Mariana Romero es M\u00e9dica, Magister en Ciencias en Salud Reproductiva y candidata al Doctorado en Medicina por la Universidad de Buenos Aires, UBA. Se desempe\u00f1a como Investigadora Asociada del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Cient\u00edficas y T\u00e9cnicas (CONICET). Tambi\u00e9n forma parte de la iniciativa www.despenalizacion.org.ar<\/I> e integra los consejos consultivos del International Consortium for Medical Abortion<\/I> y del Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro<\/I>. En virtud de la conmemoraci\u00f3n del D\u00eda Internacional de Acci\u00f3n por la Salud de la Mujer expone el panorama de la agenda de derechos sexuales y reproductivos de Argentina, especialmente las deudas pendientes en lo que respecta a la despenalizaci\u00f3n del aborto y al acceso a los m\u00e9todos anticonceptivos.
\u00bfCu\u00e1les son las acciones que deber\u00edan realizarse en pro de la salud de la mujer?<\/B>
En el campo de salud sexual y reproductiva habr\u00eda que tomar acciones que garanticen que una mujer no se embarace si no lo desea y en el caso de que eso suceda, pueda interrumpirlo de forma segura. Para eso hay que garantizar el acceso amplio a toda la gama de m\u00e9todos anticonceptivos; es decir sin ninguna restricci\u00f3n, discriminaci\u00f3n basada en etnia, estado civil, situaci\u00f3n de pareja, diferencia sexual, edad, condici\u00f3n social, etc. Es necesario que las mujeres puedan acceder a las distintas presentaciones de pastillas anticonceptivas, a los dispositivos intrauterinos, a la anticoncepci\u00f3n de emergencia, a la ligadura tubaria o que, eventualmente, sus parejas tengan la posibilidad de hacerse una vasectom\u00eda o utilicen condones cada vez que los precisen.
\u00bfQui\u00e9n debe garantizar el acceso a la anticoncepci\u00f3n en nuestro pa\u00eds? <\/B>
B\u00e1sicamente el Estado, que adem\u00e1s, tiene que hacer un mayor esfuerzo para llegar a quienes no tienen las condiciones para ejercer ese derecho por otras v\u00edas. A una mujer que tiene cobertura social el Estado debe garantizarle que a trav\u00e9s de esa cobertura pueda acceder a los anticonceptivos, pero si est\u00e1 cubierta por la salud p\u00fablica entonces es el Estado el que debe brindarle esos servicios. Adem\u00e1s, si una mujer decide interrumpir el embarazo debe tener la posibilidad de hacerlo de forma segura. Para eso tienen que respetarse, como m\u00ednimo, todas las condiciones por las cuales la interrupci\u00f3n del embarazo en un pa\u00eds est\u00e1 permitida, dando acceso a todas las mujeres bajo las mismas reglas, sin ning\u00fan tipo de discriminaci\u00f3n o de barrera para ello.
Si no son las circunstancias que la ley garantiza, es necesario entonces arbitrar desde la sociedad civil condiciones que brinden mayor seguridad para la interrupci\u00f3n del embarazo. A su vez, hay que seguir sosteniendo la estrategia de lograr la despenalizaci\u00f3n y la legalizaci\u00f3n del aborto en la Argentina. La posibilidad de que la mujer acceda bajo las condiciones que marca la ley es el piso; que la sociedad civil trabaje para que esa mujer eventualmente acceda si no estaba bajo esas condiciones, tambi\u00e9n. Sin embargo el horizonte es la despenalizaci\u00f3n y la legalizaci\u00f3n del aborto para que no exista ninguna barrera.
\u00bfCu\u00e1l es la deuda pendiente con las mujeres si persisten las condiciones actuales? <\/B>
M\u00e1s que el riesgo es la evidencia de lo que ocurre. En un pa\u00eds como la Argentina con indicadores socio econ\u00f3micos que est\u00e1n muy lejos de ser los peores de la regi\u00f3n, hace 25 a\u00f1os que el aborto es la primer causa de muerte materna y no con una proporci\u00f3n despreciable: es un tercio de las muertes maternas. La persistencia de esa estructura de causas es la evidencia m\u00e1s fuerte de la deuda pendiente; la muerte es s\u00f3lo la evidencia m\u00e1s dram\u00e1tica. Hay otras cosas que suceden, como el maltrato o la situaci\u00f3n de vulnerabilidad de una mujer que accede a los servicios de salud, pero que eventualmente con suerte va a ver resuelto su problema, hasta la mujer que ingresa a un servicio con una morbilidad severa que pone en riesgo su salud y su vida. En ese espectro est\u00e1n las posibilidades de que esa mujer quede con secuelas. Pero adem\u00e1s de las secuelas est\u00e1 el tema de la judicializaci\u00f3n. Tener un proceso abierto es un problema para conseguir trabajo y para acceder a determinados programas sociales.
La idea de que el aborto es uno de los delitos m\u00e1s cometidos y menos perseguido, es cierta hasta un punto. Aunque parece haber mujeres encarceladas por aborto, en Uruguay, en el \u00faltimo mes y medio, probablemente por el debate alrededor de la ley, eso haya cambiado. En el caso espec\u00edfico de Argentina no hay mujeres encarceladas pero si hay mujeres procesadas y esa es una situaci\u00f3n que hay que modificar definitivamente. Ante el interrogatorio m\u00e9dico muchas veces las mujeres revelan que una persona cercana la ayud\u00f3 y el sistema inicia una causa a alguien que le acerc\u00f3 un medio seguro para que esa mujer interrumpiera el embarazo. La deuda pendiente tambi\u00e9n supone resolver estos temas: la culpabilizaci\u00f3n, denuncia, estigmatizaci\u00f3n, maltrato y las secuelas que pueden quedarle, ya que no es lo mismo interrumpir el embarazo en una situaci\u00f3n donde la mujer se siente contenida, no expuesta y el tema se maneja privadamente. Eso sin duda es mejor que interrumpir el embarazo en condiciones de extrema vulnerabilidad. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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