En Colombia, la reforma constitucional de 1991 puso fin al carácter confesional del Estado y al privilegio político e institucional que hasta ese momento ostentaba la Iglesia Católica. Aunque en el país no existe un desarrollo legislativo sobre el principio de laicidad del Estado y el término “Estado Laico” no es mencionado en la Constitución, diversos aspectos tratados en el texto constitucional lo sustentan: la pluralidad del Estado Social de Derecho, la libertad de cultos, la igualdad jurídica de las religiones y el reconocimiento de la diversidad étnica son algunos de ellos.
En su revisión del Concordato de 1974 (tratado internacional celebrado entre Colombia y la Santa Sede) la Sentencia C-027 de 1993 consideró inconstitucionales los privilegios otorgados a la Iglesia Católica en materia penal, educativa y contributiva respecto a la creación de territorios misionales en zonas indígenas. La Sentencia C-350 de 1994 fortaleció la base constitucional del carácter laico del Estado colombiano, en un interesante caso en el que la Corte Constitucional declaró inconstitucional la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús, al señalar que al definirse “pluralista en materia religiosa y [reconocer] la igualdad entre todas las religiones [un país] no puede al mismo tiempo consagrar una religión oficial o establecer la preeminencia jurídica de [determinado credo]”, aún cuando éste sea mayoritario, “por cuanto los preceptos constitucionales confieren a las congregaciones religiosas la garantía de que su fe tiene igual valor ante el Estado, sin importar sus orígenes, tradiciones y contenido”.
La misma posición fue reiterada en la Sentencia C-766 de 2010 , que objeta el proyecto de Ley No. 195 de 2008 Senado (369 de 2009 Cámara), de conmemoración de los cincuenta años de la coronación de la Virgen de Chiquinquirá en un municipio de Antioquia. No obstante, pese a los numerosos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, la cuestión parece lejos de ser zanjada.
El regreso del debate
El tratamiento de dos temas relacionados con la sexualidad, la legalidad del aborto y los derechos de las minorías sexuales, alertó recientemente acerca de la precaria condición de laicidad del Estado colombiano. En Colombia, es usual que funcionarios públicos atiendan problemáticas relacionadas con la niñez y la familia desde una perspectiva moral católica, al tiempo que se exhiben imágenes correspondientes a la iconografía católica en las oficinas públicas. No obstante, fue la extrema animosidad religiosa de un Procurador General de la Nación que le dio a esta situación proporciones inesperadas, al abordar el debate sobre un tema considerado ‘exótico’ en el país que viene adquiriendo vigor en el contexto internacional: el uso del velo por parte de mujeres musulmanas en Europa, particularmente en Francia.
Alejandro Ordóñez, figura central del debate sobre la laicidad en el país, fue elegido como Procurador General de la Nación en diciembre de 2008 por una mayoría aplastante en el Congreso de la República. Su nombramiento causó polémica debido a su fanatismo religioso y a su actitud indulgente con los procesos de congresistas implicados en la ‘parapolítica’ (escándalo de corrupción por el cual un número importante de parlamentarios fue acusado de vínculos con grupos paramilitares) cuando formaba parte del Consejo de Estado.
Actuando en contravía del objeto que el Texto Constitucional le asigna a la Procuraduría (“Vigilar el cumplimiento de la Constitución y la Ley, promover la protección de los derechos fundamentales, el respeto de los deberes ciudadanos y proteger el patrimonio público”), Ordóñez puso en marcha una persecución institucional contra la implementación del aborto legal, fundamentándose en argumentos confesionales. Asimismo, basado en preceptos católicos, ha emitido conceptos negativos sobre demandas constitucionales que buscan el reconocimiento de derechos a parejas del mismo sexo.
Su discurso discriminatorio aparece expuesto en libros como Hacia el libre desarrollo de nuestra animalidad (título que ironiza acerca del artículo 16 de la Constitución Colombiana que reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad, uno de los más citados en las sentencias constitucionales sobre discriminación por orientación sexual y derechos de las parejas del mismo sexo) e Ideología de género, utopía trágica o subversión cultural (en donde discurre sobre las razones por las cuales el aborto no debía ser despenalizado y advierte sobre la “amenaza social” de las ideas feministas).
En mayo de 2009 defendió el derecho de los médicos a oponerse a la práctica del aborto e interrumpió procesos de contratación destinados a la divulgación de la sentencia C-355 de 2006, que despenaliza parcialmente el aborto, y al entrenamiento de profesionales para la interrupción legal del embarazo. En marzo de ese año, nombró a Ilva Myriam Hoyos, reconocida activista pro-vida que en declaraciones públicas se refirió a la laicidad como un “hecho peligroso”, como Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia.
En respuesta a los embates contra la laicidad del Estado, tres universidades (Externado de Colombia, Nacional de Colombia y Jorge Tadeo Lozano) en asociación con organizaciones sociales (Católicas por el Derecho a Decidir, Women’s Link Worldwide, Colombia Diversa, Red Nacional de Mujeres, Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Red Iberoamericana de Libertades Laicas, Corporación Humanas, Confluencia Nacional de Redes de Mujeres, Red Alma Mater y Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género) iniciaron un ciclo de debates públicos sobre el Estado laico, con el fin de defender públicamente un principio que, en un país cuya constitución separa iglesia y Estado, parece permanecer inerte. La función pública, tanto en sus prácticas como en sus reglamentaciones, no ha renunciado a la moral católica en la administración de políticas públicas y en el abordaje de problemas sociales.
“Las creencias religiosas en la gestión pública: ¿una forma de corrupción?”
Bajo este título, las universidades y organizaciones sociales asociadas convocaron al ciclo de debates sobre el estado laico donde plantean la laicidad como un problema de preocupación pública. “El objetivo de este ciclo de debates es promover la reflexión y los mecanismos de control social sobre el papel del Estado como garante de los derechos humanos y del principio de igualdad, dada la necesidad de que el quehacer estatal opere en una perspectiva laica, en la cual las creencias religiosas y personales de funcionarios y funcionarias de ninguna manera afecten la gestión pública”, afirman los organizadores.
Los debates, estructurados a partir de una ponencia central y un panel, intentan responder preguntas centrales para la reflexión. “¿Cómo surge y por qué se hace necesario en Colombia un Estado laico?”, debate realizado el 28 de abril en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, discutió en torno al sentido, orígenes y fundamento del Estado laico, así como sobre sus manifestaciones en el mundo contemporáneo y las diferencias que guarda respecto a otros tipos de Estado.
En “¿Cómo garantizar la separación entre el Estado y las iglesias?”, llevado a cabo el 18 de mayo en la Universidad Externado de Colombia, los panelistas abordaron las implicaciones del carácter laico o confesional del Estado, las relaciones que cada tipo de Estado establece con las iglesias y los límites de dichas relaciones.
El tercer debate de una serie que tiene previsto continuar girará en torno a la pregunta “¿Por qué garantizar el derecho a la igualdad y a las libertades religiosas?”. En él se discutirán las implicaciones del carácter laico del Estado en el ejercicio de las libertades fundamentales, la garantía de la libertad religiosa en el poder estatal, la discriminación religiosa en el contexto colombiano, y las tensiones entre el derecho a la igualdad y la protección de la libertad religiosa. El debate, que se llevará a cabo el 15 de junio en la Universidad Nacional de Colombia, contará con la participación del jurista Ramiro Bejarano como ponente central. Del panel participarán Claudia Inés Vargas, ex-magistrada de la Corte Constitucional; Judith Sarmiento, periodista; Catalina Ruiz, filósofa y columnista del diario El Espectador e integrante de la Red Iberoamericana de Libertades Laicas; María Luisa Peñaranda, doctora en Derecho; Nelson Ordoñez, miembro de la comunidad musulmana; y Marcos Peckel, miembro de la comunidad judía y docente de la Universidad Externado de Colombia.
En el sitio web del ciclo de debates, es posible acceder a entrevistas con los panelistas e información sobre los próximos debates.