimiento oficial de este crimen sistemático y generalizado que el Estado peruano habría perpetrado contra las mujeres más pobres del país, la decisión de Guzmán las revictimiza, al desconsiderar las declaraciones de cientos de ellas, afirman defensores de derechos humanos.
Entre 1996 y 2000 se llevaron a cabo 346.219 esterilizaciones femeninas y 24.535 masculinas en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Dicho programa privilegiaba la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) en la reducción de las tasas de mortalidad materna y natalidad, y fue publicitado por Fujimori en foros internacionales como una forma de garantizar que las mujeres fueran "dueñas de su destino". La AQV también estaba orientada a reducir la pobreza del país, aspecto que adquirió especial relevancia en un momento en que el gobierno peruano renegociaba con el Banco Mundial el pago de su deuda, así como la obtención de más créditos. Si bien las intervenciones tenían en principio carácter voluntario, se estima que más de 2000 mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento mediante engaños, amenazas y otras formas de coacción. Asimismo, el programa estaba planeado para ser implementado en todo el Perú, pero este fue puesto en marcha con particular énfasis en zonas rurales, habitadas en su mayoría por mujeres pobres indígenas y campesinas. En Cusco se llegaron a realizar cinco operaciones al día, de acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Salud y declaraciones de las víctimas. Pese a ello, Guzmán sólo denunció el caso de María Mamérita Mestanza, una mujer campesina del departamento de Cajamarca que falleció debido a una infección contraída a causa de este procedimiento. Tal denuncia no supone en sí un avance en el esclarecimiento de los hechos, puesto que la responsabilidad del Estado peruano en este caso ya había sido reconocida con anterioridad.
En 2003, el caso de Mestanza llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se resolvió parcialmente mediante un acuerdo de solución amistosa luego de que el Estado peruano se comprometiera a indemnizar a la familia de la víctima, así como a investigar judicialmente a los actores intelectuales y materiales de dichas esterilizaciones. La investigación contra ex ministros y otros funcionarios de Fujimori fue archivada por la Fiscalía en 2009, pese a que la CIDH instó al Estado a darle continuidad.
Por otro lado, la decisión de Guzmán también generó sorpresa, debido a que en declaraciones previas había sugerido avances en la investigación y en la determinación de responsabilidades por los hechos. Luego de permanecer 3 años cerrada, la investigación fue reabierta en 2012 y en 2013 pasó a manos de Guzmán, cuando este asumió la titularidad de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima. Como señala la agencia de noticias IPS, en noviembre de 2013 Guzmán afirmó que luego de entrevistar a más de 500 víctimas en todo el país, existían "indicios reveladores de la presunta participación en los hechos de Alberto Fujimori". Por tal motivo decidió ampliar la investigación. En enero de este año, el Fiscal entrevistó al otrora presidente en su lugar de reclusión y una semana después anunció el archivo de la investigación. Esto plantea serias cuestiones respecto a qué ocurrió después de dicha entrevista, así como al valor otorgado a las declaraciones de centenares de víctimas frente al relato de Fujimori, quien, como afirmó Guzmán, se negó a responder varias preguntas.
Rossy Salazar es la responsable de la línea jurídica de Demus, organización feminista peruana que junto a otras ha litigado en esta investigación.* En entrevista con el CLAM, Salazar discute los argumentos en los que se apoyó Guzmán para archivar el caso, describe el modo sistemático y generalizado como operó el programa de esterilizaciones forzadas y habla sobre las alternativas en la búsqueda de justicia y reparación para estas mujeres.
¿A qué atribuye la decisión del Fiscal Marco Guzmán de archivar la investigación?
Yo supongo que el Fiscal ha sufrido una presión muy fuerte y por ello tomó esta decisión. Hasta el momento no es claro por qué ningún fiscal ha denunciado un caso como éste en el que resulta obvio que ese es el paso a seguir. De lo contrario, hablaríamos de un Fiscal que no cree en las declaraciones de las mujeres, que puede estar copado de estereotipos referentes a ellas, más aún cuando son mujeres indígenas. En este sentido, habría que examinar la influencia que pudo haber tenido el racismo en la decisión. El Fiscal creyó la versión que Fujimori dio en una sola declaración, pero no valoró las declaraciones de 500 mujeres que relatan cómo fueron esterilizadas.
Al leer las declaraciones de ellas es evidente que hubo un patrón de conducta por parte de los médicos que el Fiscal no consideró. Yo no podría afirmar que hubo corrupción, porque no tengo pruebas de ello. Lo que veo es que el Fiscal hizo un trabajo muy deficiente, porque con todo lo que hay en el expediente, fácilmente podría haber hecho la denuncia y durante el proceso judicial determinar las responsabilidades individuales. Pero ni siquiera hizo eso. Él sólo tomó en cuenta una declaración, la del caso de María Mamérita Mestanza, sobre el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se había pronunciado, y que no llegó a la Corte Interamericana porque hubo un acuerdo de solución amistosa. Nosotras llevamos este caso.
¿En qué consiste el patrón al que hace referencia?
En el caso de los médicos se observan varias conductas. Si bien una parte de su labor consiste en brindar información sobre salud a las mujeres, otra cosa es acosarlas para que tomen ciertas decisiones. En las declaraciones las mujeres señalan que médicos acudían casi a diario a sus casas para convencerlas de que se sometieran a la ligadura de trompas, pese a que ellas les habían señalado en repetidas ocasiones que no querían hacerlo. En otros casos, mujeres que acudían al médico en busca de un servicio determinado, como el tratamiento de una hernia, el chequeo del estado de salud de sus hijos, etcétera, eran inyectadas con un medicamento para dejarlas inconscientes y así operarlas contra su voluntad. Otras mujeres que se negaron a ser esterilizadas fueron chantajeadas. Los médicos las engañaban diciendo que en el Perú había sido promulgada una ley que castigaba a las mujeres que tuvieran 4 o más hijos, y como muchas ya tenían tres, debían someterse al procedimiento para evitar la cárcel. En el caso de mujeres de la Provincia de Anta, que no hablan castellano, es claro que ellas no entendieron qué les estaban haciendo, al punto que ni siquiera firmaron el consentimiento para someterse a la cirugía. A muchas de ellas les hicieron creer que se les realizaría un procedimiento para mejorar su sistema reproductivo y tener hijos más sanos.
Durante el gobierno de Fujimori hubo un programa de alimentación, que para mucha gente pobre representó la única posibilidad de acceder a una comida. A muchas de estas personas les dijeron que para beneficiarse del mismo debían esterilizarse. En las declaraciones de las mujeres también aparecen comentarios racistas por parte de los médicos. Yo he leído más o menos 200 declaraciones y en casi todas se repite una frase pronunciada por los médicos: “¿ustedes [mujeres] quieren ser como chanchos?”. Las comparaban con animales. Es difícil creer que 200 mujeres de distintas partes del país se hayan puesto de acuerdo para decir lo mismo. Ellas señalan que los médicos también les decían que lo que les estaban haciendo era por su bien. Otro aspecto recurrente es que muchas cirugías no fueron realizadas en centros con instalaciones e instrumentación quirúrgica adecuadas. Muchas operaciones se llevaron a cabo en centros de primer nivel, en postas, donde a lo sumo se permite suministrar medicamentos para el dolor de cabeza o para la fiebre. Las mujeres de poblaciones rurales alejadas relatan haber sido obligadas a subir a ambulancias que llegaban en caravana. Luego las llevaban a un hospital –ellas creen que en la capital, pero no saben con certeza porque casi no salen de sus poblaciones– y allí las amarraban, les mentían, las dejaban inconscientes con medicamentos y las esterilizaban.
Todo esto forma parte del patrón que aparece en las declaraciones de las mujeres y que el Fiscal no valoró en su decisión, ni siquiera para decir que no lo convencían. Él no menciona nada de lo relatado por ellas, omite totalmente sus declaraciones.
¿En qué regiones se implementó este programa?
El Programa se llevó a cabo en todo el país. Tanto en ciudades como en zonas periféricas. Pero hubo un énfasis particular en las zonas más pobres del Perú a través de campañas, ferias, caravanas de médicos y ambulancias. En esas regiones habitan mujeres que hablan quechua, aymara u otras lenguas distintas al castellano. Son mujeres muy pobres, indígenas o campesinas. Este programa, que era de salud sexual y reproductiva, estaba ligado a metas poblacionales de disminución de la pobreza; y para tal fin se buscó que los pobres no tuvieran hijos. Por eso se focalizó en las zonas más pobres del país.
¿Qué consecuencias puede tener la decisión del Fiscal para las víctimas?
En términos subjetivos, para ellas ha significado una desilusión frente al sistema de justicia. Estas mujeres sienten que el Estado les violó nuevamente sus derechos al no reconocer que lo que pasó no debió haber ocurrido. Pero ellas siguen en la lucha por obtener justicia.
Por otro lado, la resolución del Fiscal de archivar una investigación de esta naturaleza contra los autores mediatos de este plan cierra una posibilidad para que las mujeres accedan a la justicia. Pero, por suerte, el camino no termina allí. La Fiscalía superior tendrá que definir si el caso está cerrado, si amplia la investigación o si ordena que se interponga una denuncia.
¿Qué reacciones ha suscitado este caso en la sociedad?
Las reacciones al respecto han cambiado. Hace un año había una especie de polarización sobre el tema. Debido a la persistencia del racismo y la discriminación, la mitad del país creía que esto era lo mejor que le podía pasar a las mujeres pobres. La otra mitad, por el contrario, lo consideraba indignante. Pero ahora, luego del fallo del Fiscal, los medios de comunicación en general han publicado notas en un tono de indignación. Pienso que ha disminuido la aprobación social de la esterilización forzada en mujeres pobres.
Sin embargo, personajes como Alejandro Aguinaga, congresista involucrado en la denuncia y ex ministro de salud de Fujimori, siguen despotricando contra las mujeres. Él dice que lo que pasó no es real y que ellas están exagerando. Asimismo, algunos líderes de opinión como Aldo Mariátegui consideran que a las mujeres pobres se las puede tratar de esta forma. Todo esto crea un clima de desconocimiento frente a lo sucedido.
Nosotras, que hemos luchado por este caso durante varios años, nunca habíamos visto una repercusión mediática tan grande como la de este año. Eso lo consideramos positivo. Muchas de las mujeres esterilizadas sienten que cuentan con el apoyo de los medios.
Tras hacer pública su decisión, el Fiscal también afirmó que no existe un “paquete normativo” que refuerce la imputación en tanto la esterilización forzada no constituye un tipo penal en el Perú. ¿Eso significaría que dicha práctica está permitida en el país?
No. Constitucionalmente hablando, el Fiscal tiene el deber de decir si una conducta constituye delito o no. Puede que las denuncias presentadas por organizaciones no hayan tipificado la conducta correctamente. Algunas, por ejemplo, señalaron que se trataba de un genocidio, pero él como Fiscal tiene el deber de tipificarla de acuerdo con las leyes del país.
Si bien a nivel internacional este tipo de comportamiento se denomina “esterilización forzada”, en el Código Penal peruano no existe este delito. No obstante, sí existe el de lesiones graves, razón por la cual nosotras presentamos una denuncia por este delito, señalando que en algunos casos dichas lesiones fueron seguidas de muerte. Una forma de lesión grave es la mutilación corporal o provocar que un órgano del cuerpo no pueda desempeñar su función sin autorización. Cuando se esteriliza a alguien el sistema reproductivo ya no sirve para tal fin. Esto encaja con claridad en el tipo penal de lesiones graves. Entonces, el Fiscal no puede decir que a nivel interno no exista un tipo penal correspondiente.
Nosotras le pedimos a él que hiciera una interpretación convencional, constitucional y penal sobre la normatividad, como se hizo en el caso de Barrios Altos. En ese caso, la sentencia señaló que Alberto Fujimori había incurrido en el delito de secuestro. Internacionalmente el delito es definido “desaparición forzada”, considerado crimen de lesa humanidad, pero a nivel interno la conducta se tipificó de otra forma. A Fujimori le pusieron la pena más alta por cometer un delito que internacionalmente atenta contra la humanidad, no obstante fue tipificado según un tipo penal interno. Nosotras le pedimos al Fiscal algo similar, pero él ni siquiera tipificó la conducta según las leyes internas.
En el Perú se firman dos tipos de consentimiento para llevar a cabo una intervención médica como ésta: uno en el que la persona indica haber recibido información sobre el procedimiento y otro en el que acepta someterse al mismo. Esto no ocurrió con dichas mujeres. Cualquier penalista en el país diría que si una mujer va al ginecólogo, le pide que no le practique una anticoncepción quirúrgica y pese a ello el médico lo hace, se estaría perpetrando una lesión grave. Pese a ello, el Fiscal afirma que no hay un tipo penal establecido en el país que permita sancionar dichas conductas.
En este caso, ¿es posible apelar al derecho internacional para revertir la decisión del Fiscal o para invalidar su afirmación de que las esterilizaciones forzadas no constituyen un delito?
Si a nivel interno no sucede nada de lo que hemos previsto, nosotras vamos a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y así intentar llevar el caso a la Corte. Demus y otras instituciones que también están litigando el caso, como el Instituto de Defensa Legal y la Procuraduría, consideramos que lo ocurrido constituye un delito de lesa humanidad, porque un aparato de poder, que fue el sector salud, fue utilizado para cometer este delito; porque hubo un plan establecido de esterilizaciones, que incluso fijaba metas; y porque hubo un ataque generalizado contra un grupo de mujeres. Es decir que cumple los requisitos para ser considerado crimen de lesa humanidad. Si la justicia del país no resuelve nada, vamos a recurrir al nivel internacional para que estas mujeres puedan acceder a justicia y reparación. Ellas llevan 17 años luchando para que alguien diga que lo que se les hizo no estuvo bien y se reconozca que fue un delito. Es impensable que hasta la fecha esto no haya ocurrido.
* Texto actualizado el 20/02/2014