En Chile comenzaron a regir nuevas Normas sobre Regulación de la Fertilidad que autorizan la distribución de píldoras anticonceptivas a personas mayores de catorce años de edad. Tuvieron que pasar más de 10 años para que los ciudadanos pudieran tener un primer acercamiento a estas nuevas Normas.
En 1997, pese a todos los buenos indicadores y los esfuerzos que ya se habían hecho en distintas áreas de la salud, Chile aún tenía una deuda pendiente con los derechos sexuales y reproductivos. Para enmendar la falta, los profesionales del ICMER (Instituto Chileno de Medicina Reproductiva) y de APROFA (Asociación Chilena de Protección de la Familia) propusieron al Ministerio de Salud la preparación de nuevas Normas de Regulación de la Fertilidad para actualizar las recomendaciones sobre el uso de métodos anticonceptivos. Parecía que sus esfuerzos estaban en sintonía con la reforma del sector salud cuyos objetivos sobre la regulación de la fecundidad para 2000-2010 son “reducir la inequidad reproductiva, la incidencia de aborto provocado y el embarazo no deseado en adolescentes”.
Hoy, son estos nuevos contenidos los que han generado un fuego cruzado de declaraciones entre diversos sectores políticos: los más conservadores, el ala progresista de la coalición de gobierno, opiniones gubernamentales, declaraciones de la iglesia, pasando por impresiones juveniles y reflexiones de padres y madres. Hasta la justicia chilena deberá pronunciarse sobre este tema por la presentación de recursos de protección por parte de parlamentarios de derecha.
Soledad Díaz Fernández médica e investigadora de ICMER y responsable del equipo que redactó esta nueva normativa sexual habla sobre el contenido y las repercusiones políticas y sociales de las nuevas medidas.
La Norma tiene cerca de 170 páginas de extensión. ¿Cuál es a su juicio el o los aspectos más sustantivos de estas modificaciones?
La Norma está basada en la actualización de todos los criterios médicos para el manejo del uso de anticonceptivos, de acuerdo con las recomendaciones internacionales y de la Organización Mundial de la Salud. Eso quiere decir que, desde el punto de vista técnico, está actualizado al año 2006 con toda la información respecto a las decisiones médicas correctas para el manejo de los métodos.
El otro aspecto interesante es que las normas chilenas cuentan con esta perspectiva distinta que es la de mirar y respetar los derechos de las personas, realidad que no aparece habitualmente en un capítulo de normas técnicas. El respeto a la libertad de las personas para decidir por sí mismas es un eje importante de la Norma.
¿Hay algún aspecto internacional que recoge esta Norma?
Las nuevas Normas sobre Regulación de la Fertilidad, además de ser de carácter médico, incluyen la perspectiva que instaló la Conferencia de El Cairo sobre derechos y género que no estaban en la versión anterior.
¿Qué impacto político puede generar la implementación de esta norma?
No creo que los aspectos técnicos vayan a generar el debate. El debate lo está generando esta otra perspectiva que no tiene que ver ni con la salud pública ni con el manejo médico de los métodos, sino con la apertura de los servicios de salud hacia ciertas situaciones en que el respeto por la libertad y la confidencialidad son más necesarias. Este es el caso de la entrega de anticonceptivos de emergencia a adolescentes.
Sin embargo, nadie ha leído la Norma todavía. Nadie sabe lo que dice. Hay muchas opiniones basadas en una postura preconcebida. Esto es: “ahora el Ministerio no tiene que pedir permiso a los padres para entregar anticonceptivos a las adolescentes”. Sin embargo, la Norma dice: “incentiva a los adolescentes a hablar con sus padres. Si no pueden hacerlo, atiéndalos como vienen, apóyelos si hay conflicto”; pero no está diciendo: “no importan los padres”. Entonces, hay una mala interpretación.
Creo que todo debate hace bien, pero me gustaría que éste fuera más centrado en lo que son las Normas y no en aspectos puntuales y mal leídos. Es interesante la perspectiva que los padres puedan tener. Tal vez el debate público permita que ellos estén más alertas para hablar estos temas con sus hijos e hijas; pero eso también está por verse. Ojalá el revuelo que ha generado la difusión de las Normas sirva para un debate útil.
¿Qué es lo que está en juego?
Hay un énfasis en los aspectos éticos y en los aspectos de género que son importantes en la consejería. Hay un esfuerzo en trasladar el paradigma de la prescripción médica -es decir, “esto es lo que a usted le conviene”- hacia el derecho de las personas a elegir por sí mismas lo que es más adecuado para sí. Para llegar a eso es fundamental que el personal de salud lo entienda claramente. Y eso significa capacitación. Esa es la cadena lógica que veo.
Sin embargo, salió al paso el debate político y no sospecho qué curso va a tomar el desarrollo de los acontecimientos. No sé si la ministra de Salud va a recibir presiones, ni cómo va a reaccionar.
Si se pudiera hacer un plebiscito para evaluar la intención de los chilenos sobre la implementación de la norma, ¿cuál cree que sería el resultado?
No hay encuestas adecuadas sobre cuál es la percepción de la población sobre este tema. Por ejemplo, en el caso de la anticoncepción de emergencia –que fue el debate previo- la población estaba muy a favor de que sí tiene que estar disponible.
Sobre el tema de la apertura de los servicios a los menores de edad, no hay datos. La experiencia clínica, la realización de talleres y las conversaciones con madres revelan que ellas están preocupadísimas por la situación y quieren que el servicio las apoye en entender y acoger la sexualidad de los hijos e hijas. No tengo datos sobre cuál podría ser la respuesta más masiva. A veces la reacción de la opinión pública es muy manipulable.
¿Cree que la nueva Norma contribuirá a un Chile más saludable?
Creo que sí. Cualquier cosa que ayude a solucionar un grave problema de salud pública, como es la situación de los adolescentes, debería contribuir. Es más saludable usar bien los métodos anticonceptivos que usarlos mal, esta norma debería servir para ello. Es más favorable para una sociedad respetar la libre decisión de las personas. Pero todos estos son “debería”, porque depende de cómo se implemente.
Está claro que la nueva Norma sobre Regulación de la Fertilidad provee recomendaciones para la elección médica apropiada de un anticonceptivo, basado en los últimos datos clínicos y epidemiológicos, e incluye aspectos éticos, de género y calidad de los servicios. Está claro también que la disponibilidad de métodos anticonceptivos es un componente esencial de la libertad de elección, pero ¿cómo asegurar la libertad de elección? “Que cada persona pueda identificar la mejor opción para sí, depende de la calidad de los servicios disponibles y de la preparación de los y las profesionales que las atienden” concluyó la experta.