Las agresiones contra las personas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres trascienden el ámbito individual en el que ocurren y se conectan con formas de opresión sistemáticas y estructurales relacionadas tanto con el género de las activistas como con su trabajo. Lo constata el Global Report on the Situation of Women Human Rights Defender (2012), una iniciativa de la Women Human Rights Defenders International Coalition – WHRDIC (Coalición Internacional de las Defensoras de los Derechos de las Mujeres), que mediante el estudio de 43 casos de violencia contra activistas ocurridos en diferentes países del mundo busca proporcionar herramientas analíticas que permitan enfrentar mejor estas situaciones.
El documento identifica cinco fenómenos clave que definen los contextos en los que se presentan estas violencias: fundamentalismos, militarización y situaciones de conflicto, globalización, crisis de la democracia o de la gobernanza y heteronormatividad. Estos fenómenos movilizan ideologías y discursos que justifican y refuerzan restricciones, prácticas y estructuras discriminatorias de índole social, económica y política contra las mujeres y las defensoras de sus derechos.
En los casos latinoamericanos, su recurrencia muestra que en esta región la violencia contra las defensoras de los derechos de las mujeres se enmarca principalmente, aunque no de manera exclusiva, en cuatro de los cinco fenómenos señalados: la militarización y situaciones de conflicto, globalización, crisis de la democracia y heteronormatividad. Los fundamentalismos, aunque presentes bajo distintas formas, no adquieren un papel tan predominante como los otros.
Al respecto, el informe aclara que los fundamentalismos no sólo tienen lugar en los Estados religiosos o teocráticos, sino también en Estados seculares en los que se observa un incremento general del conservadurismo marcado por el despliegue de discursos religiosos, étnicos, culturales o nacionalistas a partir de los cuales determinados agentes concentran poder político y legitimidad. Ellos excluyen cualquier posibilidad de disenso al definir modos puros y auténticos de vivir la religión, la cultura y determinados valores sociales en oposición a otros que se desvían de estos preceptos y que ‘deben’ ser castigados. Esta definición permite no sólo desatar el lazo que asocia unívocamente el fundamentalismo con los países musulmanes, sino también incluir a otros que los han etiquetado de este modo para justificar su invasión y favorecer intereses económicos y políticos, como Estados Unidos, en donde médicos y prestadores de servicios de aborto legal han sido objeto sistemático de acoso, agresiones físicas e incluso asesinatos por parte de grupos radicales ‘pro-vida’.
La información suministrada por el informe señala a Colombia y México como los países de la región donde la situación de las/os defensoras/es de los derechos de las mujeres es más crítica. En ambos países se yuxtaponen de forma compleja la militarización, la globalización, la crisis democrática y la heteronormatividad, lo que suele derivar en formas sutiles y brutales de violencia contra las mujeres y contra quienes defienden sus derechos. Otros países que reportan complejas situaciones son Guatemala y Honduras, en donde la mercantilización de la tierra, los recursos naturales y los derechos definida por las políticas neoliberales amenaza no sólo el territorio de grupos indígenas y el acceso a derechos como la educación por parte de la población en general, sino también a organizaciones feministas y mujeres líderes que exponen las violencias del capitalismo. En estos casos, las intimidaciones y agresiones con las que grupos armados, gobierno y actores privados buscan disuadirlas de su labor adquieren claros matices de género. En Brasil, se reportan graves situaciones relacionadas con crisis de gobernanza, manifestada en la incapacidad o falta de voluntad del gobierno de brindar protección efectiva a las defensoras. Si bien el informe de la WHRDIC no hace referencia a las agresiones contra activistas LGBTI en Brasil, la gravedad de su situación en ese país y otros como Colombia, México y Honduras ha sido materia de discusión en varios documentos, entre los cuales se destaca el Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas (2011) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Militarización y situaciones de conflicto
El informe explica que la militarización obedece a un proceso por el cual valores, instituciones y patrones de comportamiento militares tienen una creciente influencia en la sociedad. Los contextos de conflicto, por su parte, abarcan tanto los enfrentamientos armados internos como luchas separatistas que se extienden más allá del momento formal del cese de hostilidades. Colombia, que vive un intenso conflicto armado que ronda los 50 años, y México, cuya política de seguridad nacional ha tenido una perspectiva militar desde la década de 1970, son ejemplos de ello.
En tales contextos es frecuente el uso de la violencia sexual y de género por parte de actores legales e ilegales para imponer o reforzar jerarquías sociales y políticas. En algunas regiones de Colombia, por ejemplo, otras investigaciones han reportado que grupos paramilitares apoyados por organizaciones cristianas implementaron estrategias de regulación y control de la vida cotidiana de los habitantes, incluyendo aspectos relacionados con el género y la sexualidad que abarcaban la imposición de códigos de vestuario para las mujeres, la prohibición de la prostitución y la homosexualidad, entre otros. Las personas que faltaran a estas normas podían ser castigadas con la expulsión, la tortura o el asesinato.
Durante las situaciones de conflicto se observa una creciente subordinación de las mujeres, la exacerbación de iniquidades de género y la propagación de masculinidades violentas ligadas en buena medida al uso permisivo de la violencia y a la creciente situación de inseguridad, afirma el documento. Por tal motivo y debido a su cuestionamiento de las normas de género y sexualidad, las defensoras de los derechos de las mujeres están expuestas a graves riesgos, entre los que destaca una alta incidencia de violencia sexual. A esto se suma la respuesta intimidatoria de actores armados legales e ilegales frente a las labores que adelantan las activistas en situaciones de conflicto en materia de provisión de servicios médicos y de abrigo, rehabilitación de víctimas de violencia, negociación con actores armados para proteger a las comunidades, esclarecimiento de las responsabilidades en la vulneración de derechos y búsqueda de justicia.
Este es el caso de las mujeres campesinas e indígenas del estado de Guerrero, México. En estas comunidades, ellas suelen confrontar a los militares por su responsabilidad en la comisión de agresiones sexuales, asesinatos extrajudiciales y torturas contra la población. Esto puede costarles la vida, como en el caso de Valentina Rosendo e Inés Fernández, integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Mepha’a. Tras investigar el asesinato de estas líderes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en 2010 dos sentencias contra el Estado mexicano, señalando que habían sido torturadas, violadas y asesinadas por miembros de las fuerzas armadas con el fin de castigar a la comunidad por su trabajo en derechos humanos.
El déficit en la implementación de mecanismos legales para la protección de derechos y acceso a la justicia en contextos de militarización y conflicto, evidentes en los altos índices de impunidad, agravan más la situación de las víctimas y de quienes defienden sus derechos. En los contextos posconflicto las agresiones contra las defensoras de los derechos de las mujeres persisten, con el fin de limitar o prevenir su participación política. De ahí que sean comunes las campañas de difamación que buscan representarlas como agentes negativos para las comunidades, señala el informe.
Globalización
A diferencia de la militarización, que actualmente afecta principalmente a determinados países, el impacto de la globalización en los derechos económicos, sociales y culturales, así como en la restricción de los derechos civiles y políticos se extiende prácticamente a todo el planeta. Aunque su incidencia se distribuye de manera distinta según políticas gubernamentales orientadas en mayor o menor medida hacia el neoliberalismo, en general se observa un crecimiento del poder y de la influencia del sector privado paralelo al empobrecimiento y marginación de distintos sectores sociales. Esta situación muchas veces es reforzada por políticas estatales que favorecen la expropiación de tierras ‘productivas’ y recursos naturales de poblaciones rurales e indígenas para su explotación por parte de empresas multinacionales, lo que suele conllevar desplazamientos internos de población, la privatización de los servicios públicos y la reducción de los recursos destinados por el gobierno a las políticas sociales.
La globalización –un proceso altamente ‘generificado’– no solamente ignora que no todas las personas tienen los mismos recursos y acceso al mercado, sino que exacerba las desigualdades y las capitaliza para la obtención de ventajas en el mercado, afirma Kaavya Asoka, autora del documento. Esto es particularmente evidente en el uso de mano de obra barata, que afecta sobre todo a mujeres y niños, así como en la imposición de la doble jornada de trabajo a las mujeres, quienes consumen y devengan menos que los hombres y gozan de menor independencia económica, pese a que suelen tener más responsabilidades que ellos. Las más de las veces estas mujeres trabajan en entornos de desprotección institucional que las dejan vulnerables a la explotación y el abuso.
En este contexto de empobrecimiento y profundización de las iniquidades económicas y sociales, afirma el documento, muchos actores fundamentalistas y ultraconservadores han ganado legitimidad al proveer servicios a la comunidad que antes le correspondían al Estado; de ahí que además de promover políticas neoliberales, estos sectores las aprovechen para la promoción de sus ideologías, lo que tiene claras repercusiones en materia de derechos para las mujeres. Asimismo, crisis económicas como la actual tienden a recrudecer el riesgo y la incidencia de la violencia contra las mujeres, como la doméstica, el tráfico de mujeres y la explotación sexual, además de limitar sus oportunidades de participación en la esfera pública.
En Guatemala es palpable la articulación entre violencia contra las mujeres, defensa de los derechos humanos y globalización. En las comunidades indígenas de ese país las mujeres suelen liderar la defensa de sus territorios y recursos naturales frente a la expropiación por parte de agentes privados, debido al vínculo simbólico que las conecta con la tierra y que se ancla en la construcción de la feminidad. Con frecuencia las líderes indígenas son víctimas de agresiones perpetradas por agentes que las ven como una amenaza para sus intereses económicos y que buscan intimidarlas mediante el uso de la violencia, especialmente de la violencia sexual. La confabulación del gobierno con las empresas privadas le resta visibilidad a sus demandas y limita su acceso a mecanismos legales que garanticen sus derechos. En ese país se han reportado situaciones similares entre activistas que combaten la implementación de políticas neoliberales, como asociaciones de mujeres trabajadoras, que son objeto de atentados, amenazas de muerte y agresiones sexuales por parte de grupos de crimen organizado, muchas veces contratados por empresas privadas.
En Honduras, donde desde hace unos años se viene discutiendo el futuro de la educación pública, organizaciones de mujeres y feministas y periodistas de radio comunitarias que han protestado contra la privatización y el despido masivo de maestros han sido objeto de persecuciones y amenazas. La organización feminista Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo de Honduras, ha sido asaltada y saqueada en numerosas ocasiones. Este panorama también se ve agravado por la impunidad de la violencia contra las mujeres, que en los primeros meses de 2011 registró 50 femicidios y que en el año anterior reportó el asesinato de dos defensoras de los derechos de las mujeres y dos activistas del movimiento LGBT.
Crisis de la democracia: la gobernanza
En países con democracias o gobiernos débiles, la situación de los defensores de derechos es crítica, debido a que la capacidad o la voluntad del Estado para garantizar la protección de los derechos humanos suele verse comprometida. Aparte de los Estados autoritarios, en esta categoría se ubican aquellos que se encuentran en una situación de transición o posconflicto y que son incapaces de restringir la acción de grupos armados, paramilitares o de crimen organizado, así como de procesarlos judicialmente. En estos casos, el ejército asume labores que le corresponden a la policía u otras autoridades civiles, conllevando a la ‘normalización’ de la violencia y a la derogación de las responsabilidades del Estado en la protección de derechos. Los países que se encuentran en esta situación suelen decretar estados de emergencia o expedir legislaciones antiterroristas o de seguridad que restringen los derechos de la población y suelen ser empleadas por los mismos gobiernos para silenciar a la oposición o a los defensores de derechos humanos. La acusación de terrorismo y sospecha de amenaza a la seguridad nacional socava la credibilidad de estas personas, las estigmatiza en sus comunidades y justifica acciones violentas en su contra por agentes armados legales e ilegales. Son comunes la falta de protección frente a amenazas y la impunidad en los casos de violencia y las violaciones cometidas por agentes del propio Estado. En la región, Colombia, México y Brasil son ejemplos de ello.
En el marco del conflicto armado colombiano, las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares han acusado a los defensores de derechos humanos de ser colaboradores de las FARC, lo que ha desembocado en el asesinato y desaparición forzada de varios de ellos. Luego de un trabajo de apoyo y empoderamiento de mujeres desplazadas realizado en 2010, grupos paramilitares declararon como objetivo militar a la ONG Sisma Mujer. Ante la inoperancia del Estado colombiano en la investigación y judicialización de los agresores y su incapacidad o falta de voluntad de protegerlas, las activistas acudieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al Estado garantizar medidas de seguridad para proteger la vida e integridad de las demandantes. Pese a ello, la situación de estas mujeres no ha cambiado.
La impunidad frente a los casos de violencia contra las mujeres y las defensoras de sus derechos es patente también en México, donde los femicidios, las agresiones sexuales y las desapariciones forzadas de mujeres jóvenes que vienen ocurriendo desde hace 20 años en Ciudad Juárez y Chihuahua no han conducido al esclarecimiento ni a la judicialización de sus responsables. El informe de la WHRDIC señala que esto ha derivado en un ciclo auto perpetuado de abuso sistemático, intimidación y acoso de las familias de las víctimas y de las mujeres que buscan justicia, como en el caso de Marisela Escobedo Ortiz, que durante dos años denunció la complicidad y la negligencia de las autoridades en la investigación del asesinato de su hija y de otras mujeres, y fue asesinada a causa de ello.
Las violaciones de derechos cometidas por agentes del Estado son claras en el caso de Valdenia Paulino, abogada brasileña y cofundadora del Centro de Derechos Humanos de Sapopemba (São Paulo), que ha tenido que salir del país en dos oportunidades por denunciar los abusos sexuales y las agresiones cometidas por integrantes de la policía contra las mujeres de esa ciudad. Valdenia ha recibido amenazas de muerte, ha sido víctima de dos intentos de abuso sexual y fue difamada por miembros de la policía, quienes divulgaron en su comunidad el rumor de que estaba relacionada con grupos criminales y carteles de drogas. En la actualidad, y luego de que su hermano fuera víctima de un intento de secuestro, la activista vive anónimamente en el nordeste del país.
Heteronormatividad
La institucionalización de la heteronormatividad en leyes y políticas, así como la circulación de sus preceptos a través de discursos públicos que discriminan a las personas LGBTI y promueven el sexo reproductivo como única forma válida del ejercicio de la sexualidad son algunos de los factores que exacerban las amenazas contra hombres y mujeres cuya sexualidad se aleja de estos parámetros, así como de quienes defienden los derechos sexuales, los derechos reproductivos y de las minorías sexuales.
Estos factores determinan en buena medida las condiciones en las que violaciones de los derechos sexuales y reproductivos de la población ocurren, así como la impunidad de los perpetradores y la restricción en el acceso a la justicia de las víctimas. Al solaparse con otros contextos como los descritos anteriormente, los peligros asociados a la violencia contra las/os defensoras/es de estos derechos son similares y abarcan desde las manifestaciones más sutiles de violencia hasta aquellas que ponen en mayor peligro su vida e integridad.
En estas situaciones también es común el uso de procedimientos administrativos y legales por parte de funcionarios públicos para acosar a defensoras y defensores de derechos, como los ataques reportados en Colombia por parte del Procurador General de la Nación. Con frecuencia, las y los activistas suelen ser señalados como blanco de violaciones, asesinatos, tratamientos ‘reparadores’ y torturas. Pese a la variada intensidad de agresiones como el acoso y las burlas, que pueden parecen inofensivas’ frente al asesinato y torturas, como los femicidios de personas trans registrados en los últimos años en México, el informe señala que existe una relación entre unas y otras y que las primeras suelen ser la antesala de la brutalidad homofóbica y la violencia física contra las y los defensores de derechos y sus familiares.