La Ley de Salud Sexual y Reproductiva uruguaya, que incluye en su articulado la despenalización y regulación de la práctica voluntaria del aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación, ya cuenta con la media sanción del Senado uruguayo. Se espera que en la Cámara de Diputados, donde la mayoría aparentemente está asegurada, el resultado también sea favorable. No obstante, el presidente Tabaré Vázquez, que es un firme opositor de la legalización del aborto, reiteró que vetará cualquier norma que despenalice la práctica.
Los artículos que regulan la práctica del aborto bajo indican que «toda mujer puede decidir la interrupción de su embarazo durante las primeras doce semanas de gravidez». Para ejercer este derecho, la mujer deberá alegar ante el médico «circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etarias, que a su criterio le impidan continuar con el embarazo en curso», dice la letra de la ley. Fuera del período permitido, la interrupción de un embarazo podrá realizarse solamente cuando la gravidez implique grave riesgo para la salud de la mujer o cuando se verifique un proceso patológico que provoque malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina del feto.
A su vez, será responsabilidad de los médicos brindar información y apoyo a la mujer respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, antes, durante y después de adoptar una decisión; informar a la mujer sobre las posibilidades de adopción y los programas disponibles de apoyo, brindándole los asesoramientos pertinentes de los equipos especializado; recoger la voluntad documentada de la mujer de interrumpir el proceso de gravidez. El médico y los equipos de salud que intervengan en un aborto deberán mantener la confidencialidad por respeto a la libertad de las personas y sus derechos individuales y aquellos profesionales que tengan objeciones de conciencia para intervenir en los actos médicos deberán hacerlo saber a las autoridades de las instituciones dentro de los treinta días posteriores a la promulgación de la ley.
Luego del empate producido en la primera votación en Senadores el 17 de octubre, el proyecto volvió a la Comisión de Salud para ser redactada nuevamente, por pedido de la bancada oficialista. Una diferencia fundamental entre la primera y la segunda votación fue el posicionamiento de los diferentes partidos, que esta vez dieron a sus senadores mandato para votaran en bloque, facilitando la aprobación de la ley con los contenidos de aborto ya incluidos. Así, el senador Alberto Cid, del Frente Amplio, mudó su voto y Julio Lara, del Partido Blanco y Julio María Sanguinetti del Partido Colorado, esta vez estuvieron presentes en la sesión, colocando la balanza a favor de la iniciativa con 18 votos a favor y 13 en contra.
Para Alejandra Gómez, coordinadora de la ONG Mujer y Salud en Uruguay, MYSU, la influencia de los medios y la presión de la ciudadanía fue decisiva en este cambio. «El seguimiento de la ciudadanía al debate parlamentario no tuvo precedentes. Se televisó en directo por dos canales abiertos y las repercusiones del debate fueron enormes en la opinión pública. Esto generó que algunos actores políticos que habían votado en contra, o que no habían estado presentes en el debate y cuyos suplentes votaron en contra, se plantearan la posibilidad de incluir nuevamente en plenario los artículos de aborto».
El Consejo Político Nacional de Asamblea Uruguay, partido miembro del Frente Amplio, dio ayer a Cid madato para votar la despenalización del aborto tras aprobar -sin objeciones de los 15 miembros del órgano- una resolución en la que «se exhorta a no obstaculizar la aprobación de la ley» de Salud Sexual y Reproductiva con los capítulos que permiten la interrupción del embarazo. Si bien el senador estuvo en Cámara y acompañó la despenalización, manifestó su malestar al aprobar un proyecto contra la voluntad del presidente de la República. Recordó que en una resolución anterior del órgano sectorial se había permitido «la más amplia libertad» para resolver sobre el asunto.
Frente a las declaraciones del presidente Tabaré Vázquez anunciando que vetaría una ley que despenalizara el aborto, Mónica Xavier, senadora del Frente Amplio, recordó su pedido público al presidente para que no vete “porque de ese modo inhabilita la consulta popular. Creo que el veto es un resabio que existe en nuestra constitución, una prerrogativa que el presidente no debería tener.” Es necesario mantener el respeto a la diversidad como un modo de respetar la laicidad en el sentido amplio, es decir, no solo en lo que respecta a la libertad religiosa sino teniendo en cuenta los intereses y derechos de todos los sectores de la sociedad, prosiguió Xavier.
En caso de que el mandatario tome esa decisión, el próximo paso sería convocar a una asamblea general de las dos Cámaras para levantar el veto. Según la Constitución uruguaya, el parlamento tiene la posibilidad de levantar el veto si logra el voto favorable de las 3/5 partes del total de la Cámara. De este modo habilita la Consulta Popular, mecanismo que permite la derogación total o parcial de una ley, una vez aprobada. Así “queda abierta la posibilidad del pueblo de ejercer su representación directamente”, piensa la Senadora. “Yo creo en la necesidad del proyecto completo para contemplar el derecho al aborto; la realidad del país implica un cambio de legislación en relación con este tema”, concluyó.