Desde 1989 Colombia no contaba con cifras confiables sobre la magnitud del aborto clandestino. Con el nuevo estudio del Guttmacher Institute, titulado Unintended Pregnancy and Induced Abortion in Colombia: Causes and Consequences (2011), se establece una base para conocer con mayor exactitud el contexto social del aborto inseguro como problema de salud pública y su impacto concreto en la salud y los derechos de las mujeres.
Las investigaciones sobre aborto inducido en el país aún no se han consolidado como un campo específico. Pese a que existen algunas investigaciones sobre el tema, éstas han sido realizadas por un número reducido de investigadoras pertenecientes a universidades y a organizaciones no gubernamentales que prestan servicios de salud sexual y reproductiva en Colombia. Desde el punto de vista demográfico sobresalen dos estudios: el realizado por Lucero Zamudio y su equipo de la Universidad Externado de Colombia, publicado en 1999; y uno de 1989, realizado por del Guttmacher Institute, similar al publicado este año.
La estigmatización del aborto inducido, que hasta 2006 fuera un acto delictivo y que aún hoy sólo es legal en tres circunstancias (en caso de malformaciones en el feto incompatibles con la vida, cuando el embarazo es producto de violencia sexual o cuando está en riesgo la vida de la gestante, según lo establecido por la Sentencia C-355 de 2006), dificulta la medición de su frecuencia. Por tal motivo, los estudios suelen emplear metodologías indirectas para estimarla.
El Guttmacher Institute es una organización sin ánimo de lucro con sede en la ciudad de Nueva York, que desde hace más de 40 años viene trabajando en temas de salud sexual y reproductiva, desarrollando acciones e investigaciones tanto en los Estados Unidos como en otros países del mundo. En 2009 fue designado por la OMS y la OPS como Centro Colaborador para la Salud Reproductiva. Sus investigaciones son ampliamente reconocidas.
El estudio realizado por Elena Prada, Susheela Singh, Lisa Remez y Cristina Villareal, ofrece un panorama sobre la práctica del aborto inducido en Colombia, tanto legal como ilegal, a partir de la metodología de estimación de aborto por complicaciones. Para tal fin, las investigadoras tomaron datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) y del Departamento Administrativo Nacional de estadística (DANE), y recolectaron información a través de una encuesta de carácter nacional realizada a diversas instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y a expertos y expertas en el tema de aborto inducido.
Además de las estimaciones sobre abortos inducidos en el país, el estudio presenta las tendencias de esta práctica durante las dos décadas anteriores, e identifica factores relacionados con la ocurrencia de abortos clandestinos. Calcula la capacidad del sistema de salud para atender tanto las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) como las complicaciones obstétricas asociada a abortos inseguros, y brinda un panorama general de los embarazos no planeados en el país. Las cifras presentadas por la entidad norteamericana revelan una situación preocupante en relación con las tasas de mortalidad de mujeres.
Más de 400.000 abortos inducidos al año
En Colombia, se estima que cada año ocurren 89 embarazos no planeados por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva; cifra que en Bogotá asciende a 113 por cada 1.000, en contraste con su alta tasa de uso de metodos de anticoncepción modernos (73%). Según la ENDS de 2010, en el país, los nacimientos no planeados aumentaron de 36% en 1990 a 51% en 2010. De estos, 44% terminaron en aborto inducido.
La tasa anual de aborto clandestino en el país aumentó ligeramente desde el último estudio realizado por el Guttmacher Institute. En 1989, ésta era de 36 abortos por 1.000 mujeres en edad reproductiva, en tanto que en 2008, año de corte del estudio, fue de 39 por 1.000, con importantes variaciones regionales: en la Región Oriental se estimaron 18 abortos inducidos por cada 1.000 mujeres, 24 en la Región Central, 42 en la Región Atlántica, 54 en la Pacífica y en Bogotá, capital del país, se estimó una cifra de 66 abortos inducidos por cada 1.000 mujeres, lo que constituye la tasa más alta.
Anualmente, una de cada 26 mujeres colombianas se practica un aborto inducido. Esta tasa se sitúa un poco por encima de la de América Latina. La OMS calculó en 33 por cada 1.000 mujeres la tasa de aborto para América Central y del Sur. Colombia se ubica por encima de México (33) y Guatemala (24) y por debajo de Perú (54).
En los debates sobre aborto clandestino se suele señalar que la mayoría se realizan debido a causas no contempladas por la despenalización. El presente estudio confirma lo anterior proporcionando una cifra concreta: de aproximadamente 400.400 abortos inducidos realizados en 2008, sólo 322 (0,08%) fueron reportados como procedimientos legales.
¿Cuánto cuesta un aborto ilegal?
Como en otros temas asociados con salud reproductiva, las mujeres rurales y de sectores populares son las más afectadas y están más expuestas a abortos inducidos realizados en condiciones inseguras. Muchas de ellas no cuentan en sus regiones con servicios de salud adecuados o no tienen el dinero suficiente para pagar un procedimiento seguro cuando se trata de un aborto ilegal.
El bajo costo relativo del misoprostol hace que su uso sea frecuente. La dosis necesaria para inducir un aborto (4 tabletas de 200 mcg) cuesta unos 36.000 pesos colombianos (alrededor de US$17) cuando es provista por una partera tradicional, y máximo 86.000 pesos colombianos (unos US$39) cuando es suministrada por un médico. Los precios cobrados en droguerías, o por enfermeras y vendedores ilegales –dado que este medicamento requiere de prescripción médica–, oscilan entre 57.000 y 63.000 pesos (US$26 y US$29, respectivamente).
Las mujeres pueden pagar a un médico cerca de 393.000 pesos (US$179) por procedimientos ilegales realizados en clínicas o consultorios ó 164.000 pesos (US$75) a personal de enfermería. Cuando cuando el procedimiento es realizado por farmacéuticos o parteras tradicionales, el costo se reduce, en promedio, a 90.000 pesos (alrededor de US$40).
Abortos inseguros: amenaza para las mujeres y para el sistema de salud
Quizá la principal conclusión del estudio, que se traduce en recomendaciones urgentes para las instituciones del Estado en general, sea que “los abortos inseguros amenazan la salud de las mujeres y son una carga para el sistema de salud”. Aproximadamente 70 mujeres mueren cada año debido a abortos inducidos de forma insegura y 132.000 sufren complicaciones que requieren atención especializada. Aunque la mortalidad materna causada por abortos inducidos ha disminuido en los últimos años, la situación continúa siendo grave, máxime si se considera que es una causa de mortalidad materna altamente evitable, pues cuando el aborto es realizado en condiciones apropiadas se producen menos del 0,3 % de complicaciones médicas.
Se estima que una tercera parte de las mujeres que tiene un aborto ilegal desarrollan complicaciones que demandan asistencia médica y una quinta parte de las mujeres que sufren complicaciones no son atendidas en instituciones de salud. Cada año, el sistema de salud ofrece tratamiento postaborto a 93.000 mujeres, lo que hubiera podido evitarse si el procedimiento se hubiera realizado de forma segura por personal especializado.
El estudio muestra que la mitad de los abortos son inducidos usando misoprostol (50%). El inadecuado conocimiento de los proveedores de servicios y la falta de información de las mujeres sobre cuándo y cómo usar este medicamento pueden conducir a una tasa de complicaciones innecesaria, como el sangrado abundante, que se presenta en un 32% de los casos y requiere atención. El otro 50% de los abortos inducidos se puede dividir en tres grupos: los más riesgosos, que representan el 16% y son realizados en un 9% por parteras no capacitadas y 7% por las mismas mujeres, sin ayuda externa. Otro 16% lo representan abortos relativamente seguros, realizados por profesionales de la salud de nivel medio (farmaceutas y personal de enfermería). El 18% restante corresponde al grupo de abortos más seguros (exceptuando los realizados con misoprostol) que incluye abortos quirúrgicos llevados a cabo por médicos.
El panorama institucional y de recursos médicos del estudio muestra que un problema fundamental a considerar sigue siendo la efectiva implementación de la Sentencia que despenalizó parcialmente el aborto.
Por otra parte, indica que el sistema de salud no está suficientemente preparado para atender las Interrupciones Voluntarias del Embarazo. Estos servicios son escasos en el país: tan sólo 11% de las IPS los proveen y brindan atención postaborto. Ese porcentaje se duplica en Bogotá (23%), mientras que en otras regiones del país está cerca o por debajo del promedio nacional. A esto se suma que 93% de las IPS usan el método D&C (de dilatación y curetaje) y sólo el 7% usan la AMEU (Aspiración Manual Endouterina). Este último método es recomendado por la OMS por tratarse de un procedimiento más seguro, menos costoso y menos invasivo durante las etapas tempranas del embarazo y en los casos en que no hay mayores complicaciones, circunstancias a las que obedecen la mayoría de abortos inducidos en el país. Lo anterior revela que existe un problema generalizado de falta de entrenamiento y de equipamiento médico, que dificulta aún más la realización de esta práctica en un contexto estigmatizante, que obstaculiza el acceso de las mujeres a servicios seguros de IVE.
La situación nacional en torno al aborto y la salud reproductiva de las mujeres es un problema de grandes dimensiones que requiere atención en distintos frentes, como lo indica el estudio. Es necesario mejorar los programas y el acceso a la anticoncepción, reducir el estigma de la práctica del aborto tanto para las mujeres como para las instituciones y los profesionales que realizan el procedimiento. Es urgente hacer efectiva la implementación de la Sentencia que despenalizó parcialmente el aborto, lo cual se traduce no sólo en campañas masivas de información sobre la IVE, sino en entrenamiento del personal médico, actualización de equipos en las instituciones y mejoramiento de los sistemas de información.
En todo caso, la IVE es sólo un aspecto del aborto inducido en general, ya que las mujeres abortan en su mayoría por causas distintas a las despenalizadas, lo que implica una revisión de las mismas por representar una amenaza para la autonomía, la vida y la salud de las mujeres colombianas.