Pese al importante reconocimiento que han alcanzado los derechos sexuales, los derechos reproductivos y los relativos a la población LGBTI en el ámbito internacional, sus defensores siguen siendo objeto de continuas persecuciones a nivel local y nacional, afirma el Global Report on the Situation of Women Human Rights Defenders (2012). Esta situación adquiere múltiples formas que abarcan desde las manifestaciones más crudas de violencia propiciadas por grupos armados legales e ilegales, como los asesinatos y las torturas, hasta otras más sutiles, aunque no por ello exentas de gravedad, como el uso de procedimientos administrativos y legales para acosar a defensoras y defensores de derechos, explica el documento. A esto podría sumarse el silencio aquiescente de algunos gobiernos que de manera deliberada ignoran esta situación. Colombia parece ser un ejemplo de ello.
Debido a la inasistencia del Estado colombiano, el pasado viernes 2 de noviembre fue cancelada la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para examinar la situación de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y de la población LGBTI. En el acto, convocado por el órgano de la OEA en el marco de su 146º período de sesiones, también estaba previsto abordar el hostigamiento que vienen padeciendo estas organizaciones por parte del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.
Ante la continua y extendida violación de los derechos humanos en el país por causa del conflicto armado, la Corte Constitucional colombiana ha emitido varios Autos de Seguimiento, a través de los cuales solicita informaciones sobre el tema, define indicadores sociales y orienta al gobierno respecto a las medidas que debe implementar para transformar esta situación. En 2008, el Tribunal expidió el Auto 092, en el que identifica 12 patrones estructurales de violencia y discriminación de género, entre los cuales destaca “el desconocimiento y vulneración de su derecho [el de las mujeres] a la salud y especialmente de sus derechos sexuales y reproductivos a todo nivel, con particular gravedad en el caso de las niñas y adolescentes pero también de las mujeres gestantes y lactantes” y “la violencia contra las mujeres líderes o que adquieren visibilidad pública por sus labores de promoción social, cívica o de los derechos humanos”.
Como quedó evidente ante la CIDH, esta problemática parece no formar parte de las prioridades del gobierno. Según las conclusiones de la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado en su XI informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia, el gobierno apuesta a políticas de desarrollo económico, publicitadas significativamente como ‘Las locomotoras de la prosperidad’ (infraestructura, agricultura, vivienda, minería e innovación), que, en opinión de sus críticos, promueven una visión deshumanizada del desarrollo que atropella a los sectores sociales que se atraviesan en su camino –entre ellos las mujeres y las víctimas del despojo de tierras.
De acuerdo con un comunicado publicado en el sitio web de Women’s Link Worldwide, a su llegada a Washington, donde tiene sede la CIDH, representantes de las organizaciones que convocaron la audiencia se enteraron de que ésta había sido cancelada “ante la imposibilidad expresada por el Estado colombiano para asistir”. Si bien es cierto que la semana pasada el paso del huracán Sandy paralizó parcialmente la capital estadounidense y obligó a la CIDH a cambiar el calendario de las audiencias, esto no impidió que representantes del Estado colombiano acudieran ese mismo día a la ciudad para atender otros asuntos, entre ellos algunas audiencias citadas por la Comisión, afirma la organización en su comunicado. En el texto, Women’s Link Worldwide también manifiesta su sorpresa respecto a que el día anterior a la notificación de su inasistencia, la Procuraduría misma hubiese anunciado que atendería el acto en representación del Estado colombiano.
Aunque la audiencia no fue celebrada, representantes de las organizaciones denunciantes se reunieron con la relatora sobre los derechos de las mujeres de la CIDH, Tracy Robinson, y el relator sobre los derechos de defensores y defensoras de derechos humanos, José de Jesús Orozco. Según comentó Mónica Roa, Directora de Programas de Women’s Link Worldwide, al diario El Espectador, “en la reunión quedó muy claro que la persecución y el hostigamiento a grupos protectores de derechos humanos es grave porque no sólo se ataca a los líderes, sino que la población que representan queda desprotegida”. En diálogo con la emisora colombiana RCN Roa confirmó que la denuncia ante la CIDH será formalizada en marzo de 2013.
Las cruzadas del Procurador
Todo esto ocurre a pocas semanas de que el Senado de la República elija al nuevo Procurador o Procuradora General de la Nación entre una terna de candidatos postulados por el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. El o la representante elegido por un período de 4 años tendrá a su cargo la protección de los derechos humanos y la garantía de su efectividad, entre otras funciones asignadas por la Constitución. Entre los actuales candidatos se encuentra Ordóñez, que desde hace algunos meses adelanta una campaña para ser reelegido en el cargo, en medio de una fuerte polémica. Además de criticar la postura que ha caracterizado su gestión, que parece representar más los intereses de los autodenominados grupos “pro-vida”, de filiación cristiana en su mayoría, que los de la ciudadanía en general, quienes se oponen a su candidatura han hecho duros cuestionamientos a que sean las personas a las que él debe investigar las encargadas de elegirlo.
Mientras que campañas como Procura Colombia han buscado profundizar el debate en torno a la elección del Procurador, otros hechos han levantado sospechas en torno a la idoneidad de Ordóñez para este cargo. Uno de los más recientes es el fallo de la Corte Constitucional que lo obligó a rectificar varias de sus declaraciones por considerar que violaban y amenazaban los derechos fundamentales de acceso a los servicios de salud reproductiva, libre desarrollo de la personalidad, vida, salud física y mental, interrupción voluntaria del embarazo e información en materia reproductiva.
Durante el ejercicio del cargo, Ordóñez se ha opuesto férreamente a la implementación de la cátedra nacional de educación sexual y a las campañas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos, a las que se refirió como “cátedra del aborto” y “campañas de promoción del aborto”, respectivamente. En varias ocasiones tildó a la anticoncepción oral de emergencia de método abortivo, pese a que la evidencia científica muestra que este medicamento evita la concepción, no la interrumpe. En una comunicación escrita dirigida al Superintendente Nacional de Salud en marzo de 2010, una de las procuradoras delegadas por Ordóñez señaló que “no existe ni en la Constitución ni en la ley el mal llamado derecho al aborto”, pese a que éste fue despenalizado en tres circunstancias por el Tribunal Constitucional en 2006 y ratificado a través de otra sentencia en 2010. En otra oportunidad, el Procurador emitió dos circulares en las que, contrario a lo señalado por la Corte Constitucional, afirma que la objeción de conciencia no tiene restricción alguna y que puede ejercerse como un derecho institucional. En 2011, otra de las Procuradoras delegadas por Ordóñez remitió un requerimiento al Ministerio de la Protección Social para que el misoprostol fuera retirado del Plan Obligatorio de Salud. En su opinión y a pesar de que numerosas comunicaciones de la OMS señalan lo contrario, habría reparos por parte de ese organismo internacional acerca de la efectividad y seguridad del medicamento en casos de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Todo esto quedó consignado en el fallo de la Corte.
En entrevista con RCN, Mónica Roa señaló que “un ejemplo muy claro de la persecución es el caso que se presentó con Javier Sastoque, quien era el funcionario encargado de defender los derechos de la comunidad LGBTI y debió renunciar por las presiones ejercidas”. Al no haber actualmente un funcionario encargado para estos temas en la institución, los ataques contra esta población por parte de funcionarios públicos no serán investigados por el Ministerio Público. Es el caso de la solicitud del Concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez a una entidad pública para que le informara qué funcionarios de la misma son lesbianas, gays, bisexuales o trans, explicó Roa.
Sin embargo, todo esto no ha sido suficiente para que la candidatura de Ordóñez –que cuenta con el apoyo de varios partidos de la coalición del actual gobierno– sea anulada, o para que el Estado colombiano le preste atención, incluso cuando es requerido por una de las instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a la grave situación de quienes defienden, como señala Roa, “los derechos menos populares, los incómodos, los que ponen a prueba el pluralismo democrático”.