El Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) están desarrollando una serie de talleres dirigidos a funcionarios y operadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la finalidad de sensibilizarlos sobre los derechos de la población LGTB. De esta manera procuran promover la erradicación de la violencia ejercida en operativos, redadas y otras acciones del serenazgo y otras fuerzas responsables de la seguridad ciudadana.
No discriminación y respeto a la diversidad sexual de lesbianas, trans, gays y bisexuales es el título de este programa de capacitación, un primer esfuerzo para erradicar prejuicios y optimizar el desempeño de los servidores públicos en el marco de los derechos humanos.
“Es muy importante este acercamiento con el gobierno local, esperamos que el resultado de esta acción de sensibilización sea el establecimiento de compromisos que mejoren el ejercicio de derechos de la población LTGB”, señaló Belissa Andía, Secretaria del Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género.
Los talleres, iniciados en el mes de julio, tienen como destinatarios a los funcionarios de diferentes gerencias y subgerencias municipales relacionadas con la seguridad ciudadana y a los integrantes del serenazgo, identificados como los principales perpetradores de acciones de violencia particularmente contra la población trans que ejerce comercio sexual en las calles de la capital peruana.
La investigación Realidades invisibles: violencia contra travestis, transexuales y transgéneros que ejercen comercio sexual en la ciudad de Lima, realizada en el 2006 por el Programa de Diversidad Sexual del Instituto Runa, revela que los efectivos de seguridad ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima son responsables del 65% de las agresiones reportadas en el sondeo. El resto corresponde a miembros de la Policía Nacional, vecinos organizados en rondas de seguridad e integrantes de pandillas.
El maltrato físico y verbal, seguido del robo de sus pertenencias, es el acto de violencia que con mayor frecuencia denuncian las informantes del estudio. Por lo general afirman ser insultadas, desnudadas, golpeadas y conducidas a lugares solitarios donde se les quita su dinero y objetos de valor. Más de un tercio de las víctimas afirmó haber sufrido brutales palizas, sobre todo en las partes del cuerpo donde tienen implantes de siliconas, hecho que además de producirles agudo dolor, las expone a problemas de celulitis infecciosa.
La preocupante situación reflejada por la encuesta motivó al Instituto Runa a emprender una campaña sostenida por el respeto a la integridad de las personas trans. “Esto incluye, además de acciones de vigilancia permanente, intervenciones dirigidas a cambiar los patrones de género que conciben a esta población como blanco de abusos de autoridad y graves vulneraciones a su integridad física y mental, especialmente cuando ejercen comercio sexual “, manifestó Belissa Andía, al relatar las razones por las que, en alianza con PROMSEX, se organizaron los talleres para funcionarios y operadores municipales. “Nos proponemos contribuir en la remoción de los prejuicios y la discriminación, factores que llevan a estos servidores públicos a expresar a través de agresiones sistemáticas su rechazo hacia quienes tienen una identidad de género distinta al mandato social” agregó.
Mirarse en el espejo de la discriminación
En ese contexto, la estrategia de sensibilización de los talleres apunta a que los participantes entren en contacto con la situación de exclusión que rodea a la población LGTB rememorando episodios de su propia vida en los que se hayan sentido discriminados. “La mayoría recordó hechos de discriminación por razones sociales, económicas o étnicas y admitió haber sentido dolor por esa causa “, refirió Andía.
A partir de esa experiencia se les ofrece un panorama de los derechos que asisten a las personas trans, recogidos en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Asimismo, se hace un acercamiento a los conceptos de diversidad sexual e identidad de género, que constituyen un elemento fundamental para el adecuado enfoque de políticas públicas y acciones orientadas a ese sector de la población.
El serenazgo municipal cumple funciones preventivas, por lo que realiza patrullajes permanentes por su jurisdicción y frecuentemente hace operativos en coordinación con la Policía Nacional. La mayoría de sus efectivos no tiene una formación especializada en seguridad ciudadana y menos aún en derechos humanos, condición que muchas veces propicia comportamientos autoritarios y abusivos como los que se reportan en la investigación. Si bien es cierto que los actos de violencia no se dirigen exclusivamente hacia personas travestis y transgénero, esta población es la que sufre con mayor frecuencia situaciones de ese tipo. Estas agresiones en la mayoría de los casos permanecen impunes, puesto que las víctimas carecen de respaldo legal para hacer valer sus derechos. Un dato revelador en este sentido es que más de un tercio de las informantes de la investigación del Instituto Runa carecía del documento nacional de identidad (DNI), indispensable para cualquier trámite ante entidades del Estado.
Vigilancia activa para el ejercicio de derechos
Runa ha asumido la tarea de vigilar sistemáticamente los derechos de las personas trans inmersas en el comercio sexual. En el año 2007 presentó un informe para la Revisión Periódica Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde fueron reportados 48 casos relacionados con situaciones de violencia física y verbal, robo y extorsión, entre otras, ocurridos en el Cercado y Lima Norte.
“Que haya menos casos con respecto al año anterior no significa una disminución de las agresiones, sino que esta vez la vigilancia cubrió un sector más reducido de la ciudad. Además, existe resistencia por parte de la población LGTB a denunciar situaciones de violencia debido a la inoperancia del sistema de justicia frente a sus reclamos”, explicó la representante de la citada organización.
El acceso a la justicia es una grave dificultad para las personas trans. Tan solo para que sus denuncias sean aceptadas requieren del acompañamiento y soporte de instituciones de derechos humanos o activistas LGTB. De otro modo, es difícil que sus derechos sean respetados. “Por eso existe una profunda decepción de la comunidad trans en relación con el sistema de justicia y sus operadores, sienten que se les da la espalda y con ello se aleja toda posibilidad de ver alguna vez reivindicados sus derechos”, refirió la activista.
El saldo letal de la discriminación
En 2005 el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), publicó el Informe Anual de los Derechos Humanos de Lesbianas, Trans, Gays y Bisexuales en el Perú, que aportó información sistematizada sobre los asesinatos cometidos contra las personas TLGB en el Perú. Según el documento, durante ese año se produjeron alrededor de 70 crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género, que tuvieron a gays y travestis entre sus principales víctimas. La mencionada cifra no refleja el problema en toda su dimensión: se calcula que por cada homicidio reportado se habrían registrado cuatro adicionales.
Una investigación realizada el año 2006 en cinco diarios de circulación nacional por el activista Cristhian Olivera, del MHOL, estima que ese año se habrían cometido en el Perú 55 homicidios motivados por la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas, principalmente gays y trans, a quienes se agredió con particular crueldad y ensañamiento antes de ser asesinadas.
Para Belissa Andía la alarmante realidad descrita amerita respuestas inmediatas, a través de políticas de Estado y prácticas de los operadores de los servicios públicos, que reconozcan la identidad de género como expresión de la libertad del ser humano y como parte de sus derechos. “El camino es largo, pero estamos dando ya los primeros pasos y necesitamos que cada vez más instituciones y organizaciones se sumen a esta tarea”, concluyó.