El Consejo Consultivo de Género y Salud de las Mujeres del Ministerio de Salud tendrá una nueva reunión en el mes de septiembre. Esta vez la conversación se centrará en el diseño de la política ministerial de género para el próximo período de gobierno, donde se espera incorporar la voz de la sociedad civil. Todo un desafío en una inédita experiencia de trabajo conjunto.
Debido a que es una experiencia nueva, los desafíos han sido significativos. El Consejo Consultivo de Género y Salud de las Mujeres tuvo una activa participación cuando se conoció el fallo del Tribunal Constitucional que prohibió la distribución de la píldora del día después en los consultorios públicos del país. En esa oportunidad hubo total sintonía entre las demandas de la sociedad civil y el Ministerio de Salud. Sin embargo, el trabajo conjunto del Consejo ha tenido sus matices.
En sus orígenes, la convocatoria y proceso de constitución de diversos Consejos se inscribieron en el marco de la agenda Pro Participación Ciudadana inaugurada por la Presidenta Michelle Bachelet en septiembre del 2006, cuya orientación refleja la voluntad política de compartir progresivamente con la ciudadanía capacidades en la toma de decisiones.
Con la agenda Pro Participación como telón de fondo, el Ministerio de Salud, en un esfuerzo por hacer efectivo el discurso de la participación ciudadana, planteó la conformación de un Consejo Consultivo de Género y Salud de las Mujeres. Esta decisión fue resultado de la ley de reforma de la salud que instaló diversos mecanismos de participación a nivel de la autoridad sanitaria en las regiones, en los consejos asesores de las Seremis (Secretarías Regionales Ministeriales) de Salud y en los consejos de desarrollo que se crearon a nivel de las redes asistenciales, hospitales y consultorios.
“El Consejo tiene un carácter consultivo pese a que, dada la política de participación del Ministerio de Salud, se les ha dado un impulso para que empiecen a tener mayores niveles de participación”, explica Marisa Matamala, integrante del Consejo desde el Ministerio de Salud.
El mismo se ha reunido tres veces y en septiembre próximo tendrá un nuevo encuentro. El desafío está en promover una relación más horizontal para dejar atrás la tradicional forma de interacción que el Ministerio de Salud ha tenido con las organizaciones sociales. “Estas relaciones siempre se han dado en una situación de verticalidad donde el Ministerio cuenta lo que hace y convoca a apoyarlo,” comenta Matamala.
Las reuniones del Consejo buscan intercambiar visiones, construir espacios y definir claramente en cuáles de éstos es posible trabajar de forma conjunta. “El desafío es ir pasando de una participación consultiva a una participación cada vez más deliberativa y en lo posible hacia una participación vinculante”, precisa la funcionaria.
Para Adriana Gómez Muñoz, coordinadora de comunicaciones de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, integrante del Consejo Consultivo, sin duda, ésta ha sido una instancia de participación importante, “pues reconoce este enfoque como uno de los determinantes sociales de la salud integral de las mujeres, demostrando la voluntad de hacer del género un elemento de análisis para el diseño de políticas públicas. Fueron convocadas organizaciones de la sociedad civil con trabajo en esta área, reconocimiento que también debe ser destacado”.
Sin embargo –precisa– “estas organizaciones tienen una mirada crítica respecto de su capacidad real para poner en discusión, en el ámbito del Consejo, sus propias agendas y no sólo las del gobierno, pues efectivamente el carácter de este Consejo es, como su nombre lo dice, sólo consultivo, lo que nos parece insuficiente”.
Marisa Matamala comprende que la sociedad civil pueda tener una evaluación diferente de esta instancia, sin embargo explica que desde la institucionalidad “valoramos este espacio porque implica un proceso de cambio cultural, donde se incorpora una nueva mirada hacia lo que es y significa la participación”. De hecho, algunos profesionales ministeriales tienen cierto temor a enfrentarse a esta sociedad civil empoderada porque no ha sido esa la historia del Ministerio. A su vez, se produce un interés cada vez mayor por ocupar un espacio y ser parte de este proceso que es nuevo en materia de participación.
Un caso que llama a la reflexión
Organizaciones integrantes del Consejo Consultivo, hizo público su cuestionamiento al Ministerio de Salud por la publicidad y cobertura que hubo respecto a dos casos en que mujeres interrumpieron recientemente un embarazo, a pesar de estar prohibido y penalizado. El primer caso fue una estudiante universitaria en la ciudad de Concepción y el segundo, una adolescente de Santiago. Ambas llegaron a atenderse en servicios de urgencia de hospitales públicos tras sufrir una hemorragia después de utilizar Misotrol para abortar.
“La difusión de los casos a través de medios de comunicación, con lujo de detalles e identificando a las personas involucradas, debe haber surgido tras la denuncia en los mismos establecimientos hospitalarios. Como integrantes del Consejo Consultivo, entregamos al Ministerio de Salud una carta de rechazo pues se ha irrespetado el Ordinario Nº 1675, del 24 de abril de 2009, firmado por el Ministro Álvaro Erazo, que instruye a los Directores de Servicios de Salud sobre la necesidad de otorgar atención humanizada a mujeres hospitalizadas con complicaciones de aborto, tomando en cuenta las disposiciones del sistema internacional de derechos humanos ratificadas por el Estado Chileno, el articulado del Programa de Acción de la Conferencia de El Cairo, al igual que lo dispuesto en la Constitución Política del Estado chileno”, aclara Adriana Gómez.
El artículo 15 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes establece que “ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento”. Lo anterior es especialmente relevante en los casos de mujeres que requieren atención médica por complicaciones de salud asociadas a la realización de abortos. Dicha situación ha sido incluida dentro de las preocupaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (previsto y creado en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Convención) a respecto de Chile, lo cual ha significado incluirla en el informe del país, así como la formulación de recomendaciones relacionadas.
En el documento se establece que la denuncia por parte del equipo médico es una acción que vulnera las normas de la Convención Contra la Tortura y la Constitución Política, en lo que respecta al derecho a la salud y la garantía de un proceso justo.
Para Adriana Gómez, la denuncia que hicieron como organizaciones de la sociedad civil es “una muestra fehaciente de ese rol fiscalizador o de vigilancia ciudadana que estamos en capacidad de desarrollar, sobre todo porque dicho Ordinario responde a una demanda largamente impulsada por el movimiento de mujeres en Chile enmarcada en derechos humanos consagrados”.
En esta coyuntura, Marisa Matamala aclara que los hospitales del país atienden semanalmente decenas de casos como los difundidos en los medios, y la tendencia y la actitud es a no denunciar, salvo escasas excepciones que pueden darse por uno o dos médicos integrantes del Opus Dei.
En este caso puntual, explicó, la violación de la confidencialidad no provino de los equipos de salud, sino que la filtración fue desde las fiscalías nacionales. Las y los expertos que trabajan en el servicio público cuentan que para ellas/os, la confidencialidad es básica. No obstante, cuando llega una mujer con riesgo de vida y muere, ese médico es denunciado y va la cárcel si no hizo la denuncia previamente. No tiene escapatoria. Entonces, lo que hace falta es resolver la colisión de poderes que se refleja claramente en los hechos recientes. “Por un lado, está el Comité contra la Tortura y la disposición legal emitida por el Ministerio. Sin embargo, existe una legalidad que establece que todo caso de aborto es un delito”, relató Matalama, por lo tanto, no es el Ministerio de Salud el que debe ser juzgado. “Su personal está en una tendencia progresista, pero enmarcado por esta ley que impide resolver esta colisión entre la disposición jurídico legal del Ministerio y la legalidad vigente en todo el país”, indicó.
Desde un rol consultivo hacia uno resolutivo
Las organizaciones de la sociedad civil cuestionan el carácter consultivo del Consejo y desean contar con una instancia resolutiva. “En cuanto al rol fiscalizador respecto de políticas y normativas sanitarias, creo que efectivamente podemos y debemos ejercerlo. La vigilancia ciudadana es una estrategia indispensable para reforzar la democracia”, precisa Gómez.
Sin embargo, no se pueden negar ejemplos que van en esa dirección. Uno de ellos tuvo que ver con la formulación de una política de violencia de género en el Ministerio de Salud. Habitualmente las políticas son dirigidas por equipos técnicos con consultas a expertos y expertas. En este caso, cuenta Matamala, desde el inicio se incorporaron propuestas de la sociedad civil y su formulación es una labor conjunta del Ministerio de Salud con un aporte sustantivo de la sociedad civil.
La meta para fin de año es formular una política ministerial de género con la participación de los organismos civiles. “Al igual que en la oportunidad anterior, para iniciar todo el proceso dentro de la institución contactamos a la sociedad civil primero. La semana pasada entregaron una propuesta que está siendo discutida por los equipos. Esperamos contar al fin del período de gobierno, con una política que asegure o intente asegurar la sustentabilidad de este proceso”, comenta Matamala.
Pese a las diversas posiciones, sin duda, ésta es una de las pocas experiencias que ha generado redes y verdaderas posibilidades de que la sociedad civil pueda incidir en las políticas públicas del Ministerio de Salud.